El Instituto de Protección, a pan y agua. Lo que no ven: prensa y DDH en riesgo

Aunque no ha habido un pronunciamiento oficial de la presidente e integrantes del Consejo Consultivo del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, sí fue abusivo el recorte que el Congreso del Estado le realizó al presupuesto que este órgano autónomo solicitó por 24 millones de pesos, aprobándole finalmente la mitad. En contraparte, la 64 Legislatura se autoasignó 20 millones de pesos para un fondo todavía no sustentado en un programa de inversión donde el propósito es tan etéreo como la denominación misma de “Triángulo de la bondad”.

La función de defender al Instituto de Protección, y también vigilarlo en su desempeño y resultados, es tarea de la sociedad civil y labor a continuar por el Poder Legislativo. Asfixiarlo financieramente sin la importante reflexión de verificar cuánto recurso público debe asignársele en la medianía de ni lo misérrimo ni lo dispendioso, pudo resultar más alentador que hacer nacer el órgano autónomo y enseguida condenarlo a la inanición.

Reconociendo que hubo reasignaciones de eminente beneficio social, como el hecho de duplicar los recursos públicos para el programa “La Escuela es Nuestra”, en el caso de la protección a activistas y periodistas dominó el criterio de que es un gasto superfluo atender a desplazados, programas de prevención, capacitación, mapa de riesgos y apoyo psicológico a estos gremios que hoy como nunca son atacados por todo tipo de delincuencia.

El Legislativo no fue congruente con aquel espíritu que hizo posible el 24 de mayo de 2022 la aprobación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y, sin ser esto tema de pesos y centavos, se mostró ajeno a la circunstancia donde en México es peligroso ejercer las actividades de libre expresión y defensoría social, sin que Sinaloa sea la excepción.

Es un acto de justicia social que el Congreso se percate de las condiciones de abandono que por décadas han persistido en la sierra y se eche a cuestas la difícil misión, más de pose que efectiva, consistente en rescatar la zona de los altos, sin embargo, también debe abrir el ángulo de observación de inequidades para darse cuenta que los atentados contra el periodista Ciro Gómez Leyva, en la Ciudad de México, y Flavio Reyes de Dios, en Palenque, Chiapas, remarcan el alto riesgo de la labor de la prensa.

En lo local, el reciente hecho en el cual privaron de la vida el periodista Luis Enrique Ramírez, crimen impune hasta la fecha, y más de 20 comunicadores y luchadores sociales que se han acercado al recién creado IPPDDHyP a solicitar protección, debieron motivar en el debate parlamentario el análisis de qué es lo mínimo necesario que se requiere para amparar a dos sectores, en vez de blandir la tijera presupuestal con tal insensibilidad. El criterio utilizado de “lo que sea autónomo hay que debilitarlo” equivale a rascar sobre sangrantes heridas actuales por agresiones incesantes.

Entonces la pregunta versaría sobre la mentalidad política que persiste en Sinaloa en el tema de la protección a periodistas y defensores de derechos humanos. ¿El IPPDDHyP fue empujado a su aprobación por la presión derivada del asesinato de Luis Enrique Ramírez o fue producto de la reflexión y voluntad en los asambleístas por arropar a dos segmentos en indiscutible situación de vulnerabilidad?

Qué terrible sería resolver que en medio de la emergencia por la inmolación de otro periodista en Sinaloa fue la operación política la que destrabó la ley correspondiente que desde junio de 2019 permanecía en el archivo parlamentario, y no la solidaridad y convicción de implementar medidas legales en materia de libertad de expresión y derechos humanos. Nadie dice nada después del proceder del Legislativo que bien pudo hacer el recorte sin la inquina de considerar la alta prioridad de invertir en esquemas (no en burocracias, de acuerdo) que otorguen mayor seguridad a los dos gremios amparados.

En espera de que se pronuncien al respecto la presidente del Instituto de Protección, Jhenny Judith Bernal Arellano, y los consejeros Rosina Ávila Palma, María Isabel Cruz Bernal, Griselda Inés Triana López, Alberto Morones Rivas, Juan Mario Martini Rivera y Aldo Ruiz González, allí queda esa flama encendida, dicho en sentido metafórico, que bien puede ser la mecha del incendio donde ardan las esperanzas de certidumbre y legalidad alentadas en periodistas y el ombudsman.

Y qué bien que las reasignaciones con sentido social les abran oportunidades a alumno y maestros del sistema educativo, a la atención de proyectos productivos para mujeres, cobertura a personas con el Trastorno de Espectro Autista, a trabajadores de Salud, mujeres afectadas por la violencia y temporaleros que recibirán semilla gratis. ¿Pero en el presupuestómetro por qué tienen tan poca significancia los órganos autónomos?

No coreen la misma canción,

Que con sonsonete de apatía,

Les gustaba cuando no existía,

El Instituto de Protección.

Es el momento de investigar qué tanto influye en los ataques contra periodistas el hecho de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador sea el principal instigador contra comunicadores en lo particular, como es la persistente descalificación a Ciro Gómez Leyva, y la prensa en general que por cada crítica recibe la acometida iracunda de quien se supone tendría que ser el promotor número uno del libre flujo de las ideas en un marco de civilidad. Sería bueno saberlo ya, para aprender de quién cuidarnos.