El equilibrio de alta criminalidad en México, nuevas preguntas (2)

México se encuentra atrapado en un equilibrio de alta criminalidad, según la teoría de Marcelo Bergman que presenté en mi colaboración anterior. El eje de su argumento es que la alta demanda, tanto nacional como internacional, de productos ilícitos impulsa el desarrollo de mercados ilegales e informales. A partir de ello, se organizan redes de provisión que se fortalecen en paralelo al debilitamiento progresivo de la capacidad disuasiva del Estado.

Como afirma Bergman: “Lo que estamos viendo es un círculo vicioso; la ilegalidad debilita la disuasión, que a su vez impulsa la ilegalidad. Este es el equilibrio, una cosa depende de la otra”.

Desde hace tiempo he venido desarrollando una perspectiva propia que aplica el marco teórico de la rendición de cuentas al sector de la seguridad. Sostengo que el núcleo de una reforma democrática en este ámbito es la consolidación de mecanismos de contrapeso funcionales -internos y externos- que garanticen la justificación racional de las decisiones en materia de seguridad.

Sin rendición de cuentas, no hay exigencia de justificar, y cualquier decisión resulta posible, sea o no constructiva para la seguridad de la población. Un insumo fundamental para esta visión ha sido el Manual sobre responsabilidad, supervisión e integridad de la Policía, de Naciones Unidas, cuya pedagogía ha nutrido esta perspectiva.

Mucho antes de conocer la teoría del equilibrio de Bergman, desarrollé la categoría de interferencia sistémica para describir cualquier impulso externo con la capacidad de alterar la estabilidad de las cadenas de lealtad política e institucional que, históricamente, han bloqueado la reforma democrática del sector seguridad y, con ella, la posibilidad de establecer verdaderos mecanismos de rendición de cuentas.

Recientemente, puse en diálogo la teoría de Bergman con mi concepto de interferencia sistémica para analizar el embate actual del gobierno de Donald Trump. Me pregunté si su ofensiva contra los liderazgos de la delincuencia organizada en México -sean operadores del Estado o actores privados- podría representar una interferencia sistémica con el potencial de colapsar dicho equilibrio. Me hice la misma pregunta ante el escenario hipotético de que se instalara en México un órgano contra la impunidad impulsado por la ONU, tema al que volveré en un próximo texto. Así concluí mi colaboración anterior.

En conversaciones con operadores estatales altamente especializados y con académicos conocedores de los territorios dominados por la gobernanza criminal, he recogido una percepción compartida: el embate de Trump se percibe como un factor desestabilizador de consecuencias impredecibles.

Pero hay otro ángulo que merece atención: el cambio sexenal a nivel federal implica por sí mismo un reacomodo en las esferas de negociación del control territorial y en la gestión de las violencias ejercidas por redes criminales de complicidad. Este reacomodo también posee una potencia desestabilizadora nada desdeñable.

En este contexto, las preguntas se multiplican; por ejemplo: ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? ¿Qué capacidad real tiene hoy el Estado mexicano para contener a la delincuencia organizada? ¿Hasta qué punto los embates externos y los reacomodos internos profundizan la desestabilización? ¿Convergen o colisionan las presiones internas y externas? ¿Provocará esta sacudida un aumento de la violencia? ¿Qué efectos tendrá sobre las economías legales e ilegales? ¿Y qué papel jugarán en este contexto la reforma judicial y las elecciones en el Poder Judicial?

Otras miradas insisten en que todo esto pasará y, al final, el equilibrio de alta criminalidad prevalecerá, quizá después de un reacomodo más o menos violento y más o menos acelerado. Yo, en cambio, considero que el crecimiento sostenido de los mercados ilegales, el reclutamiento masivo de operadores y el acceso cotidiano -y generalizado- a armas de fuego superan cualquier capacidad de anticipación con un mínimo de certeza.

Si bien la responsabilidad de esta situación es, en muchos aspectos, compartida entre ambos países, no se advierte la construcción de acuerdos bilaterales a la altura del contexto. Por el contrario, las noticias cotidianas refuerzan la impresión de que el gobierno de Trump ha optado por una ruta unilateral, sin importar lo que haga México, acaso confirmando que la relación bilateral está atravesada más por la desconfianza que por una voluntad genuina de cooperación.

He aprendido con los años que, cuando se habla de delincuencia organizada, lo que vemos es quizá nada frente a lo que no vemos, si de identificar a quien jala los hilos se trata. Por eso, lo que tenemos son, ante todo, preguntas. Aunque, más allá de las dudas, lo que sí nos golpea en la cara ya cotidianamente son poderes criminales no solo que se imponen, sino que quieren ser vistos haciéndolo, por encima de que el Estado quiera o no reconocerlo.