Entre Washington y Palenque, a Sheinbaum se le achica el margen
La relación de México con Estados Unidos está dejando de ser solamente un problema de política exterior para convertirse en una disputa dentro del propio grupo gobernante. Mientras Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch han profundizado la cooperación en seguridad con Washington, personajes cercanos al ex Presidente Andrés Manuel López Obrador presentan investigaciones y decisiones estadounidenses como actos de intervención política. Los casos de Fernando Farías Laguna, Andrés López Beltrán y Rubén Rocha permiten observar cómo esas posiciones empiezan a separarse.
El episodio más reciente ocurrió en una prisión argentina. Félix Helou, abogado del contralmirante Fernando Farías Laguna, acusado en México de participar junto con su hermano en una red de huachicol fiscal, afirmó que agentes del FBI y personal de la Embajada de Estados Unidos se reunieron con su cliente sin la presencia de sus abogados y abordaron asuntos políticos.
Helou sostuvo además que México habría pedido a Estados Unidos intervenir ante Argentina para conseguir la expulsión de Farías Laguna. También cuestionó que las autoridades argentinas optaran por esa vía en lugar de concluir el procedimiento de extradición, que habría implicado una revisión de la causa. “Hoy la verdad material no la sabemos”, resumió.
Helou tampoco presentó pruebas de que García Harfuch hubiera negociado personalmente la entrega durante su estancia en Buenos Aires; únicamente señaló la coincidencia.
Entre el 18 y el 20 de agosto, García Harfuch participó en Buenos Aires en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas organizada por la DEA. Ahí reafirmó la cooperación contra el crimen organizado bajo principios de reciprocidad y respeto a la soberanía. El director de la DEA, Terry Cole, lo presentó como un “socio de confianza y buen amigo de Estados Unidos”.
Mientras García Harfuch exhibía públicamente esa coordinación, Andrés Manuel López Beltrán, Andy, hacía visible una estrategia distinta. Días antes anunció que Estados Unidos había cancelado su visa y difundió una carta dirigida a Donald Trump en la que responsabilizó a Marco Rubio y Christopher Landau, negó actos delictivos y presentó la decisión como parte de una ofensiva política contra dirigentes de izquierda y contra el movimiento encabezado por su padre.
Andy transformó así una decisión administrativa estadounidense en un problema de soberanía e intervención extranjera y estableció una línea de defensa que podría utilizarse si nuevas investigaciones alcanzan a integrantes del gobierno anterior.
Empiezan a distinguirse dos maneras de responder a Washington. Una, vinculada al núcleo más cercano al expresidente, privilegia la resistencia política: denunciar la intervención y cerrar filas frente a expedientes estadounidenses que alcancen a personajes de la llamada Cuarta Transformación.
La otra, encabezada por Sheinbaum y aplicada principalmente por García Harfuch en materia de seguridad, mantiene una cooperación intensa en inteligencia y persecución del crimen organizado, pero intenta establecer un límite: Estados Unidos puede proporcionar información, pero corresponde a las autoridades mexicanas determinar el alcance de las investigaciones y responsabilidades.
Lo que parece observarse es algo más específico: Estados Unidos diferencia entre actores dentro del propio oficialismo mexicano. Coopera con quienes considera interlocutores útiles para sus prioridades de seguridad y presiona o investiga a otros por hechos que considera relevantes para sus intereses. Esto no excluye motivaciones políticas estadounidenses, pero vuelve insuficiente presentar cualquier investigación contra un integrante del obradorismo como prueba de persecución ideológica.
Rubén Rocha Moya es el ejemplo más claro. El 29 de abril, fiscales estadounidenses acusaron formalmente al entonces Gobernador de Sinaloa y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos de delitos relacionados con narcotráfico y armas. Son acusaciones que deben probarse judicialmente y que todo el oficialismo rechazó en un principio.
Sheinbaum consideró insuficientes los elementos presentados para una extradición, pero tampoco presionó para que se le investigara. Rocha pidió licencia y, tres meses después, el 21 de agosto, regresó sorpresivamente a la gubernatura. El movimiento duró poco: el gobierno federal y sectores de Morena se deslindaron, Rocha volvió a solicitar licencia y Sheinbaum calificó su decisión como imprudente e inapropiada.
Por eso el problema de Rocha va mucho más allá de Rocha. Sheinbaum tiene pocas opciones. México puede investigarlo y, si encuentra elementos suficientes, procesarlo en territorio nacional. Sería quizá la salida menos costosa, aunque eso no necesariamente evitaría que Washington inicie nuevos expedientes contra otros exgobernadores, funcionarios, militares o personajes del círculo del gobierno anterior.
También podría permitir eventualmente su extradición, con el riesgo de abrir una confrontación directa con un lopezobradorismo que podría presentar la entrega como una capitulación frente a Washington.
El expediente del huachicol fiscal podría tener más amplias repercusiones. La investigación no se limita a dos mandos navales: involucra empresarios, operadores aduanales y funcionarios del gobierno anterior. Además, han surgido testimonios y señalamientos contra personajes de mayor nivel. Que alguien aparezca mencionado no acredita responsabilidad penal, pero explica por qué importa hasta dónde llegue la investigación y qué acusaciones puedan convertirse en pruebas.
Existe además una posible derivación que por ahora debe mantenerse como hipótesis: Cuba. Algunas publicaciones han planteado que recursos provenientes del contrabando de combustibles pudieron haber salido de México hacia la isla. No existe evidencia pública suficiente para afirmar que la red Farías haya lavado o transferido dinero mediante empresas cubanas, pero una conexión de ese tipo tendría especial interés para Washington.
Este año el Departamento del Tesoro estadounidense ha sancionado redes vinculadas con el contrabando transfronterizo de combustibles desde México y, paralelamente, Washington ha endurecido las sanciones contra GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas. Si se acreditara una conexión entre dinero originado en el contrabando mexicano, funcionarios públicos y estructuras financieras cubanas, el expediente entraría directamente en el terreno de las sanciones y la seguridad nacional estadounidense. Por ahora, esa conexión requiere pruebas.
La tensión fundamental, entonces, ya no está solamente entre México y Estados Unidos. Sheinbaum se encuentra entre dos fuerzas capaces de imponerle costos: Washington exige acciones frente a la información y las investigaciones que ha acumulado; desde el entorno del expresidente se demanda cerrar filas frente a lo que se presenta como intervención extranjera.
La relación bilateral puede terminar definiendo no solo hasta dónde llega la cooperación con Estados Unidos, sino cuánto poder conserva López Obrador y hasta dónde está dispuesta Claudia Sheinbaum a asumir los costos de proteger o deslindar responsabilidades del pasado. Ninguna opción es óptima y cualquiera puede abrir nuevos frentes, tanto con Washington como dentro del propio oficialismo.
Entre Washington y Palenque, el espacio para mantenerse en medio es cada vez menor.
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El autor es Asael Nuche, politólogo e investigador en Causa en Común. Su trabajo se centra en el análisis de riesgos, la prospectiva y la evaluación de políticas e instituciones de seguridad y justicia en México. Ha coordinado investigaciones e informes sobre violencia política, robo de hidrocarburos, militarización y estudios nacionales sobre el desarrollo de policías, fiscalías y sistemas penitenciarios. Redes: @AsaelNG
