El reciente triunfo de los trabajadores jubilados y los estudiantes universitarios en el Congreso del Estado de Sinaloa, en defensa de los derechos laborales y democráticos, representa también una victoria para toda la comunidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Así como, marca el cierre de un capítulo ominoso en su historia reciente.
La firmeza de los jubilados y la valentía de los jóvenes estudiantes fueron decisivas para frenar la llamada reingeniería financiera, que pasaba por encima de los derechos laborales establecidos en el contrato colectivo y de los derechos democráticos de los estudiantes en la vida universitaria.
Debe reconocerse también el papel de los diputados que respaldaron esta iniciativa y escucharon con atención los argumentos de los manifestantes, quienes con convicción y fundamentos sólidos buscan soluciones a la crisis financiera y estructural que enfrenta la institución rosalina.
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, presidida por la Diputada María Teresa Guerra Ochoa, emitió el Acuerdo Número 69, que establece una postura clara ante el conflicto universitario.
El documento dispone: 1) respeto íntegro a la Ley Orgánica de la UAS en los procesos de elección de consejeros universitarios y técnicos; 2) cese inmediato de toda forma de hostigamiento y acoso contra estudiantes y trabajadores; 3) respaldo a la gratuidad educativa; 4) respeto irrestricto a los derechos laborales de trabajadores activos y jubilados; 5) realización de una auditoría forense en todas las áreas de la UAS, y 6) creación de una mesa de diálogo y negociación.
La Jucopo, además, se compromete a impulsar reformas legales que garanticen la democratización de la Universidad.
Los estudiantes han asegurado su participación libre en los procesos electorales universitarios y la defensa de la gratuidad educativa, dos derechos vulnerados. No es cosa menor, su victoria en el Congreso sienta las bases para desmontar las estructuras de control que operan en los consejos técnicos y universitarios.
La pluralidad debe sustituir la voz única promovida por la Administración Central que ha dominado las decisiones institucionales y que ha contribuido al déficit financiero, académico e intelectual que padecemos.
La era de las planillas únicas en las unidades académicas, que servían intereses políticos ajenos al quehacer académico, debe quedar atrás. En esa estructura se gestaron las raíces de la actual crisis universitaria; por eso el logro de los estudiantes tiene un valor especial.
La marcha hacia la gratuidad educativa también ha iniciado, aunque su consolidación exigirá perseverancia. Este avance debe celebrarse, pero también exige preparación y compromiso.
Es fundamental proteger la integridad, los valores y la formación educativa de nuestros estudiantes, especialmente de quienes han enfrentado con determinación la difícil situación actual.
Deben sancionarse con contundencia los intentos de reprimirlos o coaccionarlos. Se ha documentado que algunos funcionarios intentaron cooptar estudiantes mediante dádivas o presiones, acciones que vulneran su libertad y principios.
Estos jóvenes han demostrado convicción y valentía; lo mínimo que podemos hacer es defenderlos con la misma determinación con la que ellos han defendido los derechos de todos.
Asimismo, las suspensiones arbitrarias de clases en preparatorias y facultades deben investigarse, y los responsables rendir cuentas, pues atentar contra el derecho a la educación es inaceptable.
Los jubilados, por su parte, lograron que se respeten sus derechos establecidos en la Ley Federal del Trabajo y en el Contrato Colectivo. Su triunfo beneficia no sólo a ellos, sino a todos los trabajadores universitarios.
Gracias a su esfuerzo, se ha logrado abrir la puerta a una auditoría exhaustiva de las finanzas universitarias, paso ineludible para entender y corregir el origen de su déficit.
Su lucha también ha permitido recuperar la libertad de expresión dentro de la institución, que esperamos de la pauta para superar una etapa de 20 años marcada por la censura y la represión.
Asimismo, han puesto en la agenda pública la necesidad de transparentar los procesos electorales universitarios, afectados por prácticas antidemocráticas en la elección de autoridades y representantes.
Ahora que se ha recuperado la voz, debemos expresarnos y apoyar abiertamente a los jubilados y estudiantes. Cada acción cuenta, desde compartir sus mensajes, asistir a sus reuniones o simplemente reconocer su esfuerzo. Gracias a ellos, se defienden los salarios y los derechos de toda la comunidad universitaria.
Un nuevo capítulo de lucha se abre en la víspera del fin de año. Es momento de que, siguiendo el ejemplo de estudiantes y jubilados, los trabajadores activos contribuyamos a transformar la Universidad hacia un rumbo más académico, plural y libre.