Elecciones: legalizar lo ilegal

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Con sobrada razón los que creemos en la democracia y en el Estado de derecho estamos alarmados por lo que se vislumbra hacia las elecciones de 2024.

No vuelvo sobre los repetidos intentos gubernamentales de debilitar al INE a través del estrangulamiento presupuestal y la cruzada presidencial para desacreditarlo.

Apunto a que con las nuevas leyes electorales -el llamado Plan B- se quiere infringir el mayor daño legislativo posible al INE y al Tribunal Electoral más allá de la pretendida y fallida reforma constitucional. Apunto sobre todo a que entre tanto ir y venir de la Cámara de Diputados a la de Senadores del Plan B quizá al lector le pasaron desapercibidas la aprobación de al menos dos reformas que dan amplia ventaja a las corcholatas o pre-pre-precandidatos del partido en el gobierno: las leyes generales de Comunicación Social de Responsabilidades Administrativas.

Estas nuevas leyes dan rienda suelta a los “entes públicos” -o sea, todos los integrantes de las administraciones públicas federal y estatales- para hacer propaganda electoral y promoverse.

Desde luego no la llaman propaganda electoral sino “campañas de comunicación social” o “propaganda gubernamental” pero todos sabemos que la modificación a estas leyes significa eliminar aquello que Morena, cuando era oposición, consideraba una competencia desleal para mantenerse en el poder.

Lo que se ha legalizado es que las corcholatas puedan pasearse por cualquier plaza pública de cualquier lugar y por cualquier motivo para presumir, “según sus datos”, los logros gubernamentales sin estar sujetos a sanciones por responsabilidades administrativas o políticas. Para muestra un botón: más allá del trágico, nuevo y enésimo “incidente” en el Metro, Sheinbaum impartiendo una conferencia en Morelia sobre Políticas Exitosas de Gobierno para elevar su reconocimiento y popularidad. Francamente, uno tiene derecho a preguntarse si es la Jefa de Gobierno de la CDMX o ya de plano delegó esa función para andar en campaña.

Las corcholatas, alentadas y avaladas por el Presidente, han estado promoviéndose como aspirantes presidenciales desde el año pasado. Ni a uno ni a otras les importó la ilegalidad pero ahora lo podrán hacer legalmente escudándose en el derecho a la libertad de expresión y “el derecho de la ciudadanía a la información sobre la actuación y rendición de cuentas de los entes públicos”. Lo podrán hacer por cualquier medio porque la propaganda gubernamental quedó redefinida como el “conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas con cargo al presupuesto público, ... o mediante el uso de tiempos oficiales, por un ente público, con el objeto de difundir el quehacer, las acciones o los logros relacionados con sus fines”. Varios partidos ya han anunciado su intención de interponer ante la Corte recursos de inconstitucionalidad por los cambios a estas dos leyes. ¡Cómo estarán las cosas que una corcholata (Ebrard) ya ha denunciado al equipo de otra (Sheinbaum) ante la FGR por delitos electorales; en particular por el desvío de recursos públicos y posible coacción!

La reforma electoral completa conocida como Plan B -esa que Ernesto Núñez ha dicho se trata de destazar al INE- no pudo concluir su trámite legislativo pero muy probablemente se apruebe nada más comenzar el periodo legislativo en febrero. Esto, a pesar de que el propio coordinador de los morenistas en el Senado ha dejado de manifiesto en un documento que ese conjunto de leyes tenía al menos 21 vicios de inconstitucionalidad.

De haber congruencia tendríamos no sólo al Secretario de Relaciones Exteriores sino también al líder de la fracción parlamentaria morenista en el Senado, interponiendo una o varios recursos ante la Corte.

Los cambios al modelo de comunicación política, el uso de recursos públicos para propaganda gubernamental con intenciones evidentemente partidistas y, de ser aprobadas, las leyes que desmantelan al INE, provocarán una avalancha de acciones de inconstitucionalidad y amparos ante la Corte.

Ésta debería decidir con bastante celeridad sobre la constitucionalidad de las leyes ya aprobadas y las que probablemente se aprueben. Mientras no lo haga, las corcholatas y el partido en el gobierno seguirán teniendo enormes ventajas electorales.

Por este solo motivo la Corte deberá dejar atrás la costumbre de aplazar sus decisiones por meses y años en cuestiones fundamentales para la gobernabilidad del país. Pero si ésta no fuera razón suficiente, habría que alertar que en materia electoral, hay un límite más: las leyes electorales deben estar publicadas 90 días antes de que inicie el periodo electoral (septiembre 2023). Esto quiere decir que el entramado legal electoral tiene que estar definido a más tardar el 31 de mayo. Segura estoy de que en estos nuevos tiempos, la Corte, como cuerpo colegiado, asumirá su gran responsabilidad.