La evaluación de políticas de seguridad tiene, por lo menos, dos elementos a considerar: el primero, de tipo objetivo, que corresponde a la disminución de delitos; el segundo, de carácter subjetivo, que se refiere a la percepción de la ciudadanía sobre la inseguridad. Que ambos aspectos vayan a la baja sería un indicador de éxito, o al menos de que algo está marchando bien.
En días recientes se publicaron las actualizaciones de la estadística de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), correspondiente al último trimestre de 2023. A primera vista, los resultados parecen prometedores. En el último trimestre de 2023, la ENSU reportó que 59 de cada 100 personas señalaron que su ciudad es insegura (es decir, un índice de percepción de 59.1 por ciento), el número más bajo desde 2012, año en el que el INEGI comenzó a realizar esta encuesta. La reducción más significativa partió de diciembre de 2019, cuando este indicador reportaba 73.4 por ciento. Luego de ello se suspendió el levantamiento por el Covid-19 y se retomó en el tercer trimestre de 2020, ya con una baja a 67.8 por ciento.
En cuanto a la actualización del informe de incidencia del SESNSP, el balance de 2023 refleja una disminución de 4 por ciento en el número de víctimas de homicidio doloso, del 13 por ciento en las de feminicidio, 1 por ciento en las de extorsión y 2 por ciento en las de trata de personas, respecto de lo reportado en 2022. En contraste, se reportó un incremento de 11 por ciento en el número de víctimas de secuestro. En los casos de violencia familiar y narcomenudeo, se reportaron incrementos de 5 y 4 por ciento respectivamente.
A primera vista, estos datos parecen una buena noticia. Sin embargo, este éxito se ha matizado por expertos en la materia en diferentes publicaciones a lo largo del 2023 (véase por ejemplo los artículos de Armando Vargas o Quetzali Ramírez en Nexos) o cuando académicos, activistas, investigadores y especialistas debatían el porqué de la discrepancia entre los números y la realidad palpable.
No es que se busquen moscas en la sopa ni que la crítica sea incapaz de reconocer cuando algo está mejor de lo que parece, es que la violencia, el drama y el terror están ahí, visibles para cualquiera que mire a través de la ventana. Un ejemplo de ello es el estudio de Causa en Común “Galería del horror. Atrocidades registradas en medios de comunicación”, que se basa en registros hemerográficos que retratan una barbarie, cada vez más cruel y violenta.
De igual forma, si miramos un poco más de cerca la ENSU, podemos ver que la variación a la baja en el promedio nacional ha quedado en manos de 10 localidades que registraron disminuciones respecto del tercer trimestre de 2023, mientras que 77 de los núcleos urbanos encuestados no presentaron variaciones. Además, el municipio de Acapulco no es parte de la muestra, toda vez que no se pudo realizar el levantamiento de la encuesta a consecuencia de los efectos del huracán Otis en octubre pasado.
En cuanto a la incidencia delictiva los números generan más lugar a la especulación, empezando con el hecho de que las estadísticas del SESNSP representan solo 8 de cada 100 delitos que se cometen. En adición, durante 2023 Causa en Común destacó casos que fortalecen la hipótesis del subregistro y posible manipulación de las estadísticas oficiales mediante su reclasificación u omisión de registro.
Más allá de los números, la realidad es que nos enfrentamos a un escenario de distorsión en la comunicación, tanto por la violencia contra periodistas, la cooptación de medios por parte del oficialismo, y el discurso acumulado en las conferencias matutinas que ha minimizado las problemáticas nacionales sistemáticamente por cinco años, además de la normalización de la violencia y de mecanismos “perversos” de seguridad, en donde se presume una suerte de “pax narca” en algunas regiones del País. Una muestra de ello es el video difundido en fechas recientes en donde mujeres wixárikas del norte de Jalisco se dirigen al “comandante supremo del Cártel de Jalisco Nueva Generación” para solicitarle su intervención ante los homicidios, desaparición de personas y extorsiones causadas presuntamente por un sujeto conocido como “El Rojo”, identificado como “jefe de plaza” de esa región. Se dirigen a un líder delictivo y no al Presidente, no al Gobernador, y además le piden que lo mate.
Antes de eso, vimos a madres buscadoras solicitando a los grupos delictivos su apoyo para realizar sus actividades a salvo; a pobladores de Texcaltitlán defenderse con palos y machetes de sus agresores... ¿en realidad vivimos menos inseguros o solo hemos dejado de pedir ayuda ante los oídos sordos y la omisión del Gobierno?
Aún cabe la esperanza del año nuevo y se reconocen los logros de los municipios que han impactado positivamente con su trabajo. Sin embargo, es importante mantener un pie en la realidad, medirla y estudiarla para cambiarla. Una narrativa oficial que no permite espacio a la crítica no solo es antidemocrática, sino que es terreno fértil para la simulación, la opacidad y el engaño. En este momento de definiciones vivimos en un espejismo de la seguridad, que da la ilusión que todo va bien, pero ¿quién realmente lo cree? Negarnos a la realidad nos limita a resolver el problema del elefante que sigue en la habitación.
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La autora es Nancy Angélica Canjura Luna, investigadora de Causa en Común (@causaencomun).
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