Entre avances y propaganda: las cifras de seguridad en el Segundo Informe de Sheinbaum
El dato estaba destinado a convertirse en titular: durante su Segundo Informe de Gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 51 por ciento desde el comienzo de su administración. La reducción merece atención, pero un porcentaje, por contundente que parezca, no explica por sí mismo qué está ocurriendo con la violencia en México.
Para entenderlo necesitamos saber por qué se eligieron determinados meses para realizar la comparación, qué resultado arrojan periodos equivalentes y cómo se comportan otros indicadores de violencia. Estas preguntas no buscan negar los datos, sino evitar que una cifra verdadera termine contando una historia incompleta.
En Causa en Común denominamos “alerta de uso propagandístico de la información” a la identificación de presentaciones oficiales que, mediante comparaciones selectivas, gráficas distorsionadas o indicadores aislados, pueden producir una percepción desproporcionada sobre los resultados gubernamentales. Es una de las cinco alertas desarrolladas por la organización para vigilar la calidad y el uso de las cifras de incidencia delictiva.
La alerta no determina que la información sea falsa ni permite afirmar, por sí sola, que existe una intención deliberada de engañar. Señala algo más concreto: la manera de presentar los datos puede favorecer una conclusión política sin proporcionar todos los elementos necesarios para evaluarla.
Comparar el último mes disponible con septiembre de 2024 -un punto particularmente elevado y previo al inicio formal de la administración- produce una reducción mayor que contrastar periodos equivalentes de 2025 y 2026. Ambos cálculos pueden ser matemáticamente correctos, pero no responden la misma pregunta. El primero mide la distancia entre dos puntos seleccionados; el segundo permite observar cómo cambió la incidencia durante lapsos comparables.
Una comparación convencional entre enero y julio de 2026 y el mismo periodo de 2025 arroja una disminución de 31 por ciento. Se trata de una reducción relevante que no tendría por qué minimizarse. Sin embargo, está lejos del 51 por ciento que dominó los titulares del Segundo Informe. El problema aparece cuando se difunde solamente el porcentaje más favorable y se presenta como si resumiera, por sí mismo, la situación nacional.
Si las cifras oficiales muestran una reducción de los homicidios, caben entonces dos preguntas. La primera, para quienes observamos los datos con cautela: ¿por qué insistir en cuestionarlos si, independientemente del periodo utilizado, van a la baja? La segunda, para las autoridades: si existe una reducción importante, ¿por qué el empeño en hacerla parecer todavía más pronunciada?
La respuesta a la primera pregunta es que, en una democracia, las cifras gubernamentales siempre deben estar sujetas a revisión. Se trata de dudar para no dudar: someter la información a un escrutinio sistemático que permita confirmarla y otorgarle mayor credibilidad. Pero también debemos cuestionarla porque el uso propagandístico de datos que ya son alentadores termina sembrando una duda razonable. Si los homicidios efectivamente están disminuyendo, ¿por qué recurrir a comparaciones tan convenientes para convencernos de ello?
La percepción de inseguridad es uno de los indicadores más utilizados para evaluar las políticas públicas en la materia. También puede afectar la reputación de un funcionario o de todo un gobierno. Es comprensible, por tanto, que cualquier administración quiera comunicar sus avances. Lo que resulta innecesario es construir un discurso exagerado sobre el éxito de la política de seguridad, especialmente cuando persisten hechos cotidianos que contradicen la idea de que el problema está bajo control.
Un ejemplo reciente ocurrió en Zacatecas. Durante la conferencia matutina de la presidenta realizada en esa entidad, se destacó que el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 85 por ciento entre septiembre de 2024 y agosto de 2026, y continúa: entre 2021 y la cifra preliminar de este 2026, se logró una disminución del 96 por ciento en los homicidios dolosos en este estado. Un dato alentador, sin duda. Sin embargo, la conferencia se celebró pocos días después de que un coche bomba explotara frente a las instalaciones de la Policía Municipal de Ojocaliente, a unos 40 minutos de Guadalupe, donde se reunieron la Presidenta, el Gobernador y otros funcionarios federales y estatales.
El ataque dejó 11 personas heridas y daños en decenas de viviendas, vehículos e instalaciones policiales. Además, Zacatecas ha registrado durante 2026 diversos ataques con explosivos, varios de ellos dirigidos contra corporaciones municipales. Nada de esto invalida automáticamente la reducción de los homicidios. Pero sí demuestra por qué ese indicador, presentado de manera aislada, no puede describir toda la situación de seguridad ni el temor que experimentan las comunidades.
La violencia no se agota en el número de víctimas de homicidio. También se expresa en desapariciones, extorsiones, desplazamientos, ataques contra autoridades, control territorial y nuevas formas de intimidación criminal. Un balance público tendría que permitirnos observar esa complejidad, además de informar sobre el fortalecimiento de las policías y fiscalías, el combate a la impunidad y el funcionamiento del sistema penitenciario. Las detenciones y los decomisos son importantes, pero no sustituyen la construcción de instituciones capaces de sostener los resultados.
El riesgo del uso propagandístico va, por ello, más allá de la tendencia habitual de los gobiernos a exagerar sus logros. Cuando las conferencias matutinas repiten todos los días que la situación está bajo control, mientras amplias regiones viven experiencias distintas, se produce una ruptura entre el discurso gubernamental y la realidad de muchas personas. Esa contradicción no genera confianza: puede terminar erosionándola.
Un informe de gobierno no es una auditoría. Es un ejercicio político mediante el cual una administración selecciona y comunica los resultados que considera más importantes. Precisamente por eso necesita contrapesos. Corresponde a los medios de comunicación, la academia y las organizaciones sociales revisar los datos, reconstruir las comparaciones y señalar aquello que el discurso oficial deja fuera.
Reconocer una disminución no obliga a aceptar sin preguntas la interpretación gubernamental. Tampoco cuestionar una gráfica equivale a negar cualquier avance. Entre la celebración automática y la descalificación de todas las cifras existe un espacio indispensable para la vigilancia ciudadana.
Los gobiernos tienen derecho a comunicar sus resultados, pero no deberían confundir la información pública con la publicidad. Una democracia no se fortalece cuando sus cifras producen los mejores titulares, sino cuando permiten a la sociedad comprobar lo que afirma el poder.
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La autora es Nancy Canjura, investigadora de Causa en Común / KP
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