En el proceso electoral que recién terminó se vuelve imprescindible volver al gran libro Votes, Drugs, and Violence. The political logic of criminal wars in Mexico, en el que sus autores explican el aumento de la violencia en épocas electorales, entre otros temas. Y es que en estos meses en los que volvieron con más fuerza los asesinatos políticos, así como intimidaciones, secuestros y otros fenómenos de violencia, la claridad de cuáles son sus causas y cómo atacarlas se enturbian. La mayoría de las autoridades gubernamentales culpan directamente al crimen organizado, como si la política no estuviera relacionada; se envían más policías a entidades donde sus candidatos los solicitan... todo se vuelve poco y se pierde de vista de qué está hecha esta crisis: los regímenes subnacionales de gobernanza criminal.
Guillermo Trejo y Sandra Ley plantean que las organizaciones del crimen organizado (OCO) se aprovechan de la corrupción estatal para establecer un ecosistema de coerción, corrupción y criminalidad entre los agentes del estado y ellos, y así contar con protección y acceso a información privilegiada, etc. Los actores gubernamentales amasan fortunas como producto de estas alianzas, las cuales se vuelven estables y con “controlados niveles de violencia” en cuanto los regímenes no cambian. Sin embargo, en un sistema democrático nacional con alta alternancia y cambios de partidos en el poder estos pactos entran en crisis y la violencia se agudiza debido a que los OCO quieren mantener la certidumbre construida con gobiernos en turno e intervienen en los procesos electorales para mantener el statu quo.
Al mismo tiempo, en los últimos años, además de la alternancia política, los cárteles ampliaron sus actividades, interesándose en extraer renta del sector industrial, de personas y de recursos naturales. Por tanto, el control de poblaciones civiles y de gobiernos locales se volvió una prioridad. En este sentido, las organizaciones del crimen organizado buscan controlar de facto gobiernos locales, territorios y poblaciones, para eso se convierten en actores políticos y buscar subvertir el orden democrático.
Debido a que las elecciones se han vuelto más competidas a lo largo y ancho del País, los partidos políticos buscan aumentar su competitividad, aunque en algunos casos ello signifique aceptar candidatos que cuentan con dinero suficiente para poder invertir en sus campañas y, por ende, ganarlas. Evidentemente, los partidos políticos, por un lado, no les interesa ser escrupulosos en quiénes son sus candidatos con tal de ganar y, por el otro, los líderes políticos pueden ahorrarse dinero en campañas que son “autofinanciables” para poder “reorientar” esas sumas de acuerdo con sus intereses.
Con estos incentivos de ambos lados, se dan múltiples posibilidades de coexistencia entre el estado y el crimen. Al final de cuentas, en algunas regiones del país los candidatos ganadores se vuelven los líderes de facto de los OCO. En este contexto, la competencia política es tratada de igual forma como se trata a la competencia en el crimen organizado, con violencia y muerte. Esto es lo que se podría denominar regímenes subnacionales de gobernanza criminal, que puntualmente son los acuerdos locales de facto por los cuales grupos del crimen organizado toman el control de poblaciones, gobiernos y territorios para controlar la hacienda, tener el monopolio de la violencia, influir en las elecciones locales, regular la economía local y el submundo del crimen.
¿Qué hacer ante este problema? Para atacar efectivamente el asunto de la llamada narcopolítica se requerirían medidas integrales del estado que pueden ir de la legalización de un grupo de drogas al verdadero desarrollo social, sin embargo, ese análisis sobrepasa los objetivos de este artículo. No obstante, se debe incluir este lacerante tema en la reforma electoral que posiblemente está en puerta. Por ejemplo, sumar como una causal de pérdida de registro a los partidos políticos que en una sección/distrito electoral, municipio o estado postulen candidatos que se compruebe pertenecían al OCO al momento de la elección o bien que estén en investigación por delitos asociados al crimen organizado ante dos o más autoridades, incluyendo las de otros países. Crear un mecanismo entre el INE y los partidos políticos en el que cuando un candidato tenga investigaciones abiertas en la materia, las fiscalías den información de las mismas para que se tenga un filtro mayor en la valoración de esas candidaturas. En conclusión, se necesita quitar los incentivos que tienen los partidos y políticos de sumar a sus filas a las OCO.
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