Ahora sí que ver para creer. Cuando hace nueve años ocurrió la atroz matanza de Ayotzinapa, López Obrador no dudó en culpar al Ejército y, además, calificarlo como un crimen de Estado. Hoy, en el poder, defiende lo contrario. “No es culpar por culpar, no es nada más: fue el Estado y fue el ejército, y ya”. Agrega en su conferencia matutina del 26 de septiembre, “¿Qué fue lo que produjo lo de Ayotzinapa? El autoritarismo del Estado ... Antes de Ayotzinapa ya habíamos pasado por dos elecciones ... si nosotros hubiésemos estado desde el 88, desde el 2006, nada de eso hubiese sucedido ... ahora que estamos nosotros no hay masacres, no hay tortura, no hay persecución a nadie”. ¿De verdad? Esto lo afirmó dos días después del secuestro de siete jóvenes en Zacatecas de los cuáles sólo uno sobrevivió. Contrario a lo que afirma todos los días en su mañanera, Causa en Común ha documentado en el informe Galería del Horror (2023) al menos 191 masacres, es decir, el asesinato de tres o más personas. Suma el informe, 664 casos de tortura.
Este tipo de divergencia entre el discurso y la realidad ha ocurrido todos los días desde que inició el gobierno y deja en claro lo que es y no es el Presidente.
Ante la disyuntiva de calificar al actual gobierno de errático o de incongruente pienso que optaría por lo segundo. Es cierto que López Obrador ha sido errático que se define como aquel “que es imprevisible y caprichoso” o que “yerra o va de un lado a otro sin rumbo”. Aunque es caprichoso y yerra no es ni imprevisible ni va sin rumbo. Lo ha dicho de todas las maneras posibles. A lo que está abocado es a ganar las elecciones sea como sea.
Lo que no hay manera de negar es su incongruencia.
La democracia no ha inventado ningún mecanismo serio para llamar a cuenta a los gobernantes en tiempo real, esto es, durante su mandato. Mucho menos en México donde el Estado de derecho es muy débil y se gobierna con gran impunidad. El mejor que se ha encontrado es el de echar fuera al Presidente cuando hay reelección o a su partido cuando la reelección está prohibida como en México. Esto ocurre cada cuatro, cinco o seis años de acuerdo al país de que se trate.
Este hecho es el que permite que la incongruencia, que no es más que la no correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace (entre el discurso y la realidad) persista durante todo un periodo presidencial.
No entro en el tema de la congruencia entre lo que se prometió hacer cuando se era candidato y lo que se hace cuando se es gobernante por varias razones. Primero, en campaña se dice lo que el ciudadano quiere escuchar para incrementar la probabilidad de ganar una elección. Segundo, las circunstancias -nacionales o internacionales- pueden cambiar durante el periodo de gobierno haciendo imposible apegarse a las promesas. Tercero, se puede haber tenido un diagnóstico inexacto de los problemas y los instrumentos en manos del gobierno para enfrentarlos.
En el caso de la administración se dan los dos tipos de incongruencia. No vale ya la pena adentrarse en el caso de la promesa al electorado de que abandonaría la “fallida y sanguinaria militarización del Presidente Felipe Calderón a la seguridad pública”. Llegó al gobierno y descubrió que era imposible “sacar de las calles al Ejército o regresarlo a los cuarteles de un día para otro”. Tanto como Fox descubrió que el problema de Chiapas no se podía resolver en “15 minutos”. Vaya y pase.
El problema es que la incongruencia ya en el ejercicio de gobierno ha sido sello de esta administración y que el Presidente lo niega en lugar de decir que ha tenido que corregir.
Es entendible que el Ejército haya permanecido como un actor central para enfrentar la inseguridad, aún cuando la “estrategia” haya sido fallida. Pero lo que es una monumental incongruencia es que, como dijo el colectivo Seguridad Sin Guerra, la Guardia Nacional haya sido “una etiqueta para disfrazar a las Fuerzas Armadas de cuerpos civiles”. Mucho mayor la incongruencia de que “si por mi fuera desaparecería al ejército” para luego otorgarles literalmente cientos de funciones que antes pertenecían al ámbito civil y que en cualquier democracia se mantienen en atención a que las fuerzas armadas casi siempre están cubiertas por el manto de la opacidad. Son tantas que no cabe en este espacio una numeralia de dónde se encuentran desplegadas y como mandos medios y superiores de instituciones civiles: desde la seguridad hasta la construcción de los Bancos del Bienestar, desde las aduanas hasta el control de los aeropuertos y del espacio aéreo, desde la construcción del Tren Maya o el aeropuerto Felipe Ángeles hasta su participación en el programa Sembrando Vida.
Cierro. Hay algo en lo que sí ha sido congruente a lo largo de estos cinco años y que no tendría por qué cambiar. Ese algo es su talante autoritario. Más bien habría que decir que López Obrador con lo que ha sido congruente desde un inicio es con un tipo de liderazgo autoritario.
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