A nuestros políticos les encanta “inaugurar”, “cambiar”, “reformar”. En ocasiones basta un cambio de “forma”, colores, un nuevo diseño y listo: algo viejo se presenta como nuevo. Así parece ocurrir hoy con la “nueva” Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero no nos engañemos: no se trata sólo de un cambio institucional, sino de fondo.
A menos de un año de su integración tras la elección judicial de 2025, los frutos comienzan a materializarse. Por un lado, decisiones como la de esta semana impulsada por la Ministra Lenia Batres, quien promovió un proyecto para frenar una deuda multimillonaria del ISSSTE (organismo encabezado por su propio hermano) y además votó en su aprobación. Se habla de un beneficio que supera los 5 mil millones de pesos.
El proyecto fue aprobado por mayoría, pese a cuestionamientos internos y externos sobre la pertinencia de que la ministra no se excusara. Esto no debería ser un tema menor. La imparcialidad no se presume: se ejerce. Y en este caso la imparcialidad parece ponerse en duda.
Este episodio, que poco abona a la credibilidad de esta nueva Corte, no es aislado. Los tropiezos de la Ministra María Estela Ríos, desde declaraciones hasta imprecisiones jurídicas (el ser divorciado no es un estado civil), tampoco fortalecen la tan necesaria independencia del Poder Judicial.
Usted podría decir que esto es una exageración. Y quizá tenga razón. Pero si exagero, no soy el único.
Dentro del propio partido en el poder ya hay voces que piden “reformar” la reforma judicial. Es decir, replantearla. Incluso, recientemente, la Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció públicamente: “Estamos analizando” la posibilidad de modificar el modelo.
Si esto es exageración, entonces habría que incluir también a la titular del Ejecutivo en ella.
El modelo aún no termina de consolidarse... y ya se está corrigiendo. Lo paradójico es que esa corrección fue advertida desde antes de su aprobación por amplios sectores de la sociedad, incluido el gremio jurídico. En su momento, esas voces fueron descalificadas como alarmistas...hoy, la realidad las alcanza.
Quizá la lección más importante que nos deja esta reforma -y las que vengan- es evidente: la justicia no admite improvisaciones. Se requiere especialización, formación y experiencia para estar al frente de un juzgado, de una magistratura o de la propia Suprema Corte.
Porque, al igual que en la política, lo popular no siempre es lo mejor.
La nueva Corte tiene un desafío enorme: construir credibilidad. Pero con errores, decisiones cuestionables y falta de rigor en los perfiles, ese objetivo se vuelve cada vez más lejano. ¿El riesgo? Nada más y nada menos que: el Estado de Derecho... y, quizá, la propia posibilidad de encontrar justicia en el Poder Judicial.
PD. La semana pasada no pude estar con Usted, le ofrezco una disculpa.