En la lupa, transparencia en Sinaloa Ley ciudadana contra la corrupción
Con cierta preocupación porque el tema no avanza, y de tal estancamiento podría derivar algún albazo legislativo que deseche los necesarios consensos, hoy se reunirán los integrantes de la Mesa de Seguimiento a la Extinción de Organismos Autónomos y representantes de asociaciones civiles, para determinar el estado que presentan los acuerdos para que Sinaloa tenga la mejor Ley de Transparencia como fruto maduro de la coordinación entre el Congreso del Estado y la sociedad.
Es que las alarmas cívicas empiezan a activarse ante la posibilidad de que la Cámara local maneje por la vía rápida el proceso parlamentario para aprobar la nueva norma atendiendo lineamentos del régimen de la Cuarta Transformación y pasando por alto la exigencia de los sinaloenses en el sentido de que a cada cloaca de corrupción se le aplique la debida acción legal de saneamiento.
En síntesis, la batalla que libran diferentes organizaciones cívicas, destacando la Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa; el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, y el centro ciudadano de investigación Iniciativa Sinaloa, consiste en defender un sistema de transparencia que le sea útil a los ciudadanos y no sea confeccionado a la medida de los sujetos obligados a rendir cuentas.
Los poderes Ejecutivo y Legislativo han dejado correr el tiempo como indicación de que no les interesa forzar los plazos, y ojalá que se trate también de la voluntad política para efectuar el correspondiente procedimiento de Parlamento Abierto y evitar la tentación del fast track que lo echaría a perder todo. De existir tal disposición a abrir el tema a la participación ciudadana sin duda Sinaloa saldría con la mejor Ley en la materia de todo el País.
Al parecer se trata de uno de los temas en los cuales el Gobernador Rubén Rocha Moya ha determinado ir a trote que rinda y no a trote que canse. Por ejemplo, al incluir a la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública en el presupuesto estatal a ejercer en 2026 previene que la CEAIP no sea desmantelada a manotazos autoritarios y en cambio sí replanteada mediante la acción popular tomando los casos de éxito y corrigiéndole fallas y atrasos.
En la misma tesitura, la 65 Legislatura local con mayoría absoluta del Movimiento Regeneración Nacional y partidos aliados tiene a cargo la obligación de cerrarle rutas a la simulación y la impunidad. Qué caso tendría que contando ya Sinaloa una buena norma y el órgano garante reconocido por detectar y atajar posibles focos de corrupción, ahora resulte un símil de la institución nacional denominada Transparencia para el Pueblo que en pocos meses de funcionamiento da evidencias de operar para el ocultamiento de información.
Es el momento preciso para fortalecer la alianza entre el Congreso, Gobierno del Estado y la sociedad civil y encarrilar políticas públicas que reactiven la confianza entre los tres actores de la verdadera transformación. A instituciones y funcionarios comprometidos con la transparencia se les gratifica con el bono social traducido en gobernabilidad; en cambio a los empecinados en colocarle sombra y turbiedad al ejercicio del poder público la gente les tatúa para siempre el talante de facinerosos.
Aunque la decisión no ha sido tomada y el aplazamiento despierta suspicacias, la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana del Congreso del Estado, que integran las diputadas y diputados Rodolfo Valenzuela, Paola Gárate Valenzuela, Roxana Rubio, Arely Berenice Ruiz y Kristiam Alexis Espinoza, está emplazada a darle indicios de certidumbre al debido trámite de la Ley en ciernes, con el imprescindible acompañamiento ciudadano.
El año 2025 debe cerrar al menos con los signos políticos que garanticen que a la trascendencia de la Ley de Transparencia le sea intrínseco el aval que decrete la sociedad. Si los trabajos legislativos han de extenderse a inicios de 2026 es de esperarse que el tiempo madure los acuerdos y evite el parto de los montes donde la montaña dé a luz ratoncitos de dos patas.
El manjar de la transparencia,
tarda más al ser cocinado,
y requiere de gran paciencia,
al ser de los dioses bocado.
Y para quienes criticaron que el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil se vino con las manos vacías después de la reunión que sostuvo el 10 de diciembre en la Ciudad de México con Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, allí tienen el anuncio que el Presidente Municipal hizo ayer sobre la asignación del Gobierno Federal a Culiacán de 450 millones de pesos adicionales para el ejercicio fiscal 2026, destinados a contratar 400 nuevos policías municipales y la implementación de un ecosistema tecnológico de seguridad con videovigilancia y botones de auxilio en la zona centro y planteles educativos. Esto quiere decir que ese dinero que destina la Presidenta Claudia Sheinbaum a la capital del estado para fortalecer la coordinación entre las instituciones públicas de seguridad en el combate a la violencia, se agrega al presupuesto base de 5 mil millones de pesos que ejercerá el Ayuntamiento central.
