Elección judicial y delincuencia organizada
Levante la mano quien crea que el Estado mexicano cuenta con las herramientas necesarias para proteger a los representantes de sus instituciones frente a la influencia y la violencia de la delincuencia organizada. ¿Alguien? ¿Nadie?
Quienes apoyaron, de cualquier forma, las reformas que trasladan la justicia al mercado electoral deben explicar su decisión a la luz de esta realidad. Puede ser que algunas personas hayan respaldado la reforma a favor de la elección judicial sin considerar este contexto, pero eso resulta, como mínimo, poco probable y, en todo caso, extraordinariamente irresponsable.
Entonces, ¿cuál fue el cálculo? ¿Qué previsión se hizo sobre las consecuencias de introducir la elección judicial en un país que, según mediciones internacionales, ocupa el tercer lugar a nivel global en afectación por delincuencia organizada, solo detrás de Myanmar y Colombia? Esto ocurre mientras la información cotidiana muestra que las organizaciones criminales cuentan con los recursos necesarios para operar con impunidad, incluso perpetrando masacres a plena luz del día y frente a testigos.
Resulta inconcebible que alguien respalde la elección judicial sin fundamentar su postura con rigor, especialmente ante este contexto documentado. Toda persona que ha promovido esta idea -particularmente quienes la han votado, pero también quienes la impulsan desde fuera del Estado- debería explicar cómo imagina el funcionamiento del aparato de justicia a partir del 1 de junio, en un país asediado por organizaciones cuya capacidad económica, redes de complicidad política y empresarial, y poder de fuego parecen colocarlas en situación de ventaja frente a las autoridades, asumiendo que alguna vez ha existido una frontera clara entre unas y otras.
“Hay otra justicia”, dijo en tono amenazante una persona imputada a un juez de distrito, supe hace años. ¿Dónde están los diagnósticos empíricamente fundamentados que documenten el asedio sistemático a operadores del sistema de seguridad y justicia por parte de personas investigadas, perseguidas o condenadas por actividades ligadas al crimen organizado? Y, en un sentido más amplio, ¿qué entendemos realmente por “delincuencia organizada”?
Vale la pena recordar las palabras del académico Sergio Aguayo, quien señala que siete presidencias han transcurrido sin ofrecer “una descripción del tamaño de la amenaza”. Se refiere a los grupos delictivos y añade: “Carecemos de una estimación oficial sobre el número de cárteles y sicarios, sobre el armamento a su disposición y sus ingresos y egresos, o sobre la producción y trasiego de narcóticos”.
Por su parte, el Ministro en retiro José Ramón Cossío ha advertido sobre la reacción operativa masiva de un grupo criminal tras la detención de uno de sus líderes, así como del reconocimiento oficial de candidaturas judiciales vinculadas con estas organizaciones. Plantea preguntas que anticipan la posible infiltración de los grupos delictivos en un número indeterminado de cargos del sistema judicial. Y remata con una interrogante escalofriante: ¿Se dan cuenta de que muchos juzgadores quedarán incorporados a las delincuencias, pero, de manera simultánea, sus actuaciones gozarán de la mayor legitimidad popular?
Desde los años 90, supe de primera mano que la Procuraduría General de la República carecía de un diagnóstico nacional sobre la delincuencia organizada. Otras instituciones, civiles y militares, parecían tener identificadas redes de operación y liderazgos en distintas regiones, pero sin un mapeo analítico sólido y de alcance nacional. Aguayo sugiere que una de las principales razones del silencio federal sobre “la magnitud del riesgo” es evitar que se conozca la protección oficial a las redes criminales. Puede ser. En mi experiencia, he confirmado con dos altos funcionarios civiles del gobierno pasado, no existe un diagnóstico federal integral sobre la delincuencia organizada; la información disponible está fragmentada entre las distintas dependencias.
La polarización sigue nublando la visión sobre los problemas más graves. Las posturas a favor o en contra de la elección judicial se han alineado con lealtades y preferencias político-electorales, mientras la vulnerabilidad del sistema de justicia frente al crimen organizado queda relegada, en beneficio directo, antes que nada, de los intereses criminales. Cabe pensar que, en efecto, hubo quien así lo planeó.
Otra vez, levante la mano quien crea que el Estado mexicano tiene las herramientas necesarias para proteger a sus instituciones del poder de la delincuencia organizada. ¿Alguien?
Nuestros tiempos de desgarramiento civilizatorio.
