El peligro de gobernar por sentido común

La frase pronunciada esta semana por la Presidenta de la República ha generado un intenso debate: “Hay que gobernar con sentido común y para la gente; cuando la norma se opone por encima de la gente, y el sentido común está mal, no cumplas con la norma, es eso lo que te estoy diciendo”.

El contexto es que se lo dijo al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), durante un recorrido en el Parque Jaguar, esto en Tulum, después de que diversos prestadores de servicios turísticos se acercaron a la Presidenta para exponer que había restricciones derivadas de la declaratoria de Área Natural Protegida que no les permitía operar a los prestadores.

La intención de privilegiar el bienestar de las personas puede parecer, en principio, loable. Ningún servidor público debería perder de vista que sólo puede hacer lo que le está expresamente permitido por las leyes. Las leyes existen (o por lo menos deberían) para proteger derechos de las personas, sin embargo, en un Estado constitucional de Derecho, la pregunta no es si una norma parece justa o injusta para un gobernante, sino quién tiene la facultad de modificarla.

Precisamente para evitar decisiones arbitrarias, nuestra Constitución distribuye el poder (competencias) entre distintos órganos del Estado. El Poder Legislativo crea o reforma las leyes; el Poder Ejecutivo las aplica y ejecuta; el Poder Judicial resuelve los conflictos y determina si una norma es compatible con la Constitución. Esa división no es una formalidad burocrática: es uno de los principales mecanismos para proteger la libertad de los ciudadanos.

Si un gobernante decide que una ley puede dejar de cumplirse porque, desde su perspectiva, el “sentido común” conduce a una solución distinta, deja de actuar conforme al principio de legalidad para sustituirlo por un criterio personal, lo cual, por decir lo menos, es peligroso. Lo que hoy puede parecer una decisión razonable podría convertirse mañana en un precedente para justificar actos arbitrarios.

La historia demuestra que pocas expresiones han sido tan peligrosas como aquellas que colocan la voluntad de una persona por encima de la ley. Todos los gobiernos, sin excepción, consideran que actúan en beneficio del pueblo. Precisamente por ello existen las normas: para que el ejercicio del poder no dependa de la percepción individual de quien gobierna.

Más aún cuando el propio partido gobernante y sus aliados cuentan con una amplia mayoría legislativa, como es el caso del actual gobierno, si una disposición legal resulta inadecuada, o “en contra del sentido común”, el camino institucional no consiste en dejar de aplicarla, sino en promover su reforma mediante el Congreso. Ese procedimiento puede ser más lento, pero garantiza deliberación, transparencia y certeza jurídica.

Gobernar ignorando la ley, aunque sea con la mejor intención, representa un riesgo para todos. El Estado de Derecho no se construye sobre la voluntad de las personas, sino sobre el respeto a las instituciones y a las reglas previamente establecidas.

El verdadero sentido común en una democracia debería de ser precisamente en entender que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley.