En defensa de ‘El Pepis’ y el periodismo. Policías y reporteros cuidándose entre sí

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Nadie puede reducir a un hecho imprudencial, o atribuirle al agotamiento físico o emocional de los agresores, el ataque que recibió el periodista Ernesto Martínez, quien da cobertura a hechos de seguridad pública para el programa Los Noticieristas. Al contrario, deben establecerse inmediatamente y con energía las medidas para que ningún reportero, indistintamente de la sección o actividad de la noticia, sea encañonado por las fuerzas del orden a consecuencia de realizar su trabajo informativo.

En diferentes ocasiones hemos advertido en este espacio y en diferentes foros que los reporteros de nota roja son los que más alto riesgo corren en Sinaloa, debido a que el ingrediente adrenalina en los comunicadores, por tener acceso a los hechos como elemento de precisión, y en los policías por sacar adelante los operativos y preservar la escena del crimen como factor de éxito, hace perder las dimensiones entre lo fundamental de uno y otro participante.

Sin embargo, las armas las portan los policías estatales, municipales y guardias nacionales, y los periodistas blanden sus libretas de apuntes, grabadora y cámaras. Nótese el predominio colosal de los agentes de seguridad pública si al no comprenderse la función a desempeñar por cada una de las partes se extravían los límites. Y aquí interviene la prepotencia que hace algunos años era recurrente en los militares y hoy es extensiva a los mandos y personal policiacos.

Ernesto Martínez ha estado siempre en medio del fuego cruzado entre policías y maleantes y vivido durante 20 años los peligros propios de su profesión sin quejarse de las esquirlas del miedo, el poderío criminal prácticamente intocable y las balas que rozan al valiente narrador de noticias. Si esta vez “El Pepis”, como lo llamamos en su gremio que lo estima, denuncia la superioridad arbitraria de las armas oficiales contra las endebles herramientas del comunicador, no es por presentarse como víctima sino para avisar a tiempo de lo que puede ocurrir si siguen ausentes las medidas de anticipación a ataques contra la libertad de expresión.

Aquí es donde no se vale que el Secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, decida ponerse al lado de los elementos a su cargo “porque han estado en días de bastante trabajo”, porque la obligación disciplinaria que debe inducir en sus subalternos no está sujeta a consideraciones que pueden pasar a mayores consecuencias si la actitud del jefe deja abierto algún resquicio de tolerancia.

Se vale, sí, que se desahoguen las investigaciones, se revise todo el material testimonial que exista, que se escuche a las partes agresora y agredida, que resuelva la Fiscalía General del Estado como ente obligada a hacer valer la ley, y arrojaría buenas señales de resguardo al trabajo de los periodistas y respeto a la libertad de expresión que la sanción correspondiera a la dimensión del delito que el embozado policía estatal cometió.

Como contribuiría también que se realicen reuniones entre las organizaciones de periodistas y mandos superiores de la Policía para llegar a acuerdos mínimos que le den forma al manual de actuación-comprensión en la interrelación de reporteros y elementos de seguridad pública. Inclusive que el Instituto Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas capacite a policías sobre el fundamento del trabajo informativo y que la Universidad de la Policía adiestre a comunicadores respecto a la competencia y conductas policiacas legales.

En ningún hecho de violencia los policías y periodistas representan al enemigo. Al protegerse entre sí, teniendo uno y otro las consideraciones y empatías por la función esencial que realizan, podría avanzarse a distender ese momento en el cual ambas partes confluyen en las escenas del crimen con el deber a todo lo que da. Que quede claro, esto sí es en defensa del periodismo, que no es lo mismo el plomo que mata que la palabra que puede herir, pero permite a todos sobrevivir.

Necesitamos a los policías cumpliendo a cabalidad la responsabilidad de cuidar a los ciudadanos de bien, y a los periodistas guiando a los sinaloenses hacia escenarios pacíficos y legítimos. Tal vez no se entienda todavía del todo que los dos encargos se complementan en el respeto mutuo y son pilares sólidos para que se alcancen las metas de seguridad pública que la población completa requiere y exige.

¿Podrían centrarse el esfuerzo y los ánimos en que ningún niño más muera a consecuencia de las balas perdidas, sin saber siquiera quien perpetró el crimen? ¿En una campaña que desarme a la población civil y evite que por el hecho de poseer una pistola un vecino mate a otro por disputar el lugar en la fila de las tortillerías? ¿En que la reducción del 21 por ciento en la comisión de delitos dolosos y el posicionamiento de Sinaloa como estado menos violento se traduzca en la percepción generalizada de paz?

Pues empecemos entonces en no malgastar la fuerza pública poniéndole los rifles en el pecho a los periodistas.

Ya nos quitaron a Luis Enrique,

Y antes a Javier Valdez,

Como para que vayan a pique,

La prudencia y sensatez.

Se le notó enojado al Gobernador Rubén Rocha Moya en La Semanera de ayer, igual que la mayoría de los sinaloenses despertamos indignados, molestos, el primer día de 2023 al conocer que las balas perdidas disparadas por seres sin pizca de consideración al prójimo alcanzaron a cinco personas, entre éstas asesinando a un niño de 5 años de edad. ¿A quién no le enfurece que el llamado a #NiUnaBalaMás haya sido desobedecido pese al alcance de la campaña de concientización, reeditando las balaceras el miedo que siempre se cumple al pie de la letra en la intimidación que el crimen le imprime a los 365 días que vienen? Nadie y nada escapan al disgusto de vernos amenazados.