El asesinato de Carlos Manzo

El sábado en medio de un evento público fue asesinado Carlos Manzo Rodríguez, Alcalde de Uruapan, Michoacán, un edil que puso a la seguridad en el centro de su agenda. Y si bien sus métodos no estuvieron exentos de polémicas y críticas, no se le puede regatear su compromiso por hacerle frente al crimen organizado, con las escasas herramientas de las que disponía su municipio. Su muerte nos muestra la alta vulnerabilidad de los alcaldes frente a las grandes organizaciones criminales.

Durante la gestión de la actual Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, nueve alcaldes han sido asesinados por el crimen organizado; durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador 65 alcaldes perdieron la vida en manos del crimen, y de 2006 a 2018 la cifra de alcaldes que perdieron la vida por la violencia fue de 121. Por lo que, en resumen, de 2006 a la fecha, por lo menos 195 alcaldes han muerto por ataques directos de las bandas criminales que operan en el país.

Los asesinatos de los alcaldes son un gran problema, pero también un síntoma de uno de mayor profundidad, que es la cooptación de los gobiernos municipales por parte del crimen organizado, en donde mediante amenazas y/o sobornos se hacen del control de los territorios y cuando los alcaldes se oponen, son asesinados.

El asesinato de Carlos Manzo, sumado al de los otros 194 alcaldes, obliga a replantear las estrategias de combate al crimen organizado desde lo local, ya que un buen punto de partida es que incluso con la voluntad política para hacer frente a las organizaciones criminales, como la tuvo Manzo, todo indica que la mayor parte de los municipios no cuentan con la infraestructura, los elementos, el equipamiento y las capacidades institucionales para enfrentar a las organizaciones criminales de mayor tamaño.

Homicidios como el Carlos Manzo generan incentivos negativos, porque cuando otros alcaldes ven que fue privado de la vida un edil que enfrentó al crimen, por su seguridad tenderán a evitar riesgos, aunque ello implique dejar crecer a los grupos criminales, lo cual va en contra del interés de los ciudadanos.

650 de los 2 mil 457 municipios de México, es decir el 26.4 por ciento, no cuentan con policías municipales, otros tantos sí tienen corporación, pero con muy pocos policías con menos de 20 elementos, mal entrenados, con pocas prestaciones y armamento deficiente. Por ejemplo, en 2020 solo 840 de los 2 mil 457 municipios del país renovaron el armamento de sus elementos. Por ende, suena complejo que de esta manera los municipios puedan hacer frente a los cárteles de la droga y a las bandas de huachicol.

Uruapan tiene un policía por cada 1,000 habitantes, que es similar al promedio nacional, pero Naciones Unidas recomienda al menos 1.8 policías por cada 1,000 habitantes. A pesar de las áreas de oportunidad, la policía de Uruapan era de las mejor equipadas, en gran medida gracias al esfuerzo de Carlos Manzo, que renovó armamento, uniformes y equipo táctico, mejoró los salarios y adquirió vehículos blindados.

El problema es que aun siendo de las policías mejor equipadas en Michoacán, la de Uruapan no contaba con la fortaleza para enfrentarse al crimen organizado y el propio Carlos Manzo solicitó en múltiples ocasiones el auxilio del Gobierno federal. De hecho, al momento de su muerte tenía asignados a 14 elementos de la Guardia Nacional para su protección y ni de esa forma se pudo evitar el atentado en su contra.

Lo más importante del caso es evitar que en el futuro sigan los atentados contra más alcaldes y prevenir la cooptación de más municipios, lo cual obliga a replantear la estrategia nacional de seguridad pública en los municipios. Por lo que, a la luz de los sucesos, caben algunas sugerencias:

1. Se tiene que apostar en serio por el fortalecimiento de las policías municipales. No solo se trata de invertir en la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, sin duda las fuerzas federales deben apoyar a los municipios con mayor incidencia, pero la inversión, capacitación y tecnología debe llegar al ámbito local, para contar con corporaciones fuertes.

Será una apuesta a mediano plazo porque no se puede lograr un cambio profundo de inmediato y va a requerir una inversión importante programada a varios años, estableciéndose como prioridad nacional.

2. Debemos contar con una radiografía certera del grado de cooptación de los municipios en México. Para identificar así las zonas de mayor riesgo y reforzar la mismas con presencia de fuerzas federales, generando la recuperación de las corporaciones locales, propiciando la limpieza del aparato burocrático y con la asistencia nacional, para poder ir marginando la influencia del crimen organizado en dichas demarcaciones.

Para ello se requiere un buen aparato de inteligencia con despliegue nacional, que recopile información de calidad que permita identificar las zonas de mayor riesgo a partir de datos objetivos y que ello haga posible la mejor toma de decisiones.

3. Dejar las labores operativas de seguridad al personal especializado. Si bien se reconoce el esfuerzo e interés de Carlos Manzo en materia de seguridad, lo cierto es que al intervenir de forma directa en los operativos como Alcalde corría mucho riesgo, e incluso podía poner en riesgo a sus elementos que además de combatir al crimen debían proteger al Alcalde.

Lo que al final debemos lograr es la profesionalización de la labor policial, en donde los elementos participen en un sistema de servicio profesional y suban en los escalafones gracias a los méritos, sus resultados y buena conducta.

4. Fortalecer el mecanismo de protección a los alcaldes en riesgo. Para que ante cualquier amenaza o ataque, se establezca por parte del Gobierno federal un despliegue inmediato de efectivos y se pongan en marcha protocolos claros de movilidad, para evitar espacios en donde se pueda atentar en contra de la vida de los alcaldes o sus familias.

De igual manera, sería importante contar con un esquema como el de las corporaciones de policía en los Estados Unidos, que cuando alguna banda priva de la vida a un policía, que en el caso adaptado a México sería un Alcalde, se realizan mayores esfuerzos en contra de dichas organizaciones, como una forma de presión para disuadirlos a que se repitan los hechos.

5. Propiciar mejores esquemas de coordinación entre federación, estados y municipios en materia de seguridad. Ya que en muchas ocasiones cada una de las corporaciones de seguridad trabaja por su cuenta, lo cual es aprovechado por las organizaciones criminales, en cambio, cuando todas las instancias se suman en una misma ruta de trabajo, se puede tener mayor cobertura e impacto, cerrándoles los espacios a los criminales.

Estos esquemas también permiten identificar mejor las necesidades de las localidades y generará mejores diagnósticos, lo que a la larga ayuda a fortalecer a las instancias municipales y propicia un uso adecuado de los recursos disponibles.

El autor es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad pública y doctor en políticas públicas por el CIDE.