En defensa de la Constitución

Frente a la amenaza de una reforma electoral con visión autocrática, vale volver a los básicos.

Hay documentos que fundan repúblicas, y otros que solo las simulan. Una Constitución no es una hoja de papel con sellos y firmas solemnes, ni un catálogo de aspiraciones cuidadosamente impresas en letras góticas. Es, o debería ser, el reflejo más nítido del pacto político que sostiene a una comunidad diversa. Es el compromiso de la pluralidad consigo misma. Es la decisión de dejar de ser tribus enfrentadas para convertirse en una nación.

En su sentido político más profundo, la Constitución es el instrumento que hace posible la unidad sin uniformidad. No nace del mandato de una mayoría circunstancial, sino de la deliberación que convierte al conflicto en diálogo y al desacuerdo en arquitectura institucional. Su legitimidad no se mide por el número de votos legislativos que la aprueban, sino por la calidad del consenso que la sostiene.

Y eso, precisamente, es lo que está en juego.

En las democracias, modificar la Constitución es un ejercicio de contención y lucidez. No basta con tener los votos; se requiere tener razón y, sobre todo, razones compartidas. Porque quien reforma la Constitución sin diálogo, la convierte en instrumento de su facción, no de la República.

Hoy, en México, se asoma un riesgo que ya no es latente, sino evidente: el uso de la Constitución como botín de la mayoría. Se quiere, una vez más, reformar sin consenso, imponer sin escuchar, reconfigurar el pacto nacional desde una lógica de victoria electoral y no de construcción democrática. El poder ejecutivo, con su mayoría parlamentaria como extensión del brazo, impulsa una serie de reformas que podrían redefinir el sistema político sin el menor vestigio de deliberación genuina.

Pero ¿qué ocurre cuando la Constitución deja de ser el punto de encuentro y se convierte en el arma de una mayoría contra las otras voces?

El constitucionalista italiano Michelangelo Bovero advirtió sobre el peligro de la pleonocracia: un régimen en el que una mayoría electa se asume con derecho a todo, incluso a abolir los límites que garantizan el pluralismo. Es la tiranía disfrazada de legitimidad. El Gobierno deja de representar al conjunto para servirse a sí mismo. Se sustituye el diálogo por el aplauso y el Estado de derecho por la voluntad del líder.

Así se erosiona la Constitución: no con balas ni golpes de Estado, sino con decretos, mayorías mecánicas y reformas tramitadas como si fueran reglamentos administrativos. El resultado no es solo una carta magna distinta, sino una forma de régimen donde el poder ya no tiene límites reales, y la oposición ya no tiene refugio legal.

En momentos de incertidumbre, una Constitución bien diseñada es una sombra protectora. No impide el conflicto, pero lo canaliza. No elimina las diferencias, pero les da cauce. No es la voz de una parte, sino el marco donde todas las voces se reconocen.

Por eso, cuando se gobierna desde el resentimiento, la revancha o la soberbia, la Constitución estorba. Se vuelve un estorbo técnico, un obstáculo político, una molestia simbólica. Y por eso se la busca reescribir, vaciar, desfigurar.

El riesgo no es sólo normativo, es existencial. Porque cuando la Constitución deja de ser el punto de encuentro, la nación deja de ser un “nosotros” y se fragmenta en “ellos y nosotros”. Y entonces, todo se vuelve personal, visceral, violento.

Es natural que las mayorías quieran gobernar. Pero es necesario que lo hagan con conciencia de que el poder es, por definición, efímero. Las reformas constitucionales hechas al vapor, con el solo respaldo de la aritmética parlamentaria, son trampas tendidas al futuro. Lo que hoy parece conveniente, mañana será irreversible. Lo que hoy se justifica con un eslogan, mañana se lamentará con una crisis.

Por eso, el primer deber de quien gobierna no es imponer su voluntad, sino custodiar el equilibrio. La Constitución no es el estatuto de una victoria, sino la memoria de un acuerdo. Modificarla sin diálogo es traicionar su espíritu. Usarla como arma es dinamitar el pacto democrático que nos contiene a todos, incluso a quienes hoy creen estar del lado ganador.

A diferencia de las leyes ordinarias, las constituciones no se escriben todos los días. Pero todos los días se ponen a prueba. La nuestra, la de México, ha resistido décadas de autoritarismo, transiciones complejas y reformas valientes. Hoy, frente a un nuevo embate de concentración del poder, necesita algo más que respeto formal: necesita defensa activa.

No basta con repetir que vivimos en una democracia si se desmantelan, una a una, las condiciones que la hacen posible. No basta con alardear de soberanía popular si se pisotean los derechos de las minorías. No basta con decir “pueblo” para anular la pluralidad.

La Constitución debe seguir siendo el reflejo donde todas y todos podamos mirarnos sin miedo. Y para eso, hay que impedir que se convierta en máscara de unos pocos.