¿Enrique Inzunza a la Vicegubernatura?
Barruntos del Gabinete de Rocha Moya

OBSERVATORIO
    La fortaleza del eventual nombramiento de Enrique Inzunza como Secretario de Gobierno está en el conocimiento profundo del sistema de leyes y la posibilidad de que el Estado de derecho sea restablecido en Sinaloa a partir de blandir la Constitución y leyes emanantes contra individuos o grupos acostumbrados a la anarquía y reto a las autoridades.

    Desde la especulación procede a adquirir factibilidad la designación de Enrique Inzunza Cázarez como Secretario General del Gobierno de Sinaloa, acompañando al Gobernador Rubén Rocha Moya en el segundo puesto más importante de la administración pública estatal 2021-2027. Ello supone el traslado de la balanza de la justicia a Palacio de Gobierno y el rescate del principio de autoridad soportado en el estricto apego a la legalidad como características del Gabinete que se instalará el 1 de noviembre con las tres arengas fundamentales de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar, no traicionar.

    La posible asunción al cargo que en la escala consuetudinaria del poder significa una especie de vicegubernatura, fortalece al actual presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y también al llamado grupo Badiraguato que con Batequitas como sede le da relevancia a aquella historia del humilde lugareño que con todas las privaciones posibles sale a conquistar el respaldo popular logrado a base de lucha social. Del Rubén Rocha que emerge de las faldas de la Sierra Madre Occidental acicateado por remontar la marginación propia y de los suyos.

    Pues de aquellas montañas también surge la historia de Enrique Inzunza Cázarez quien bajó a estudiar la carrera de abogado en la Universidad Autónoma de Sinaloa y logró el grado de Maestría en Derecho Constitucional. Desde su trabajo de bibliotecario en la misma institución avanzó a las especialidades en Derecho Penal y Criminología por la Universidad de Salamanca, España, mientras que la carrera en el Poder Judicial la empezó en 1996 como Coordinador de Investigación Jurídica del Instituto de Capacitación Judicial.

    Inzunza Cázarez es considerado partidario de la corriente “lex dura, sed lex” (la ley es dura, pero es ley) aunque también acude a la vía de la conciliación y al no obtener el resultado de la avenencia asume la frontalidad contra quienes considera sus adversarios. En abril de 2018 identificó al Fiscal General del Estado, Juan José Ríos Estavillo, detrás de un plan para desacreditarlo y destituirlo de la presidencia del STJE, y hasta la fecha la pugna continúa entra ambas partes.

    Ejerce el control absoluto del Máximo Tribunal y del Consejo de la Judicatura, lo cual le representaría a Rocha Moya la influencia sobre el Poder Judicial en complemento de la mayoría de Morena que como Gobernador tendrá en el Congreso del Estado. El factor bisagra de Inzunza para la buena relación con el STJE, y el control de la 64 Legislatura local, cierran la pinza al menos para la coordinación y tal vez hasta para la subordinación entre poderes.

    La fortaleza del eventual nombramiento de Enrique Inzunza como Secretario de Gobierno está en el conocimiento profundo del sistema de leyes y la posibilidad de que el Estado de derecho sea restablecido en Sinaloa a partir de blandir la Constitución y leyes emanantes contra individuos o grupos acostumbrados a la anarquía y reto a las autoridades. En honor a la verdad, el Magistrado Presidente de Supremo Tribunal conoce al dedillo el marco legal y ello significa una enorme ventaja para recuperar la gobernabilidad.

    Pero también estaría expuesto a la tentación de utilizar el nuevo cargo y la ley para neutralizar a los disidentes o discrepantes del gobierno de Rubén Rocha Moya. Al ser un hombre que ejerce dominio pleno sobre aquello que es de su ámbito, la debilidad estaría en trasladar al estado el modelo federal en donde las oposiciones se judicializan y las sumisiones son premiadas con impunidades.

    Al ponderar las fuerzas y el raquitismo del gobierno de la alternancia que está en la fase de transición vale resaltar que Sinaloa se cuece aparte de ese riesgo-país que tergiversa la ley con propósitos de revanchismos políticos. Ni a Rocha se le conoce tal propensión a la “cacería de brujas” ni están dadas las condiciones para abrir frentes de complejidad en una entidad federativa de por sí difícil de gobernar.

    El pacto social seguirá siendo vital al margen de los nombres o los partidos que tomen las riendas del Sinaloa indómito. Nada es posible sin el acompañamiento de la sociedad y las fobias y filias también necesitan de treguas que ubiquen el bien común en el centro, abriéndole todos los puentes posibles a la participación ciudadana con tal inclusión que el éxito de las políticas públicas sea al mismo tiempo el triunfo de los sinaloenses.

    Es temprano para calcular los rasgos, estilos y sesgos del mandato rochista en Sinaloa. Sin embargo, en caso de confirmarse en las próximas semanas la designación de Inzunza Cázarez en la Secretaría General de Gobierno habrá indicios que desentrañarán la catadura de la administración pública entrante y saltará a escena la mano dura ya sea usada contra los infractores sistemáticos de la ley o bien para mater en cintura a quienes reciban la etiqueta de adversarios del la 4T capítulo Sinaloa. Lo primero es un viejo anhelo ciudadano, lo segundo es vil conjetura fundada en la inmutable costumbre del poder.

    Reverso

    Si acaso aquí hay albricia,

    Sería que Rocha Moya,

    Tiene caballo de Troya,

    Para un gobierno con justicia.

    Augurios sin la ouija

    Otros nombramientos que se pueden adelantar sin necesidad de tener bola de cristal es que Graciela Domínguez Nava formará parte del Gabinete de Rocha Moya pero falta definir si va a la Secretaría Anticorrupción o la Secretaría de Desarrollo Social, que Eneyda Rocha Ruiz estará al frente del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, que Adriana Margarita Ochoa del Toro se desempeñará como Coordinadora General de Comunicación Social y la alta probabilidad de que Héctor Melesio Cuén Ojeda sea el titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura o bien decline a favor de que Víctor Antonio Corrales Burgueño ocupe este cargo.

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