El México de las palabras y el México de los hechos
Durante los dos sexenios de la 4T se ha puesto en evidencia que en la mente de los ciudadanos pareciera que existen dos Méxicos muy diferentes: el de las mañaneras y de los informes del Gobierno y el México que todos los días sufren los mexicanos por la inseguridad, por las deficiencias en los servicios de salud y de educación, por el deterioro de los derechos humanos, los retrocesos en la democracia, la justicia y los daños al medio ambiente.
La Presidente Sheinbaum declaró en su informe en el Zócalo, como un gran triunfo en su primer año de Gobierno “una reducción del 32 por ciento en los homicidios dolosos...”, pero, al margen de investigar el origen de esos números, habría que aclarar que si en el último año del sexenio de López Obrador se registraron 32 mil 252 asesinatos dolosos, según Inegi, los de este primer año de Sheinbaum “sólo” serían 21 mil 931, que siguen siendo bastantes, por lo tanto, no es que ahora sean menos los homicidios, sino que los de antes fueron excesivos; es pues muy fácil festejar “resultados relativos” que se siguen sufriendo en la vida real.
Lo mismo se puede decir en cuanto a los comparativos de la popularidad de la Presidente, que según las encuestas es más del 73 por ciento, pero en las mismas encuestas, sobre el desempeño en materia de delincuencia organizada, la respuesta es reprobatoria en 74 por ciento, es decir, los mismos que la aprueban en lo general, la reprueban en lo particular en un asunto tan sensible y delicado como son los homicidios. Este tema tan contradictorio, lo maneja muy bien el columnista Ernesto López Portillo, de la organización Animal Político en Noroeste el pasado 7 de octubre, quien se pregunta: “¿...en qué país vivimos?, ¿en el de la popularidad o en el de la evaluación del desempeño?”, lo que también pudiera concluirse: “¿en qué país vivimos, en el de la “popularidad comprada” o en el de la inseguridad que se está padeciendo?”.
Es imposible negar que México sufre una crisis de inseguridad, provocada tanto por los delincuentes como por el propio Gobierno que durante los seis años de López Obrador permitió y hasta alentó el incremento del narcotráfico y el crecimiento de los cárteles, tanto en lo económico como en el número de personas que en tropel acudieron a las armas y al dinero fácil de la exportación de drogas, hasta que se provocó la reacción de Estados Unidos que prácticamente ha obligado a este gobierno de la 4T a actuar con energía contra la delincuencia organizada; el resultado ha sido los miles de muertos no sólo de miembros de los carteles y ciudadanos, sino también de policías, militares y hasta de funcionarios públicos; de modo es que no hay mucho que festejar y mucho que sufrir por más que se diga y se hable de algunos resultados insuficientes.
Que el Gobierno no ha podido con este paquete, se comprueba con el simple hecho de que no ha podido con “el paquetito” de controlar los penales, en los que son los presos quienes controlan y “administran” las cárceles, introducen armas, equipo de comunicación y drogas, y desde ahí siguen impartiendo órdenes a sus subordinados en el exterior, o bien se fugan a través de túneles que “nadie sabía que existían”; si la autoridad no puede controlar los penales, menos ha podido controlar a los delincuentes en todo el País.
Otra prueba de la incompetencia del Gobierno en este tema es el de la impunidad, pues según un estudio de la Universidad de las Américas, en Puebla, “de una lista de 94 países, México se ubicó en el número 80 en situación de impunidad, similar a la que se registra en Rusia, Honduras, Uganda, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Haití”, fenómeno que se acrecienta ante el número excesivo de delitos que la delincuencia organizada está realizando en sus luchas intestinas de venganza entre los carteles por “la traición” de entregar a jefes de esos cárteles a las autoridades de Estados Unidos; como dicen los juristas “delito que no se castiga, delito que se repite una y otra vez” y en México los asesinatos, las extorsiones, los secuestros, los robos de autos, los asaltos, las desapariciones, las balaceras, el narcotráfico interno y de exportación y los miles y miles de delitos comunes están saturando tribunales y ministerios públicos, insuficientes y con escasos recursos, por lo que tenemos así una situación que la Organización Human Rights Watch denuncia como “una impunidad casi total, en la que 9 de cada 10 homicidios no se castiga y menos del 20 por ciento son investigados”.
Esta es la realidad que se sufre, Presidenta Sheinbaum, no la que se habla en las mañaneras y en los informes.
