En defensa del INE
El Instituto Nacional Electoral (INE) es una de las pocas instituciones mexicanas que aún conserva la confianza de los ciudadanos. Diversas mediciones de opinión lo han situado en niveles de confianza de entre 52 y 59 por ciento de la población que declara confiar “mucho” o “algo” en él.
En mi caso, la confianza en el INE también tiene un fundamento personal. He tenido el honor de desempeñarme como consejero ciudadano: experiencia que me ha permitido conocer de cerca los procedimientos, las responsabilidades y los mecanismos institucionales que intervienen en la organización de los procesos electorales. He sido testigo de que detrás de cada elección existe una estructura de trabajo, reglas y una responsabilidad colectiva que va mucho más allá de las personas que ocupan temporalmente los cargos de mayor jerarquía.
Por eso considero necesario defender al INE, especialmente cuando su ética institucional se encuentra bajo cuestionamiento por recientes actos de corrupción de su consejera presidenta. Pero defenderlo no significa justificar cualquier conducta de sus funcionarios, minimizar las irregularidades, ni concederles impunidad. Significa distinguir entre las responsabilidades individuales y el valor de una institución como ésta.
Si una funcionaria o un funcionario incurre en actos de corrupción, utiliza indebidamente los recursos públicos o comete alguna irregularidad, debe ser investigado. Y si las pruebas acreditan su responsabilidad, debe recibir la sanción con todo el peso de la ley.
Pero no es razonable concluir que, por la conducta de una persona, toda una institución quede desacreditada. Hacerlo supone confundir a quienes ejercen temporalmente una función pública, con la organización a la que pertenecen.
Lo más valioso del INE no son quienes aparecen en las conferencias de prensa ni quienes ocupan los espacios de mayor visibilidad política. Son los miles de ciudadanos que hacen posible su funcionamiento cotidiano.
Hablo aquí de los trabajadores que viven de un salario, del personal técnico y administrativo, de capacitadores y supervisores electorales. Son personas que cumplen tareas indispensables para que millones de ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos. Su trabajo requiere jornadas intensas prácticamente durante todo el año.
A ellos se suman los ciudadanos que aceptan participar como funcionarios de casilla, contar los votos y llenar las actas de escrutinio; todas ellas y ellos asumen la responsabilidad de hacer valer la voluntad expresada en las urnas.
El INE, además, no depende de una voluntad individual. Cuenta con órganos colegiados, como su Consejo General, y los Consejos Distritales, en los que las decisiones institucionales se someten a deliberación y votación.
Las decisiones colegiadas no son infalibles ni garantizan por sí mismas la ausencia de irregularidades. Sin embargo, los órganos colegiados constituyen herramientas para limitar la concentración de poder y someter las decisiones a los consejeros ciudadanos, a los representantes de partidos políticos y de candidatos independientes.
La crítica sí es necesaria, así como la vigilancia ciudadana. Precisamente porque se trata de una institución tan importante, es que debemos exigir a sus autoridades un comportamiento ejemplar. Pero, sobre todo, debemos proteger al INE de los intereses que pretendan someterlo.
Es cuanto...
