Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica
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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales está a punto de parar. Debido a la omisión del Senado en designar a dos personas comisionadas desde hace más de 300 días y a la inminente terminación del periodo del comisionado Francisco Acuña, el organismo garante del derecho a la información y protección de datos se quedará sin quórum para sesionar.
La ley requiere de un mínimo de cinco personas comisionadas para que el INAI pueda sesionar. Hoy lo hace al límite con la vacancia de dos comisionados provocada por el Poder Legislativo. El 31 de marzo termina Acuña, lo cual coloca a la institución autónoma en una situación difícil. Blanca Lilia Ibarra, actual presidenta del organismo, advirtió hace una semana sobre el riesgo inminente de dejar más de 16 mil asuntos sin resolver.
En el Senado la omisión no es casual. Parece que al INAI lo quieren desaparecer, o por lo menos, frenar su importante labor. Desde el 4 de enero de 2021 el Presidente de la República amagó con desaparecerlo.
A base de desinformación se ha dicho que el INAI avaló la opacidad en el caso Odebretch. Dijo el 8 de enero de ese año: “Otra decisión así, significativa, es que el expediente de Odebrecht lo reservaron, lo guardaron, no se transparentó y esta fue una decisión, aunque sea paradójico, contradictorio, del instituto de la transparencia”.
Echemos un vistazo a esta declaración. Según información publicada por el INAI, en el periodo comprendido entre el 12 de junio de 2003 y el 7 de octubre de 2021, el INAI había emitido por lo menos 131 resoluciones sobre el caso Odebrecht, es decir, la mayoría de las resoluciones (60.3 por ciento) emitidas por el INAI en dicho periodo han revocado o modificado la respuesta del sujeto obligado. Solamente 19 resoluciones (14.5 por ciento) emitidas por el INAI en dicho periodo han confirmado la respuesta del sujeto obligado.
Las falacias que derivan de los “misiles” disparados por el Presidente son varias. Primero, el sujeto OBLIGADO es quien de entrada hace la clasificación, puede ser la PGR/FGR u otras instituciones. Dicha clasificación puede ser revisada por el INAI para revocarla, confirmarla o modificarla. Pero la fuente de opacidad proviene de las propias instituciones que tienen bajo su resguardo la información. Segundo, la mayoría de las reservas de información han sido levantadas por el INAI.
Otras acusaciones sin sustento emitidas desde el Ejecutivo son la de haber reservado información sobre condonaciones fiscales (conferencia 14/01/2021) y que el sueldo de los comisionados por encima del Presidente (conferencia 20/01/2021). Respecto a las condonaciones, el INAI respondió que “en la resolución 6030/19, del 10 de marzo de 2019, el Pleno del INAI ordenó al SAT hacer pública la relación de personas físicas o morales a las que les fueron cancelados créditos fiscales, precisando monto y razones, en el ejercicio fiscal 2007”. Respecto al sueldo, basta buscar en la Plataforma Nacional de Transparencia, dentro de las obligaciones de transparencia del propio INAI. La misma muestra que los y las comisionadas, incluyendo a la comisionada presidenta, perciben un sueldo bruto de 151 mil 539.76 pesos mensuales.
Lo cierto es que la querella del Presidente con los organismos autónomos, particularmente con el INAI, no arroja buenas señales. Ha generado una parálisis en la designación de otros organismos. Según el Observatorio de Designaciones Públicas, en 2022 había 25 designaciones pendientes para ocupar vacantes en instituciones como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comisión Federal de Competencia Económica, el Tribunal Superior Agrario, entre otras. Ni el Ejecutivo ni el Legislativo han querido avanzar en ellas.
Esta situación ya llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ordenó al Ejecutivo mandar propuestas de tres personas elegibles para ocupar un espacio en la Cofece. No debería ser materia de un litigio. No se trata de errores de apreciación en la aprobación de una ley, lo que está en juego es el funcionamiento de las instituciones que por principio fueron diseñadas como contrapesos.
El INAI ha sido clave para garantizar nuestro derecho a saber. Por supuesto que hay muchas áreas de mejora. Claro que ha sido un organismo que en diferentes momentos de su historia-incluso cuando era IFAI- ha sido foco de intentos de cooptación. Pero justo por ser un organismo construido y defendido a partir de una demanda social de mayor transparencia es que hemos avanzado en su mejora.
Al día de hoy el INAI ha resuelto temas de suma trascendencia para la vida pública. Sin su intervención nos mantendríamos en la penumbra y prevalecería la cultura del engaño y el ocultamiento que tristemente no se erradica por completo en la vida nacional. El INAI ha ordenado que se den a conocer contratos de Sedena con la empresa proveedora de Pegasus en México. Ha pugnado por conocer los contratos con las farmaceúticas que nos vendieron las vacunas contra el Covid 19. Ha requerido a la CNDH que se publiquen los nombres de servidores públicos señalados como responsables en sus recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos. Y así un largo etcétera.
Por supuesto que su función es incómoda para muchos poderes y con la pugna política se busca neutralizarlo. Pero mantenerlo vivo y funcionando fue, es y será igual de necesario con independencia de quien ocupe el poder.
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