El impacto del liderazgo saudí en la Comisión de la Mujer de la ONU

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de Naciones Unidas es el principal órgano internacional dedicado a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Arabia Saudita fue nombrado por unanimidad para presidir su 69o período de sesiones hace unas semanas.

Esta designación levanta muchas preguntas e inquietudes y pone de relieve una tendencia internacional preocupante: el retroceso institucional global en materia de adelanto y defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad. No es secreto alguno que muchos países están dando pasos hacia atrás en este terreno:

En Estados Unidos la Suprema Corte de Justicia revocó Roe vs. Wade en 2022 eliminando el derecho constitucional al aborto y permitiendo que cada estado determine sus propias leyes en la materia. Anteriormente, la Global Gag Rule reestablecida en la administración Trump afectó la salud y derechos de las mujeres y las niñas a nivel global y las secuelas siguen vigentes.

Turquía se retiró del Convenio de Estambul en 2021, el tratado del Consejo de Europa para prevenir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, poniendo en riesgo a la mitad de la población en el país.

Hungría prohibió la educación de género en las universidades del país.

Bolsonaro dio pasos hacia atrás en materia de educación sexual y derecho al aborto.

En Argentina Milei ha desaparecido el Ministerio de la Mujer por considerarlo irrelevante, al igual que Bukele en El Salvador quien ha buscado desaparecer “la ideología de género” de los planes de estudio.

En México, desde la Presidencia no sólo se ha minimizado la violencia contra las mujeres y el feminicidio, sino que ha tratado desde el inicio del actual gobierno de desaparecer los refugios de mujeres y se ha utilizado el presupuesto designado a la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad, el Anexo13, a sus programas clientelares y político electorales.

La lista podría seguir, pero esto son sólo algunos de los ejemplos.

Es en este contexto mundial, Arabia Saudita, un país que ha sido señalado por su constante violación a los derechos humanos y en donde los derechos de las mujeres siguen subsumidos a la Ley sobre el estatuto personal (Personal Status Law PSL) ha sido designado para presidir la CSW. Puede decirse que han habido reformas recientes en el país, pero son más cosméticas que de fondo: la PSL perpetúa el sistema de tutela masculina y codifica y mantiene institucionalizada la discriminación hacia las mujeres y las niñas en la mayoría de los aspectos de su vida.

Este nombramiento es emblemático en el marco de esta tendencia global y es necesario leerlo en un contexto en el que los derechos de las mujeres están siendo utilizados como herramientas en el mapa geopolítico. Una vez más en la historia, los derechos de las mujeres parecen ser monedas de intercambio en el juego de poder: sirven para vestirse de progresistas (comprometerse con la política exterior feminista cuando se tiene uno de los índices más altos de feminicidio en el mundo) o relegarlos a un segundo plano cuando existen “otras” prioridades. ¿Qué hace que las necesidades del 50 por ciento de la población de un país no sean prioritarias?

Resulta inevitable preguntarse de qué manera la presidencia de Arabia Saudita impactará la formulación de políticas en la CSW y si podría validar enfoques restrictivos a nivel internacional. Más grave aún, pone en entredicho la credibilidad misma de la Comisión y del sistema de Naciones Unidas.

Esto podría simbolizar y potencialmente acelerar un retroceso global en los derechos de las mujeres. Además de los casos que se han mencionado anteriormente y que, reitero, quedan muchos por nombrar, este paso de estafeta se da en el contexto de un mundo en el que los derechos de las mujeres ya están bajo amenaza debido a conflictos bélicos, inestabilidad económica y retorno al conservadurismo político y cultural caracterizado, entre otras cosas, por una clara agenda anti género.

La respuesta internacional ha variado: desde la condena explícita por parte de organizaciones de derechos humanos y los movimientos feministas, hasta el silencio diplomático de varios países.

Este panorama representa un nuevo desafío para las organizaciones de defensa de los derechos humanos en general y para el activismo y defensa de los derechos de las mujeres en particular. Frente a los avances en la agenda global por la igualdad se ha gestado esta respuesta que busca contrarrestarla y lo que ha sucedido en la CSW es tan sólo la punta del iceberg.

Esto implica fortalecer el activismo y construir nuevos mecanismos y espacios de incidencia. La violencia contra las mujeres no conoce fronteras, pero los países pueden apelar a la soberanía y a la no intervención para mantener un orden que es complaciente respecto a la violación de sus derechos.

Cuando es más importante limpiar la imagen de un país y negociar intereses geopolíticos usando el estandarte de los derechos de las mujeres en franca contradicción con los intereses de las mismas, es necesario reconsiderar las estrategias para seguir impulsando la igualdad y la defensa de los derechos humanos de la mitad de la población, y cuestionar los intereses y la gobernanza de las instituciones que se diseñaron originalmente con la finalidad de protegerlos.

Esta discusión apenas comienza.

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Internacionalista y politóloga, fundadora de Mujeres Construyendo

www.mujeresconstruyendo.com

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