El operativo en Tapalpa: un antes y un después para la política de seguridad en México

El operativo en Tapalpa, Jalisco, que culminó con el abatimiento del líder de uno de los mayores cárteles del crimen organizado, constituye un punto de inflexión institucional. Estamos ante una coyuntura crítica que redefine los incentivos, expectativas y márgenes de acción del Estado mexicano en materia de seguridad pública.

En términos analíticos, inaugura un nuevo proceso que condicionará la política federal de seguridad en los próximos años. A esto se le conoce en la ciencia política y la economía institucional como path dependence, o dependencia de la trayectoria. En este fenómeno, las decisiones y eventos del pasado, además de sus efectos inmediatos, generan dinámicas que condicionan las decisiones futuras. Cuando una institución recorre un determinado camino y obtiene resultados, ese camino tiende a reforzarse mediante mecanismos políticos, operativos y simbólicos que hacen más probable su repetición y más costoso o difícil adoptar rutas alternativas. En otras palabras, el pasado no desaparece: estructura el futuro.

Ahora bien, el abatimiento de un objetivo prioritario no constituye por sí mismo una trayectoria consolidada. Sin embargo, sí activa mecanismos políticos, burocráticos e internacionales que aumentan significativamente la probabilidad de que esta vía operativa se reproduzca o sea costoso abandonarla. El path dependence no emerge de la repetición mecánica de eventos similares, sino de la reconfiguración de incentivos que hacen más probable recorrer nuevamente ese camino.

El operativo, que acaparó las noticias y las redes sociales en los últimos días, no se trató únicamente de la neutralización de un individuo, sino de la creación de un precedente que -respecto de la administración 2018-2024- redefine lo que el Estado mexicano es capaz de hacer.

Durante casi dos décadas, la fragmentación criminal derivada de la neutralización de líderes de agrupaciones delincuenciales -como lo fueron en su momento Arturo Beltrán Leyva o Joaquín Guzmán Loera- produjo efectos ambivalentes. Debilitó momentáneamente las estructuras jerárquicas, pero en el mediano y largo plazos multiplicó los actores violentos y complejizó el entorno operativo.

Así, el Estado mexicano enfrentó un dilema estructural. Por un lado, debía preservar su legitimidad como garante del monopolio de la fuerza; por el otro, enfrentaba organizaciones criminales resilientes, adaptativas y profundamente insertas en el tejido territorial. En ese contexto, la prudencia operativa de la administración federal pasada, la contención territorial y, en ocasiones, la evitación de confrontaciones directas contra liderazgos dominantes fueron percibidas como estrategias orientadas a administrar el equilibrio criminal existente. Equilibrio en el que las organizaciones delincuenciales más estructuradas fueron las principales beneficiarias.

En contraste, la administración vigente ha sido consistente, a la fecha, en reencauzar la fuerza del Estado para combatir el dominio territorial de las organizaciones. Más aún, la eliminación del líder criminal Nemesio Oseguera Cervantes altera profundamente ese equilibrio, tanto en el plano criminal, como en el institucional. Falta observar la forma cómo el Gobierno federal atemperará las consecuencias naturales de los reacomodos internos de la organización con mayor presencia territorial en el país.

Abatir al líder de la organización criminal más expansiva, violenta y sofisticada del País envía una señal inequívoca: el Estado mexicano conserva la capacidad de penetrar, localizar e inhabilitar incluso a los objetivos criminales mejor protegidos. Esta señal produce un efecto estructural. Modifica las expectativas sobre el alcance real y la persistencia de la capacidad coercitiva del poder estatal. Aquí es donde emerge el path dependence.

Al demostrar que la neutralización de un objetivo de esta magnitud es posible, el Estado mexicano genera un precedente que fortalece la viabilidad de futuras acciones similares. Este éxito produce incentivos para su repetición. La inacción deja de interpretarse como una limitación estructural y comienza a leerse como una decisión con costos políticos. En consecuencia, se reduce significativamente el margen para estrategias percibidas como condescendientes o tolerantes frente a las organizaciones criminales.

Este nuevo contexto redefine el horizonte estratégico de la política de seguridad mexicana y tendrá al menos tres consecuencias estructurales:

Primero, elevará el costo político de la pasividad. Una vez que el Estado ha demostrado que puede neutralizar al líder de la organización criminal más poderosa del país, la expectativa social se transforma. La ciudadanía, los medios y algunos actores políticos tenderán a calibrar la política de seguridad a partir de este nuevo estándar. El precedente redefine el umbral mínimo de acción esperada.

Segundo, consolidará la centralidad de las operaciones de inteligencia como eje de la política de seguridad federal. El operativo contra Oseguera Cervantes no fue el resultado de una confrontación territorial indiscriminada, sino un proceso de precisión. Este modelo ofrece ventajas claras al maximizar la efectividad y debilitar nodos críticos dentro de las redes criminales. Su éxito fortalece su legitimidad institucional y aumenta la probabilidad de su replicación.

Tercero, fortalecerá la presión internacional. La colaboración bilateral en materia de inteligencia y seguridad ha sido históricamente un componente central de la política antidrogas. La neutralización de Oseguera Cervantes valida la eficacia de este esquema y fortalece las expectativas de continuidad. En términos de path dependence, el precedente opera internamente y también en el plano internacional. Una vez demostrado que la cooperación produce resultados tangibles, la presión para mantener ese curso de acción se intensifica.

La transformación que se inicia no implica el fin del desafío, sino su reconfiguración. Para ello, el éxito operativo debe convertirse en estrategia sostenida, no en un evento aislado. Tal es el núcleo del path dependence: cuando un Estado demuestra que puede ejercer plenamente su poder, ese ejercicio redefine las expectativas, fortalece los incentivos para su repetición y reduce la viabilidad política de la inacción.

El debilitamiento de liderazgos dominantes puede generar procesos de fragmentación organizacional, disputas internas y reacomodos territoriales. Estos procesos pueden producir incrementos temporales en la violencia, incluso cuando debilitan estructuralmente a las organizaciones criminales en el largo plazo.

Por ello, desde México Evalúa insistimos en nuestra ruta hacia la pacificación: la inteligencia estratégica debe estar atada a acciones para recuperar el control del territorio y desarticular cúpulas criminales -no solo capos- para evitar su fragmentación, y construir perímetros alrededor de zonas con posibles escaladas de violencia para una reacción rápida. También es necesario el fortalecimiento institucional de las policías locales y fiscalías estatales, así como reducir las condiciones que permiten la reproducción del poder criminal mediante el desmantelamiento financiero sistemático y mecanismos robustos de control interno, depuración institucional y combate a la corrupción, ya que la infiltración criminal debilita la sostenibilidad de cualquier estrategia de seguridad.

México ha entrado en una nueva fase. El precedente existe. Como enseña la teoría institucional, una vez que se establece un camino respaldado por resultados, las decisiones futuras tienden a seguir esa misma trayectoria.

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Los autores son Armando Vargas (@BaVargash), coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa (@mexevalua), y Yair Mendoza (@yair_mendozacg), investigador del mismo.