Enrique Inzunza: ‘extorsión, una lacra’
Papel decisivo del Senador sinaloense

Con la frase que pronunció el Senador Enrique Inzunza Cázarez durante la sesión en la cual la Cámara Alta aprobó el proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, de “tanta política social como sea posible y tanta política penal como sea necesaria” podría definirse el replanteamiento de la estrategia nacional de seguridad pública cuando la violencia ataca fuerte en varios estados de México, a Sinaloa entre éstos.

Cuando los sinaloenses preguntamos qué hacen nuestros representantes populares en el actual contexto de narcoguerra prolongada, hay que ponerle atención a la expresión del Legislador sinaloense porque, en efecto, cuando el Gabinete de Seguridad Nacional reporta operativos exitosos con la ahora frecuente desarticulación de células criminales, a la mesa de la pacificación le falta la pata jurídica con leyes enérgicas que eviten que los delincuentes detenidos pasen algunas horas en los separos de los juzgados y enseguida la impunidad los libere.

Pues Inzunza Cázarez fue uno de los participantes fundamentales del proceso parlamentario que llevó a aprobar en el Senado por unanimidad dicha Ley en medio de la crisis de daños a patrimonios familiares y sectores económicos debido a amenazas, cobros de piso, secuestros exprés y otros ilícitos que denotan la diversificación de la actividad criminal en el País.

En la sesión que turnó a la Cámara de Diputados el dictamen correspondiente para que sea discutido y votado, lo cual vuelve inminente la aprobación y la firma por la Presidenta Claudia Sheinbaum para que la Ley entre en vigor, se le dio otra vuelta de hoja a la estrategia de “abrazos, no balazos” que el anterior Mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, convirtió en marca personal en la lucha contra organizaciones del narcotráfico como las que hoy pelean por el control de territorios y negocios en Sinaloa.

Inzunza dio impulso al reforzamiento de la acción judicial con normas duras que inhiban las actividades de personas o grupos generadores de este modo de violencia, al plantear que Sheinbaum actúa en el sentido de atender las causas de la inseguridad pero también incide en combatir “todos los delitos y en todos los lugares”. Por lo tanto, expuso el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, será política de Estado la labor del Gobierno contra la extorsión, un ilícito que “como pocos, afecta la seguridad de la sociedad mexicana; despoja a las personas de su tranquilidad, dignidad y sentido de comunidad”.

“La extorsión es una lacra que afecta las actividades económicas de comunidades completas, y especialmente vulnera la tranquilidad de las familias. Su expansión se ha potenciado con el uso de tecnologías de la comunicación y en la corrupción que ha permitido que las cárceles y centros penitenciarios se hayan convertido en centros de operación de este delito”, dijo.

Según el análisis que realiza la Policía Federal, la extorsión es perpetrada de cuatro formas: la directa, cuando el delincuente se presenta físicamente en el establecimiento o domicilio particular para amenazar al propietario o al personal que Pahí labora; la indirecta relacionada con la falsa notificación de recibir premios, secuestro virtual, familiar proveniente del extranjero que dice ser detenido y pide ayuda, amenaza de muerte o secuestro, amenaza de supuestos funcionarios, y supuestas deudas contraídas.

La tercera forma de extorsión es la telefónica y consiste en llamadas telefónicas a nuevos números de teléfono fijo de forma aleatoria, esperando que alguna de ellas sea atendida por un menor de edad, una persona de edad avanzada o que suene vulnerable, y la cuarta es con acceso a perfiles en redes sociales y mensajería celular, de donde toman datos y fotografías de los usuario como sus posibles víctimas.

Vale encomiar la unidad de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión al reconocer y atender una de las trasgresiones principales a la seguridad pública. Juntos lograron concretar la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión ya que los asambleístas también modificaron en coordinación de propósitos el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Por ser un delito que punza,

Y lastima al suelo nacional,

Buen desempeño de Inzunza

Con dura lex contra el criminal.

Con los equipos neutralizadores de drones que se utilizan en las instalaciones de la Feria Ganadera en Culiacán, y que permitieron ubicar y desactivar dos en la Sindicatura de Villa Juárez, se demuestra la tecnología eficaz contra esos artefactos aéreos que la delincuencia usa para lanzar explosivos contra objetivos humanos e inmuebles. ¿Por qué tardan en implementar tal estrategia en Mazatlán donde domicilios y establecimientos comerciales arden o estallan y la fuerza pública los justifica luego como fugas de gas o eventos de violencia sin explicación lógica? ¿Cuántos dispositivos antidrones se tienen en Sinaloa y por qué no adquirir los necesarios para blindar a las principales ciudades y comunidades que son potenciales blancos de este método del crimen al ras del terrorismo?