Entre hechos y dudas
La semana pasada mencionamos que nuestro Estado había tenido actividades muy sui géneris. Hicimos un recuento sobre los hechos (no opiniones) que habían acontecido especialmente en los últimos días. Y, pues bien, los hechos sui géneris continúan.
El Senador Enrique Inzunza Cázarez no ha pedido licencia, aunque sí ha estado activo en redes sociales. Primero señaló que acudiría a la siguiente sesión permanente; posteriormente dijo que no lo haría, para evitar escándalos que pudieran surgir, además de señalar que se encontraba en su tierra. Ojo: estos siguen siendo hechos.
Ahora vayamos con las dudas. ¿El Senador debe pedir licencia? ¿Debe seguir cobrando en caso de no hacerlo? Y una que me llamó mucho la atención por algunas notas que vi en internet: ¿debe seguir siendo considerado como posible candidato a un puesto de elección popular?
Todas estas dudas no son para que yo las responda, sino usted; aunque, de preferencia, debería ser el propio Senador quien las respondiera.
Por parte del ex Gobernador o Gobernador con licencia no ha habido presencia en redes sociales. Se ha discutido incluso si se encuentra en Sinaloa o fuera del Estado. Tanto la Presidenta como la Gobernadora (ambas con A) han señalado que sí se encuentra en Sinaloa. Entonces surge otra pregunta: ¿debería el Gobernador hacer alguna declaración? ¿Usted qué piensa?
El ex Alcalde de Culiacán o Alcalde con licencia, al igual que su padrino político, tampoco ha hecho declaración alguna, aunque en su caso no se ha especulado sobre su paradero.
Por su parte, el ex Secretario de Seguridad y el ex Secretario de Finanzas, Gerardo Mérida y Enrique Díaz Vega, han sido “aprehendidos” por Estados Unidos. En el caso del primero, en Arizona, donde al parecer se entregó voluntariamente; y en el caso del segundo, se dice que en Europa, donde aparentemente buscó convertirse en testigo sin éxito.
Volvamos a las dudas: ¿qué cree que pase con lo que declaren ante una Corte estadounidense? En caso de que hagan declaraciones que impliquen alguna actividad ilícita, ¿serán esas declaraciones las famosas pruebas que tanto ha solicitado el Gobierno de México?
Aquí cambiaremos un poco el tema, recordemos que desde que Estados Unidos solicitó la extradición de los 10 sinaloenses, la Presidenta ha señalado que toda extradición debe venir acompañada de pruebas. Resulta curioso cómo el Gobierno de México ha hecho énfasis en la presunción de inocencia y en la necesidad de pruebas, porque si volteamos a ver cómo funciona la presunción de inocencia en nuestro País -y los estándares para que una persona pueda permanecer en prisión-, quizá varios de esos acusados ya estarían sujetos a prisión preventiva (palabra clave quizá).
Y aquí vale la pena hacer una precisión importante: en México, una persona puede permanecer en prisión preventiva sin haber sido sentenciada. En algunos casos por prisión preventiva oficiosa y, en otros, por prisión preventiva justificada bajo argumentos como riesgo de fuga, aun cuando el proceso penal apenas se encuentre en etapa inicial.
Pero bueno, no estamos hablando de personas acusadas por nuestro País, sino por nuestro vecino del norte.
Por cierto: el año pasado la Fiscalía General de la República ejecutó 84 extradiciones a Estados Unidos. En ninguna de ellas pidió públicamente las pruebas que hoy reclama.
