"El dumping del maíz americano y las acciones pendientes de productores"

En una entrega anterior, inicie mi relato con la firma del acuerdo de suspensión que se firmó por los productores mexicanos de tomate, encabezados por los productores de Sinaloa, con el departamento de Comercio en 1996.

 

En un viaje previo me tocó coincidir con la idea del despacho de abogados, de llevar la negociación  del conflicto del tomate por un acuerdo, que suspendiera la acción de la investigación antidumping. Esta presentaba una seria amenaza para los productores de tomate.

 

Había necesidad de improvisar y tomar riesgos, para evitar que esto siguiera avanzando. El acuerdo de suspensión implicaba la participación de los productores de tomate de Baja California y de hecho productores de invernadero de otros estados.

 

Nos pudimos dar cuenta que era inminente un arancel antidumping, o cuota compensatoria promedio, del orden del 17.5 por ciento  y para uno de los investigados, llegaba  su cuota resultado de la investigación, de 104 por ciento (un productor de invernadero de Guadalajara).

 

El acuerdo de suspensión del tomate fue necesario firmarlo, pese al desacuerdo del secretario de Industria y Comercio Herminio Blanco, pues afirmaba que debíamos pagar el arancel.

 

Todavía el día de la firma del acuerdo en el departamento de comercio, el secretario de agricultura Francisco Labastida Ochoa, trató de comunicarse, sin éxito, con Basilio Gatzionis, expresidente de la CIDH y presidente de la CNPH, que se utilizó como figura que representara a los productores a nivel nacional, pese a que ya había desaparecido como organización real.

 

El reto que asumían los productores de tomte era muy grande. Los productores de Baja california, siempre con el recelo o desconfianza que existía, tenían que participar. Y la Caades  debía comprometerse a vigilar el cumplimiento del acuerdo, cuando no había mecanismos, pues la Secretaria de economía no colaboraba con los productores.

 

Ahora, 21 años después, ya se ha conseguido el apoyo de la Secretaría que reconoce, a diferencia de ese entonces, la importancia de este acuerdo, que ya se ha implementado en otros casos, utilizándolo como modelo a aplicar.

 

Los dirigentes que defienden el maíz,  prefieren recurrir a las declaraciones en prensa, como estrategia de cabildeo, que si bien cumple una función, no deja de ser sumamente pasiva y limitada.

 

Nunca lo he negado, la magnitud del esfuerzo que requerirá esta defensa por los dirigentes agrícolas y el CEPAG (Centro de Estudios de Política Agricola A.C) es muy grande. Incluso, he reconocido, en cada ocasión que me ha tocado intervenir en algún evento, que presentar esta solicitud de investigación de dumping del maíz americano requerirá un gran esfuerzo y trabajo para lograr su objetivo.

 

El estudio que realizamos  un grupo de colaboradores que trabajamos en el CEPAG, nos arrojó un crecimiento de las importaciones de maíz, de 2013  a 2016, a una tasa media anual de crecimiento del 28.5 por ciento, el cual es exagerado.

 

El coeficiente de dependencia de las importaciones ha crecido, del 23 por ciento del consumo aparente en 2013, a un 34 por ciento en 2016. Las importaciones han crecido de una proporción del 44.6 por ciento de la producción en México en 2013, a un 49.1 por ciento de la producción en 2016.

 

Habrá  que demostrar todavía que los productores han sido dañados por estas importaciones de maíz, proporcionando una muestra de productores con su información financiera. Esto dependerá de la cooperación de los productores.

 

Pero de realizarse todo este trabajo, la cuota compensatoria cancelaria el efecto de la práctica dumping. Se podría eliminar una muy buena proporción de los apoyos, que ahora se tienen que solicitar como apoyos complementarios al ingreso, que tienen que salir de recursos presupuestales, que no se disponen actualmente.

 

Esto constituye una defensa de los intereses de los productores con  acciones perfectamente permitidas por la normatividad comercial y la ley de comercio exterior. Se argumenta que la secretaria de economía no ve con buenos ojos estas medidas  por los efectos que tiene en el precio de la tortilla.

 

Es indudable que esto subiría el precio de la tortilla, pero no es justo ni razonable esperar que sea el productor quien pague los platos rotos. Si la Secretaría de Economía quiere proteger los precios al consumidor, que aplique recursos presupuestales para subsidiar la tortilla, en lugar de que la secretaria de agricultura utilice recursos fiscales con los que no cuenta.

 

Esto liberaría importantes recursos presupuestales, que no se pueden conseguir para apoyar a los productores.

 

En forma teórica, se calculó la cuota compensatoria para 2015 por el dumping y por la subvención o apoyos al productor americano, de 56.33 dólares tonelada. Considerando un tipo de cambio conservador de 18 pesos, significarían 1,013.89 pesos tonelada, mayor que el apoyo complementario.

 

Para 2016, este cálculo baja a 40.11 dólares tonelada, al mismo tipo de cambio, resulta en  721.95 pesos tonelada. El segundo es aproximadamente el apoyo complementario que otorga la secretaria de Agricultura.

 

Decimos que es teórica porque está calculada con los datos que publican las universidades de Iowa, de Illinois y el mismo departamento de agricultura de los Estados Unidos. Y ésta debe calcularse por la investigación que realice la unidad de prácticas comerciales internacionales, directamente con los productores americanos seleccionados.

 

Además, de acuerdo a la ley y el reglamento de Comercio exterior, no tiene que fijarse la cuota compensatoria igual a la que resulte por el simple cálculo, si la Secretaría considera que una cuota más reducida cumple el propósito de proteger al sector agrícola mexicano.

 

Hay que agregar que el gobierno sigue simplemente rechazando las propuestas irracionales del gobierno americano, como si nada más se tratara de los intereses de ese país.

 

No hay contrapropuestas que hagan ver, como los granjeros americanos le dicen al gobierno americano, que también sus intereses pueden ser afectados, si no se busca un justo medio. Las pretensiones americanas son prepotentes, pensando que ellos nada más tienen que salir ganando, pero que también México puede hacer propuestas más agresivas, que seguramente no les gustarán a sus productores, pero que debían tomarse en cuenta y que pudiera (quién sabe) detener al Gobierno americano por tratarse de sus electores.

 

Pero los productores y sus dirigentes son los que tienen la última palabra y la secretaria de economía, la obligación de procesar esta solicitud y dictaminar de acuerdo a derecho.