El búmeran de funcionarios de la UAS
La burda moratoria de preinscripciones

El último día de enero el encargado del despacho de Rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Robespierre Lizárraga Otero, dio a conocer el diferimiento del proceso de preinscripciones en la casa de estudios para los aspirantes a ingresar a los niveles medio superior y profesional, develando el primer síntoma grave de repercusión social derivado del conflicto judicial y político que cursan directivos de la institución educativa. Se trata de un elemento de presión al Gobierno estatal que pronto adquirirá el efecto búmeran contra los ex y funcionarios en activo de la UAS en situación de por sí complicada en lo concerniente a legalidad y legitimidad.

No están computando a Lizárraga, Rector temporal, y Madueña, de por sí en franco desacato a la decisión del Juez que lo destituyó del cargo, la avalancha de inconformidades que se les vendrá encima de parte de alrededor de 25 mil aspirantes a estudiar en las prepas y similar número que pretende cursar carreras profesionales en facultades de la UAS. De no dar marcha atrás en la decisión que retarda la matriculación, los que tomaron la medida estarán sentados sobre el hormiguero que decidieron alborotar.

Inadmisible que los procedimientos judiciales a los que están vinculados algunos, alrededor de 10 universitarios, pretendan elevarse a perjuicios extendidos a toda la comunidad sinaloense, con argumentos poco verosímiles. De proseguir en el ardid de utilizar la entrañable dimensión de la UAS para zanjar carpetas de investigación y juicios que indician a unos cuántos, significará la incriminación definitiva, la que hacen los ciudadanos y no los fiscales y jueces, para los presuntos culpables de delitos de desempeño irregular de la función pública, abusos de poder y afectaciones a las finanzas de la Universidad.

Según Robespierre Lizárraga, la medida de posponer la admisión originalmente planeada del 20 de febrero al 17 de marzo, se debe a la situación económica que enfrenta la UAS sin ser del conocimiento público que exista la interrupción del flujo presupuestal federal y sí muy publicitados los rescates financieros que el gobierno estatal ha implementado para salvar el pago de salarios a trabajadores uaseños. Habló de aplazar un mes con la “la idea de que se estabilice la situación financiera, nosotros tener más certidumbre de lo que vamos a poder proyectar como gasto. No podemos no pensar en ello porque sería muy irresponsable con la gente ya encima, preinscrita, y no tener para atenderlos”.

Inducir la posibilidad de la parálisis universitaria con el petate del muerto que significa la eventualidad de que la UAS carezca de financiamiento para atender a estudiantes de nuevo ingreso, delata el ardid irresponsable que le mete miedo a jóvenes y sus familias en lo referente al derecho a la educación, cuando el temor a ser castigados por la justicia embarga únicamente a aquellos dirigentes uaseños sujetos a causas penales.

Nunca la comunidad universitaria, que son los trabajadores, estudiantes y padres de familia, ha permitido que resulte afectada la razón de ser de la UAS cuando haya ambiciones que hacen del interés social la moneda de cambio para chantajes o amedrentamientos. Pueden resistir los recintos rosalinos la constricción presupuestal, el enquistamiento de cacicazgos, y los empecinamientos en impunidades, sin embargo, siempre el honor del campus pone el pecho y sale airoso si se trata de intenciones o insinuaciones que plantean sacrificar lo esencial para proteger lo maligno.

Después de fracasar la táctica del apartamiento de la ley, los universitarios sometidos a litigios acuden a ardides que los distanciarán de la sociedad en caso de sostenerse en la idea de entorpecer las preinscripciones y poner en entredicho la ilusión de miles por construir mejores porvenires en los recintos académicos. Sujetos a la competencia judicial que les definirá culpabilidades o inocencias, constituye alta imprudencia el hecho de retar a la jurisdicción ciudadana cuyos laudos son implacables ante el menor indicio de traición al bien común. La sentencia cívica ocurre puntual para los que violentan el Estado de Derecho y no concede diferimientos ni exenciones.

El desquiciamiento del sistema de nuevo ingreso a la UAS puede ser la gota que derrame el vaso de las sumisiones y tolerancias en el alma máter. Y entonces, sin haber lugar para que los culpables se digan víctimas de persecución política o esgriman la bandera de la autonomía, el veredicto popular sancionará más ágil que la ralentizada ley adjetiva.

El rector provisional está convocado a eliminar este bucle de incertidumbre para los miles de aspirantes a ingresar a la Universidad. La institución cuenta con el sistema de preinscripciones adecuado para llevar a cabo el registro de nuevos alumnos y tiene aprobados los recursos públicos que le darán la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado. No hay razón para postergar la admisión, a no ser que los funcionarios y ex indiciados quieran usarla para seguirse presentado como víctima en carpetas de investigación en las que sabe que las pruebas no les son favorables.

Asegúrense estudiantes,

Que la Universidad sea blindada,

Contra esta caótica coartada,

De agoreros delirantes.

En la Universidad Autónoma de Occidente debe haber correspondencia entre lo que dice el Rector Pedro Flores en reuniones con Gobierno y Congreso del Estado, de contribuir a estabilizar a la casa lince, y en los hechos enfoca sus actos a echar abajo los acuerdos al proceder a afectar a los liderazgos del movimiento académico-estudiantil que se inconformó por su imposición al frente del mando de la UAdeO. La palabra de quien lleva las riendas de una Universidad pública debe afianzarse no con saliva sino con congruencia.