El crimen ha dejado de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en lenguaje político central de la seguridad internacional. Ya no solo describe amenazas, también las ordena. Nombrar algo como criminal no es neutral.
Antes bien, es una operación política para definir lo que puede negociarse o tolerarse. En ese sentido, el auge del discurso criminal no implica la desaparición de la política, sino su transformación. En la política internacional, al parecer, llegó para quedarse.
Venezuela no es una anomalía sino un síntoma de una tendencia más amplia. El régimen de Maduro carga un saco gigantesco que permite calificarlo como criminal, pero aquí me concentro en los efectos políticos de nombrarlo así.
Cuando un gobierno deja de ser tratado como un actor político problemático y pasa a ser definido como una organización criminal, cambian las reglas del juego.
El diálogo se vuelve sospechoso, la mediación irrelevante y la coerción una opción legítima. ¿Quién no va a querer que se capture al criminal? La solución, entonces, pasa por otro lado.
El llamado Cártel de los Soles es un ejemplo de cómo, en la seguridad internacional contemporánea, la veracidad empírica puede volverse secundaria frente a la eficacia política de una narrativa centrada en la ideal del crimen.
No es irrelevante saber si existe o no, pero tampoco es lo central. Lo decisivo es cómo su invocación materializa una ficción poderosa: la del Estado criminal como organización mafiosa homogénea, jerárquica y transnacional.
Esa representación no solo simplifica una realidad mucho más fragmentada, sino que cumple la función política de convertir un conflicto político complejo en un problema penal global, habilitando respuestas coercitivas que el derecho internacional y la diplomacia difícilmente justificarían. Este cambio no es menor.
Durante buena parte del Siglo XX, la seguridad internacional se estructuró en torno a la figura del enemigo político: un adversario con intereses, ideología y capacidad de negociación.
Hoy, esa figura es sustituida cada vez más por la del objetivo criminal. Y al criminal no se le disuade ni se le convence; se le persigue, se le neutraliza, se le captura, o se le elimina.
Este cambio semántico tiene consecuencias prácticas profundas: reduce el espacio de la diplomacia, debilita el derecho internacional clásico y normaliza formas de violencia excepcional que, en otro contexto, serían inaceptables.
No es difícil entender los incentivos políticos. Criminalizar permite construir consensos morales rápidos, evita deliberaciones incómodas y desactiva objeciones normativas: nadie quiere aparecer defendiendo criminales.
En este sentido, lejos de que el crimen desordene al mundo, más bien lo ordena a partir de establecer fronteras entre lo que merece protección y lo que puede ser eliminado sin demasiadas preguntas ni justificaciones.
Hay muchos riesgos vinculados. Uno de ellos es que, si todo se es criminal, todo admite soluciones punitivas; y si todo es una amenaza criminal, todo justifica la excepcionalidad.
Migración, drogas, protesta social, disidencia política e incluso gobiernos incómodos comienzan a leerse bajo la misma óptica.
El riesgo no es únicamente autoritario; es epistemológico pues se pierde la capacidad de entender los conflictos como conflictos, es decir, como disputas políticas que requieren interpretación, negociación y, en ocasiones, concesiones.
En este problema, América Latina es un laboratorio adelantado. Ya explicaba el profesor Héctor Schamis sobre los autoritarismos latinoamericanos del Siglo XX, que no eran el resabio de la derecha fascista europea, sino una avanzada experimental de los gobiernos neoconservadoras que pulularían en los ochenta.
Así hoy la región lleva décadas conviviendo con guerras contra el crimen, militarización de la seguridad y una peligrosa confusión entre enemigo y delincuente.
Lo que hoy observamos en el centro del sistema internacional no es enteramente nuevo, sino la proyección global de lógicas que, aquí, se han aplicado con costos sociales y políticos enormes. Venezuela, en ese sentido, no inaugura una era; la proyecta a escala global.
Cuestionar este fenómeno implica defender la distinción entre crimen y política (vaya cosa), y con ello defender la idea de que no todo problema de seguridad se resuelve penalmente y que algunos conflictos, por más desagradables que sean sus protagonistas, requieren soluciones políticas.
Mantener esa distinción es hoy una tarea contracorriente, pero también una condición mínima para evitar que la seguridad se convierta en sinónimo de castigo permanente.
Cierro este texto compartiendo que, a partir de hoy, dejo la coordinación de este espacio y mis labores en el Seminario sobre Violencia y Paz.
El blog continuará, estoy seguro, con enormes contribuciones, así como el Seminario en su conjunto, pues es un espacio que busca precisamente eso: no ofrecer respuestas rápidas ni alinearse con consensos punitivos, sino insistir en la complejidad de fenómenos que suelen reducirse a etiquetas tranquilizadoras, y proponer soluciones respetuosas de la dignidad humana.
Personalmente cierro aquí una etapa con la convicción de que esta labor sigue siendo necesaria y urgente. Cambian los espacios institucionales desde los que escribiré, pero no la preocupación de entender la violencia sin convertirla en coartada para el castigo, y analizar la seguridad sin renunciar a la política.
*Rodrigo Peña González es doctor en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad de Leiden. Miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.
