‘El Químico’ en el cadalso que él montó
Hay escarmientos y posdatas en el juicio

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Además de que en tres días contados a partir de ayer se sabrá si el ex Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, recibe la incuestionada dureza de la ley o el privilegio de la justicia blandengue, lo que fundamentalmente derivará del proceso judicial será el escarmiento a servidores públicos corruptos o la licencia a éstos para que expolien a los ciudadanos teniendo garantizada la impunidad. Los pícaros de la política recibirán un muro de contención o la senda ancha para sus fechorías.

Con la vinculación a proceso o la absolución en los delitos imputados, en el juicio a “El Químico” encarna la posibilidad de que la sociedad encuentre a satisfacción la justicia, o bien remarque la noción generalizada de que la prevalencia de la norma jurídica depende de la injerencia o no de factores políticos y económicos. La observación aguda, acuciosa, de los sinaloenses y particularmente de los mazatlecos es la que determinará el talante de este otro breviario de judicialización.

Recientemente el veredicto popular ya fue dictado contra quien gobernó a Mazatlán mediante la ocurrencia, el desparpajo y alejado de los cánones institucionales. Ahora le corresponde a la Fiscalía General del Estado aportar las carpetas de investigación sólidas para que el Poder Judicial sustente la sentencia que, mínimamente, debe obligar a la reparación del daño económico e inhabilitación para ejercer cargos de gobierno. Y de nuevo vale aquí la acotación pertinente de que “El Químico” fue el que puso los sobrados dislates hasta que su estadía en Palacio Municipal fuera a todas luces inviable.

Al iniciar el mes de marzo arranca la nueva expectativa de que a la buena justicia no la doble la malicia. En ningún momento algún cálculo pudo aventurar lo que ocurre en Sinaloa en el gobierno de Rubén Rocha Moya, donde dos ex presidentes municipales, el otro es Jesús Estrada Ferreiro, estén a disposición de tribunales jurisprudenciales para responder por contravenciones al marco legal. Los anteriores mandatarios estatales le tuvieron mayor miedo a pagar costos políticos, que a los cínicos saqueos del erario perpetrados por servidores públicos. El actual decidió abrir una puerta ancha para que los corruptos vayan a los estrados.

Sentar a Benítez Torres y Estrada Ferreiro en el banquillo de los acusados cultiva la sensación de que llegó la hora donde todo aquel que accedió al poder a través del voto popular entienda que el respaldo social se le entregó para ceñirse al Estado de derecho, sin el menor margen de invasión al terreno del autoritarismo. Décadas enteras de personajes que de la política saltaron al enriquecimiento inexplicable y que la ley nunca los llamara a rendir cuentas, vuelven difícil creer que los tiempos dan un viraje brusco hacia la legalidad.

La gente tiene razón en desconfiar del juicio sin concluir contra Estrada Ferreiro y el iniciado contra Benítez Torres, pronosticándoles que ninguno pagará lo que deben. En el caso de “El Químico” las pruebas que lo incriminan en la compra irregular de luminarias que le hizo a la empresa Azteca Lighting al margen de la transparencia y la legalidad, y la adquisición con recursos públicos de vehículos que rifó el Día de las Madres de 2022, aportan elementos para que la sentencia firme saque a los ciudadanos de este temor a que la justicia vuelva a ser elástica a favor de los presuntos inocentes.

Ojalá que la Fiscalía y la Judicatura local no salgan con iguales resolutivos como los recientes que vapulearon a la fe social puesta en las autoridades sancionatorias, al dejar sin castigo a funcionarios del Gabinete del ex Gobernador Mario López Valdez, que en las áreas de salud, finanzas, obra pública y seguridad pública dejaron tantas cloacas abiertas con las consiguientes indignaciones de un pueblo harto de que le roben.

Por alguna razón “El Químico” se encomendó a Dios al llegar ayer muy temprano a la Sala A de la Sede Regional del Poder Judicial ubicado en Aguaruto, piedad divina a la que apela sin haberle ofrecido a sus gobernantes igual misericordia al asestarles agravios uno tras otro. Y sí, que la ayuda le llegue desde el cielo, pero nunca del sistema punitivo de Sinaloa cuya obligación consiste en impartir justicia bien sin importar a quién.

Sea lo que sea, ya hay una cabeza política colgada en la plaza con dos moralejas para los que desempeñan o ejercerán la función pública. Una de las parábolas dice que al voto popular se le respeta cumpliendo al pie de la letra ilusiones sociales implícitas en el sufragio; la otra alecciona a los que llegan al Gobierno con la mentalidad de que los ilícitos que afectan al erario siempre garantizan la impunidad. Quien no lo quiera ver así que se atenga a las consecuencias.

A este juicio lo envicia,

La arisca percepción popular,

Que no cree que la justicia,

Al político pueda alcanzar.

La planta de amoniaco que instala en Topolobampo la empresa Gas y Petroquímica de Occidente se queda después de largos litigios entre los que defienden al sistema lagunario Santa María-Topolobampo-Ohuira protegido por normatividades ecológicas, y los que le apuestan a la fábrica del fertilizante como detonante del desarrollo económico del norte del estado. Al reconocer el Juzgado Sexto de Distrito la validez de la consulta indígena que dio el sí a favor de GPO, lo demás transcurrirá sin complicaciones. Hay que reconocerle a la compañía Proman la resistencia que mostró durante más de cinco años al aferrarse a dejar aquí el proyecto, lo cual es mucho decir cuando otros políticos acaban de recibir el desaire de Elon Musk a quien le rogaban que instalara en Sinaloa la planta de Tesla para construir autos eléctricos.