Estoy razonablemente seguro que la mentira de un Embajador en funciones no viola la Carta de San Francisco (por si la Fiscal no sabe, es la de la ONU). Por otro lado, Ken Salazar mintió sin cesar durante su estancia en México, 99 por ciento del tiempo a favor de López Obrador y de la 4T, empezando por las barbaridades que compartió con varios interlocutores a propósito del supuesto fraude de 2006.
No tengo por qué creerle nada, sobre todo sobre la participación de su gobierno en el operativo de extracción/secuestro de “El Mayo” Zambada. Obviamente, tampoco le tengo la menor confianza a la Fiscalía o al gobierno de Sheinbaum: mienten como respiran.
Por lo tanto, resulta difícil determinar si efectivamente el FBI diseñó, organizó y ejecutó el operativo, sólo porque personas citadas por Pie de Nota así lo revelan, o porque la avioneta fue prestada a un museo por el FBI, o porque Luis Chaparro afirma que cuenta con fuentes que lo confirman. Por cierto, como ya lo han explicado varios columnistas, ambas cosas pueden ser ciertas simultáneamente. Es posible que Washington haya preferido no informarle a Salazar del operativo, ya sea por haberle perdido la confianza como pelele de AMLO, ya sea por “plausible deniability”. Y al mismo tiempo, me parece perfectamente factible que el FBI y HSI (Seguridad Nacional de Estados Unidos) hayan armado todo.
También es posible que a la 4T se les haya perdido el famoso piloto en todo esto, o que haya sido deportado de Estados Unidos a México por razones incomprensibles, y luego devuelto ilegalmente por México a Estados Unidos, donde actualmente coopera con las autoridades. Se nota que la Presidenta, su Canciller y su Fiscal se hicieron bolas con el asunto.
Pero, en cualquier caso, el Gobierno de México debe poder llegar a una conclusión definitiva sobre el asunto, aunque sea con dos años de retraso. De ser así, su reacción posee de antemano un cauce evidente, más allá de acusar a Don Sombrero -así lo apodaban sus numerosos malquerientes en la Embajada de Reforma- de ser un vil mentiroso (violador del derecho internacional y seguramente también de los Diez Mandamientos y de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América).
En 1992, Humberto Álvarez Machain fue secuestrado en México por “bounty hunters” (cazarrecompensas) norteamericanos a sueldo de la DEA. Lo acusaban de haber participado en la tortura y asesinato de Enrique Camarena, agente de la DEA, en Guadalajara en 1985. El gobierno de Salinas reaccionó furioso, primero con el secuestro, luego en 1992, con el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos aceptando que Álvarez Machain podía ser juzgado en ese país a pesar de haber sido secuestrado ilegalmente.
Salinas amenazó con expulsar a la DEA de México, y exigió una serie de concesiones norteamericanas, la mayoría de índole cosmética, salvo una, que no se consiguió: la devolución de Álvarez Machain. Bush envió una carta personal a su homólogo mexicano donde se comprometía a desistir de cualquier acción futura equivalente; se acordó revisar el Tratado de Extradición de 1978; Washington entregaría una lista de los agentes de la DEA asignados a México, con nombre y apellido, lista que permanecería bajo sigilo en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El FBI abrió su primera oficina en el extranjero en México, en 1940. Su objetivo consistía en vigilar a los espías y colaboradores nazis en nuestro país, cuando era ya evidente que en algún momento Estados Unidos entraría a la Segunda Guerra Mundial. A partir de dicha entrada, en 1942, serían designados como “legal attachés” o agregados jurídicos. El número y la identidad suelen ser públicos, y la SRE cuenta con toda la información al respecto. Si Sheinbaum concluye que el FBI participó en el secuestro de “El Mayo”, simplemente puede expulsar a la docena -más o menos- de agentes del FBI de México. Sería una represalia proporcional, pertinente, y mesurada. Y dejar en paz al pobre Don Sombrero, que anda promoviendo su librito.