La trampa es la “contravención disimulada a una ley, convenio o regla, o manera de eludirla, con miras al provecho propio”. Comienzo por aquí porque me interesa regresar a un tema que me obsesiona: nuestra convivencia disociada entre las reglas formales y las informales. Creo que no hay que ir lejos para reconocer que decimos una cosa en cuanto a las reglas que debemos cumplir y hacemos otra a través de nuestras prácticas. Basta mirarnos al espejo y preguntarnos cuántas veces, en nuestras relaciones personales, profesionales o públicas, hacemos exactamente eso.
Claro que esto puede variar en su dimensión y daño: no es lo mismo hacer trampa en una relación privada, que hacerla en una relación donde se juegan recursos y espacios públicos. Pero sostengo que es la misma lógica la que atraviesa desde lo micro hasta lo macro y mi hipótesis de trabajo principal es que nuestro relato etiquetado como Estado de derecho se muestra de manera consistente como la “narración de una ficción”, es decir, un cuento.
Afirmar que el Estado de derecho es una ficción puede ser intransitable desde una posición de gobierno y justamente decir lo contrario es parte del sembrado diario de la quimera. Cualquiera puede hacer un conteo para confirmar que esta etiqueta es un anclaje discursivo regular, como no puede ser de otra manera. La reiteración produce una identidad simbólica dominante que disciplina comportamientos y alimenta la expectativa de obediencia.
Y en efecto nos organizamos bajo una ficción formal que va por un lado y un tejido informal que va por otro; entonces las preguntas con las que trabajo regularmente son cómo nos organiza lo formal y cómo lo informal. Si bien esto ha sido ampliamente estudiado y habrá quien cree que no hay novedad en la discusión, en mi concepto, más allá de lo que sabemos o no respecto a nuestra manera de convivir, debemos redimensionar el daño.
Basta observar la reiterada promesa política de combatir la corrupción, tan persistente como incumplida, y relacionarla con la expansión de sistemas de dominio ejercidos por organizaciones criminales altamente violentas.
La perspectiva antropológica de la corrupción de especialistas como Claudio Lomnitz observa que en sociedades donde las instituciones formales generan incertidumbre, las personas dependen de redes personales de confianza. El favor, la recomendación, el compadrazgo y el intercambio de lealtades no son necesariamente percibidos como corrupción por quienes participan en ellos, sino como mecanismos legítimos de supervivencia y cooperación.
Cada vez que aparece una nueva noticia sobre monumentales redes de negocios ilícitos construidas desde el aparato público regreso a la misma hipótesis: en algún punto, la ley deja de ser el principio que organiza las ganancias y las pérdidas. Entonces se invierten los términos y sucede algo profundamente contraintuitivo. Dado que la certeza que debería ofrecer la ley es experimentada, en la práctica, como incertidumbre, las personas terminan depositando su confianza en las relaciones personales. Paradójicamente, es la relación -y no la norma- la que ofrece la certidumbre que la ley promete, pero no consigue garantizar.
Por eso he desarrollado la tesis de la insoportable igualdad. La ficción de que la ley nos iguala es reemplazada por la práctica del intercambio. El dispositivo formal pierde eficacia porque se percibe como incierto; el dispositivo relacional, en cambio, produce acuerdos, beneficios concretos y expectativas de cumplimiento.
La trampa es una herramienta útil para el intercambio, por encima de la norma; la legitimidad está en la trampa porque funciona mejor para la cooperación que las leyes mismas, de ahí que en la política y los grupos de interés funciona con tal eficacia, dado que se soportan en pirámides de lealtad. Las instituciones, desde el enfoque patrimonialista de la corrupción, son recursos disponibles. Los gobiernos cambian de color; el sustrato cultural que privilegia los vínculos personales sobre las reglas permanece.
La corrupción, al igual que lo he dicho para la impunidad, es una manera de hacer las cosas extraordinariamente útil al sentido profundo de nuestras relaciones y de la manera como estas modelan las estructuras de poder. La depredación de las instituciones públicas por parte de organizaciones criminales violentas es síntoma de estas mecánicas de disociación entre la formalidad y la informalidad. La ficción del Estado de derecho y la disposición patrimonial de las instituciones a través de redes de poder tejidas por lealtades de confianza, hace del Estado mismo un recurso disponible para los grupos criminales.
Nada de esto ocurre de manera absoluta. Todo funciona en medio de conflictos, disputas y equilibrios inestables. La incertidumbre institucional también opera bajo criterios de oportunidad: la ley suele aplicarse cuando resulta funcional para quienes detentan el poder suficiente para hacerlo. De ahí que todos los gobiernos acusan a sus adversarios de manipular la ley. Y todos tienen razón.
La trampa es la llave que abre la puerta de las ventajas en un ecosistema de incertidumbre formal. Por eso tiene tal prestigio político, institucional y social. Si todo esto es cierto, no parece posible identificar de dónde abrevaría un impulso de aplicación imparcial de la ley.
Una vez más, mirémonos al espejo y preguntémonos cuántas veces, en círculos de confianza, una trampa es premiada o censurada. Podemos reconocer con honestidad (ja) el prestigio de la trampa. O podemos hacer trampa para evitar reconocerla tan popular como es.
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El autor es especialista en seguridad ciudadana y reforma policial en México y América Latina; académico y coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana.