"El sector agropecuario en el presupuesto 2019"

La propuesta de gastos en el presupuesto para el año 2019 con relación a las actividades agropecuarias, pesqueras y forestales es no entendible en sí misma, porque no corresponde propiamente a un debate específico sobre el futuro del sector. Se crean nuevos programas y se proponen recortes en los ya existentes, así como la eliminación de otros. Entre los programas que quedan sin presupuesto está el de Apoyos a la comercialización que es importante para la agricultura comercial del país, particularmente para Sinaloa. 

 

Eventualmente, el gobierno federal podría no tener la capacidad financiera para hacer frente a demandas de los productores con relación a la comercialización de las cosechas. Lo mismo podría ocurrir en otras áreas.

 

Los cambios no responden propiamente a una idea de reforma profunda de las políticas agrícolas para elevar la eficiencia de asignación y su efectividad en el alcance de objetivos nacionales. No hay una clara justificación de los cambios y en torno a recortes específicos. En tal sentido, aún no se ve un enfoque alternativo que suene coherente. Como la intención transformadora del presente gobierno es muy fuerte y el campo es una de las prioridades, es posible que la situación se subsane para los siguientes años. Por lo pronto, se aprecia una situación difícil.

 

Desde hace tiempo se ha hablado de la necesidad de construir un marco de política bajo una visión de Estado. Los cambios que se proponen responden a la visión del gobierno en turno, según ha sucedido con otros gobiernos, pero no propiamente a una visión de Estado. Este es el problema.

 

En imitación de Estados Unidos, se ha propuesto la emisión de una legislación agrícola periódica que vaya más allá de las intenciones de un gobierno particular y sus compromisos frente a los electores, que sea el producto de la discusión formal en el Congreso, de la revisión de todos los programas en su conjunto y de su pertinencia, con asignación presupuestaria multianual. Y con consulta amplia a los involucrados en la actividad y a los académicos, a fin de hacer más profesional el diseño de políticas.

 

Los programas que reflejan las políticas agrícolas de México han sido objeto de crítica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en fundamentalmente cuatro aspectos: por su sentido distorsionante del comercio, por la poca importancia dada a la oferta de bienes públicos (investigación agrícola por ejemplo, que beneficia al sector en su conjunto pero que no implica una transferencia de ingreso hacia productores en lo particular), por su carácter regresivo (dar más al que más tiene, no al productor de más bajo ingreso) y por no atender adecuadamente a la corrección de las fallas de mercado (como la existencia de poder de monopolio en los mercados).

 

Las administraciones anteriores han puesto la atención a la reducción de las distorsiones de precios, no tanto a los otros aspectos, especialmente al carácter regresivo de los programas y a la insuficiencia de la oferta de bienes públicos. La presente administración está poniendo un fuerte acento en la corrección de la regresividad de los instrumentos de política, pero con los recortes está descuidando los otros aspectos.

 

La administración de Andrés Manuel López Obrador ha asumido con convicción la decisión de no incrementar impuestos y mantener la macroeconomía en orden, en tal sentido, los recortes son la expresión de una reasignación de recursos hacia lo que el nuevo gobierno considera importante, a fin de materializar sus propósitos y cumplir algunas de sus promesas de campaña, ya que el techo de ingresos no permite dar atención a todo lo que se quiere. 

 

Más allá de lo que apruebe finalmente la Cámara de Diputados, la reasignación implica que el presupuesto para este año dejará descontentos y afectados. En particular, los recortes indican que la administración pública federal en el sector agropecuario será sometida a severos ajustes de personal. En tal sentido, tendrá concreción la demanda de reducción de la grasa del Estado, demandada por sectores privados. La lógica del nuevo gobierno es que los apoyos lleguen directamente.

 

A estas alturas está claro el compromiso con la austeridad del nuevo gobierno, así como su voluntad de reducir los niveles de corrupción en la administración pública federal. Hasta cierto punto la eliminación de programas o el recorte de presupuestos tiene que ver con el propósito de reducir la corrupción en la que se han visto envueltos numerosos instrumentos de la administración pública federal. La apuesta es muy fuerte.