El derecho a aprender en México
El sábado anterior se comentó sobre la necesidad de evaluar las políticas y decisiones públicas en función de las necesidades de la sociedad, es decir, en cuanto a lo prioritario de las mismas, y además en cuanto al impacto o resultados positivos o negativos una vez ejecutada su aplicación; sin embargo, los lectores comentaron que era necesario ampliar y explicar mejor los dos conceptos dada la importancia social, económica y política de ese tipo de evaluación.
Como en muchas ocasiones no aparece con claridad la prioridad de las obras y decisiones, máxime que generalmente compiten entre sí, se requiere un análisis sobre si las decisiones se tomaron buscando sólo un beneficio político-electoral, o bien, en función de lo inmediato o tal vez buscando lo que implique una menor inversión o lo que es peor, decisiones que benefician a un gobernante o funcionario público. Muchas veces lo prioritario está en el número de ciudadanos a beneficiar, o bien en función de lo urgente ante los riesgos para la población, pero, también se puede evaluar en cuanto al cumplimiento y satisfacción de los derechos humanos de los ciudadanos. Así, se tienen el derecho a la seguridad y la justicia; el derecho a aprender; el derecho a la salud y a la vida; el derecho a un empleo digno; el derecho a la sobrevivencia con condiciones climáticas sanas; el derecho a una vejez digna, etc. Mientras que las decisiones gubernamentales, sus políticas e inversiones se tomen buscando alcanzar o mejorar alguno de esos derechos, mucho se estaría logrando.
Si vemos, por ejemplo, el derecho a la educación, la prueba PISA pone en evidencia que ese derecho no se ha alcanzado y hasta se ha retrocedido, pues, como expone la maestra Maura Rubio Almonacid, de Mexicanos Primero, según la prueba PISA “cinco de cada 10 jóvenes no saben leer y siete de cada 10 no alcanzaron niveles básicos en matemáticas...”, o como afirma Nuria González Elizalde, de Mexicanos Primero Sinaloa, “más preocupante todavía, 42 de cada 100 estudiantes presentan bajo desempeño simultáneamente en las tres áreas”; es decir, no se logra el derecho a aprender de los mexicanos ante un sistema cambiante y fluctuante en cada sexenio; planes educativos van y vienen, pero ninguno permanece ni se culmina; secretarios van y vienen, como expone María Teresa Gutiérrez, de Mexicanos Primero, en artículo publicado en Noroeste, son “Los Chapulines de la Secretaría de Educación”. Algunos nunca supervisaron, ni siquiera visitaron y conocieron a los funcionarios responsables de la aplicación y avances de esos planes.
El sistema educativo requiere inversión suficiente pero, según el Informe Panorama de la Educación, la inversión en México, en los últimos 15 años, bajó del 4.4 por ciento en 2010 al 2.5 por ciento del PIB en 2025, pero además se proporciona información tendenciosa, como por ejemplo la denuncia, también de Mexicanos Primero, en columna de su director de vinculación Alejandro Ordoñez, “en la Sexta Jornada Nacional de Inversión en Primera Infancia 2026... se anunció que el presupuesto educativo para niñas y niños más pequeños creció 800 por ciento en términos reales...”, sin embargo, se descubrió que ese aumento contenía los sueldos de maestros de educación inicial “que hasta 2022 no se contaba como gasto” y ahora, al incluirlo, “inflaba” la supuesta inversión engañosamente.
A la inversión pública en educación habría que restarle los recursos que nunca llegan a su objetivo; los gastos para recomponer lo que ya existía pero que se perdió, se lo robaron o se dañó por falta de cuidado e igualmente el desperdicio en tiempos de clases que no se impartieron por ausencias del magisterio y también las deficiencias y faltas de equipamiento actualizado para enseñar más y mejor; por todo esto la enseñanza en México tiene el nivel que la prueba PISA encontró; como dice Jesús Silva-Herzog Márquez, “la prueba PISA certifica el progreso de la ignorancia... pues, viniendo de muy abajo seguimos descendiendo”.
Según la maestra Maura Rubio, “se requiere sostener una política educativa... de largo plazo que garantice aprendizajes fundamentales... proponiendo tres líneas: estabilidad curricular de por lo menos una década; evaluaciones nacionales transparentes y formación y acompañamiento sostenidos de docentes”.
Nadie puede negar que el derecho a aprender es fundamental para la convivencia y el aseguramiento de un futuro mejor para las nuevas generaciones, ante un mundo cada vez más exigente y más competitivo que requiere más educación y conocimientos con nuevas y avanzadas metodologías.
