‘El Químico’ pide a gritos juicio político. Cálculo de daños para lo que se ofrezca

¿Qué fuerza superior es capaz de sostener en el cargo a un Presidente Municipal que alega que no debe rendirle cuentas a nadie; gobierna la ciudad que registra mayor número de desapariciones forzadas y va por el mundo ofertando paz para los turistas; tiene sentencias firmes por violencia política en razón de género, y le compra de manera directa 400 millones de pesos a su proveedora favorita que por cierto ha sido vetada por el Gobierno del Estado al incumplir un contrato por 12 millones de pesos?

Es el mismo que sostiene constantes enfrentamientos con periodistas y medios de comunicación; hizo uso de bienes públicos para saldarle un adeudo millonario a empresarios que presume como sus amigos; viaja con recursos públicos a realizar gestiones o tramitar cosas sin lograr ni presentar resultados; utiliza a la institución municipal del Desarrollo Integral de la Familia para ajustar cuentas maritales y en el ámbito político traicionó al partido que lo rescató de la inhabilitación electoral y le hizo posible que se reeligiera en la Alcaldía.

Todo esto sucede en Mazatlán con la ceguera, sordera y anosmia de las instancias federales, estatales y municipales responsables de restablecer el orden constitucional cuando la alteración del régimen de leyes significa riesgos o consecuencias para una sociedad completa. Así sea un solo hombre el que dote de impunidad al sujeto que transgrede lo jurídico e instala su propio sistema de alteración de todo, les corresponde a los poderes legítimos actuar contra uno que promueve la anarquía en perjuicio de la colectividad.

O si no, el Alcalde de Mazatlán continuará inflándose en las ínfulas de cacique de pueblo que las normas e instituciones le solapan, a veces hasta le festejan. Si el criterio a seguir fuera el tamaño y las veces de los delitos cometidos, entonces Luis Guillermo Benítez Torres debió ser sentado antes que Jesús Estrada Ferreiro, edil de Culiacán, en el banquillo legislativo y judicial pero como ya no lo fue ahora debe ser el siguiente.

El Congreso del Estado y el Poder Judicial de Sinaloa, ya sea cada cual en su naturaleza autónoma o en la actual coparticipación con fines aleccionadores, están atorados en el dilema ético de legitimar el juicio político contra Estrada Ferreiro a través de instaurarle igual procedimiento a Benítez Torres. De no hacerlo, la parte en curso resaltaría por el rigor jurídico a punto de saña contra el de Culiacán, y la obscena impunidad al ras de la complicidad para el de Mazatlán.

A las causales que ameritan quitarle el fuero al “Químico” para que sea juzgado en los tribunales por los delitos enumerados al inicio de este espacio, más los que le agregue la sociedad mazatleca, o ya de plano porque su gobierno va en sentido contrario de los principios morales que alude la llamada Cuarta Transformación, les falta el acelerador político proveniente desde Palacio Nacional o desde el tercer piso del inmueble sede del Ejecutivo estatal.

La inseguridad pública, aunque no sea toda culpa de él, la alienta con la aptitud para el desentendimiento de la parte que le toca, y el desprecio a las víctimas; el caso de las luminarias tiene todo el tufo de la corrupción confabulada con la empresa favorecida; en violencia de género en diciembre de 2020 el Tribunal Electoral del Estado lo declaró culpable al propinársela a la entonces Síndica Procuradora Elsa Bojórquez. También ahí está la entrega de recursos y propiedades del gobierno al Grupo Arhe, su demandante favorito; la reincidente obstaculización de la libertad de expresión; los viajes todo pagado por la Comuna que ni siquiera sirven para ilustrarlo en civilidad política y, por si alguien lo considerara aún hombre de palabra, la puñalada que le asestó al Partido Sinaloense después de que éste lo rescató electoralmente en 2021.

Y, lo fundamental, la ciudadanía no puede desperdiciar más tiempo ni sacrificar bienestar esperando a que venga la indicación para enjuiciar a un segundo Alcalde en Sinaloa. Sigue “El Químico” cuando está a punto de cerrar el caso Estrada, por más que algunos insistan en convertirlo en mártir porque de pronto les llegó la amnesia de los agravios consumados. ¿Entonces los ahora críticos de Benítez Torres serán sus defensores de oficio en caso de que sea obligado a pagar por las muchas formas de ultrajes asestados a los mazatlecos?

Hoy debiéramos unir las voces en reclamo de legalidad plena en el desempeño de los 18 presidentes municipales de Sinaloa. Justicia a secas al margen de actos jurídicos que son excesivos con unos y condescendientes con otros, pero nunca más la empatía tramposa con los ladrones a los cuáles un día gritamos que los atrapen y al día siguiente exigimos que los liberen al creer que el indiciado tenía razón al hacernos víctimas de sus pillerías.

¿Harán el Congreso y Poder Judicial lo necesario para que sus balanzas se nivelen sin perder equilibrio con el peso de la venganza o complicidad políticas? ¿Está observando la 64 Legislatura que a pesar del aleccionador caso Estrada, en Mazatlán Benítez Torres procede como si la biblia de él fuera la ley de Herodes? La Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía Anticorrupción están en la oportunidad de demostrar la actuación neutral para que a cada servidor público que infrinja la ley le corresponda la intervención enérgica para la indagación, consecuencia y escarmiento.

Si su santo fuera López Obrador,

Entonces a él imploremos:

¡Líbranos todopoderoso pastor,

Del ‘Químico’ que padecemos!

Digan lo que digan sus protectores, inclusive aquellos políticos que sufrieron las consecuencias de derrotas derivadas de un Partido Revolucionario Institucional que remarcó la ruindad en vez de corregirla, resulta impensable que Alejandro Moreno Cárdenas dirija al PRI que en 2024 enfrentará, ahora sí, un asunto que definirá la vida o la muerte de esta organización política. Está por verse quiénes son priistas de a deveras y cuáles aves de carroña que se alimentan de los despojos del partido.