Evidencia versus Adjetivos

02/03/2022 04:02
    Todavía el lunes pasado el Presidente reclamó que, ‘los periodistas que participaron en esto no son capaces de ofrecer una disculpa... de decir nos equivocamos’... No veo por qué habríamos de hacerlo cuando no se ha podido refutar ni un solo dato de la investigación original -ni de las subsiguientes- y cuando los involucrados han confirmado la información proporcionada.

    El 27 de enero, hace más de un mes, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Latinus dimos a conocer la investigación sobre lo que después fue bautizado como “La Casa Gris”. Desde entonces, MCCI y Latinus han sido denostados prácticamente todos los días en las conferencias matutinas. Las descalificaciones no se han limitado a las dos organizaciones. Pasaron al plano personal de quienes las conducen -particularmente a Carlos Loret y, también a la que esto escribe- y a los periodistas que llevaron a cabo la investigación, en especial a Raúl Olmos, director de la Unidad de Periodismo de Investigación de MCCI. Más todavía, se profirieron ofensas e injurias contra periodistas y medios que reprodujeron la investigación o que indagaron más allá sobre el mismo tema proporcionando nuevos datos.

    Los insultos e imputaciones incluyeron adjetivos como golpeadores, mercenarios corruptos, sin escrúpulos morales, vendidos, traidores a la patria, informantes del extranjero, defensores de privilegios y representantes de intereses de gobiernos extranjeros y empresarios que les dictan línea.

    Tener una opinión distinta a la del Presidente no configura delito alguno. Tampoco es un delito poner en claro los resultados de una política pública, mostrar índices de desempeño o develar un presunto acto de corrupción.

    La indiscutible intención de dañar la reputación de organizaciones y personas no se sustenta en evidencia alguna. Se basa en el uso y abuso de la palabra presidencial. Más grave todavía, se basa en el uso y abuso de información confidencial en manos de instituciones controladas por el Ejecutivo y que es utilizada políticamente, más allá de sus atribuciones constitucionales y legales. Tal fue el caso cuando se revelaron en la conferencia matutina los supuestos ingresos de Loret de Mola o, meses antes la identidad de los donantes de MCCI. O, de verdad ¿alguien se cree el cuento de que los datos divulgados fueron entregados al Presidente por el pueblo?

    La vigencia de la investigación de “La Casa Gris” persiste aunque en las mañaneras se ha tratado de llevar la discusión a presuntas intenciones perversas de quienes hacemos nuestro trabajo independientemente de quiénes sean los sujetos de nuestras pesquisas y quiénes sean nuestros donantes o patrocinadores.

    Entre todas estas descalificaciones no ha habido argumentos o pruebas que hasta el momento hayan podido desmentir la investigación. Los resultados de la misma se mantienen: los datos presentados por MCCI y Latinus apuntan a actos irregulares que merecen ser investigados por las autoridades correspondientes o, al menos, intentar ser invalidados por los sujetos involucrados. No ha ocurrido ni lo uno, ni lo otro. Jamás un periodista se erige en juez. Nos queda claro nuestro papel. Aportamos elementos para que se haga una denuncia formal y se abra una investigación administrativa o judicial, se determine si hay falta o delito como el conflicto de interés o el tráfico de influencia y, se proceda conforme a derecho.

    Todavía el lunes pasado el Presidente reclamó que “los periodistas que participaron en esto no son capaces de ofrecer una disculpa... de decir nos equivocamos”.

    No veo por qué habríamos de hacerlo cuando no se ha podido refutar ni un solo dato de la investigación original -ni de las subsiguientes- y cuando los involucrados han confirmado la información proporcionada: el matrimonio de López Beltrán y su esposa Carolyn Adams habitó una residencia en Houston entre 2019 y 2020 cuya propiedad era de un alto directivo de Baker Hughes, y que esta compañía recibió 151 millones de dólares, misma cifra que subió a 194 millones de dólares (Reforma, Peniley Ramírez) en el mismo periodo. Más aún, el director de Pemex reveló que Baker Hughes triplicó sus ingresos en el actual gobierno al pasar de 2 mil 900 millones de pesos en 2018 a 8 mil 859 en 2021 y pasó de ocupar el sitio 13 al sitio 7 entre los proveedores con más pagos de la paraestatal.

    El reportaje consigna hechos y datos confirmados que apuntan al conflicto de interés y/o al tráfico de influencia. Como dije antes, corresponderá a las autoridades mexicanas (FGR) y en su caso a las estadounidenses (SEC y DOJ) determinar si ocurrieron los ilícitos. No a los reporteros, quienes cumplieron con su trabajo de documentar e informar. Tampoco a Baker Hughes, que entregó a Pemex un informe de un auditor negando que hubiera un conflicto de interés.

    De un lado pues, ha habido una investigación que hasta el momento no ha sido desmentida y que responde a criterios periodísticos que cumplen con los más altos estándares. Del otro, un conjunto de adjetivos sin sustento que buscan lesionar la credibilidad, la reputación, el trabajo y la existencia misma del periodismo de investigación independiente a través de la intimidación.