EPU 2024 México ante la comunidad internacional: deudas y pendientes en derechos humanos

Cada cuatro años México es evaluado en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el marco del Examen Periódico Universal (EPU). El EPU -sobre el que ya hemos ahondado después de la sesión de evaluación de inicio de año- es un mecanismo por el cual los estados miembros de la ONU son evaluados por sus pares sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En ese contexto, el pasado 5 de julio, el Estado mexicano compareció en Ginebra, Suiza, y fijó su posición sobre las 318 recomendaciones recibidas por parte de 115 países, las cuales constatan, desde la óptica de la comunidad internacional, que el país continúa enfrentando una crisis de derechos humanos.

Si bien México aceptó la gran mayoría de recomendaciones, es importante resaltar que hubo 14 que no fueron aceptadas y sobre las cuales únicamente “tomó nota”, lenguaje diplomático utilizado para rechazar las consideraciones de estos países. Ésta es la primera vez en que México no acepta tal cantidad de recomendaciones. Y más allá de una cuestión cuantitativa, es relevante resaltar que en los temas no aceptados se incluyen aspectos centrales en materia de seguridad, justicia y movilidad humana, que son de suma relevancia para atender la situación actual de derechos humanos que vive el país.

Destaca la cuestión de la creciente militarización, sobre la cual por primera vez en las cuatro evaluaciones que ha tenido el país ante el EPU, se recibieron recomendaciones dirigidas al retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas civiles, el establecimiento de controles civiles externos para que los militares que participan en estas rindan cuentas, el establecimiento de un plan para desmilitarizar la Guardia Nacional (GN) y la investigación de los actos de vigilancia por parte de las fuerzas del orden en contra de población civil.

Frente a ello, el Estado mexicano justificó la no aceptación de esas recomendaciones con argumentos que contrastan con la realidad; por ejemplo, aseveró que la GN se ha consolidado con un mando civil, lo que contrasta con la iniciativa presentada por el Ejecutivo para adscribir esta institución a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que se proyecta ser discutida y aprobada por el Congreso en su próximo periodo de sesiones.

De la misma manera, el Estado se rehusó a aceptar una recomendación dirigida a abordar los casos de vigilancia digital a la población civil por parte de las fuerzas del orden, afirmando que en México no se espía ni se vigila a nadie, aún cuando existe evidencia técnica, de instancias independientes, que demuestra que periodistas y defensoras de derechos humanos han sido espiadas a través del malware Pegasus, presuntamente por parte del Ejército, incluso durante la actual administración federal, como en el caso del Centro Prodh, hechos que no han sido debidamente investigados por las autoridades.

Siguiendo la misma línea, el Estado no aceptó lo recomendado para hacer frente a la situación de desplazamiento forzado interno y la eliminación del orden jurídico de las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa. Sobre lo último, cabe recordar que desde hace años distintos organismos internacionales han hecho llamados a México en este sentido, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que lo ha ordenado en sus últimas dos sentencias contra el Estado mexicano emitidas en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros y García Rodríguez y otro. Sin embargo, como es sabido, distintas autoridades han llamado a incumplir con estas medidas y la cuestión permanece pendiente de dirimirse por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Si bien el Estado mexicano reconoció que persisten desafíos para atender la crisis de desapariciones, la violencia contra las mujeres y la práctica de la tortura, así como para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, comunidades afromexicanas, niñas, niños y adolescentes, personas LGBTIQ+, defensoras de derechos y periodistas, entre otras, es de señalar que su postura sobre lo rechazado no es consistente con el compromiso para atender integralmente sus obligaciones internacionales.

Con todo ello, lo recomendado a México por sus pares debería ser una guía para que las autoridades, y en especial de la próxima administración federal, diseñen e implementen políticas y programas que se dirijan a abordar la crisis de derechos humanos. Las organizaciones de la sociedad civil continuaremos, desde nuestra labor, vigilando las acciones estatales para que se implementen adecuadamente las recomendaciones emitidas y que no sean minimizadas.

-

@CentroProdh

Animal Político / @Pajaropolitico