Extorsiones en Sinaloa, ¿mal menor?
Miedos que la narcoguerra invisibiliza

Será que a Sinaloa le dan buenos resultados los operativos sorpresivos que la Secretaría de Seguridad Pública implementa en los penales para decomisar equipo de telefonía celular y de Internet satelital, porque no aparece entre los estados con altos índices en la comisión del delito de extorsión a pesar de que hay evidencias de corrupción en el rápido reabastecimiento que logran los reos inmediatamente después de la incautación de la tecnología para la comunicación.

De cualquier forma, sea o no el estado un caso de éxito en cuanto al desmantelamiento táctico de este tipo de delincuencia, sí debe participar en la Estrategia Nacional contra la Extorsión que el domingo puso en marcha Omar García Harfuch, zar mexicano materia de combate al crimen. La menor incidencia no da, ni por asomo, para que las autoridades se echen a dormir sobre los laureles.

Es muy distinto a que el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Guerrero concentren el 66 por ciento de estos ilícitos, pero de eso a que Sinaloa esté exento de dicha violencia, falta mucho para lograrlo. Siguen los reportes de que en Mazatlán, Ahome y Culiacán la población y sectores productivos reciben llamadas donde supuestos operadores de una facción del Cártel de Sinaloa ofrecen protección contra el otro grupo de la organización del narcotráfico, presentándose unos como los protectores contra otros que dibujan como más sanguinarios.

Esta industria criminal es invisibilizada en Sinaloa por varias razones. La principal es que en el inventario de la narcoguerra atroz la extorsión es una amenaza más, de menor importancia que los homicidios dolosos, desapariciones forzadas y el catálogo de despojos de patrimonios personales o de empresas. Lo otro tendría que ver con la inmersión táctica frecuente y sorpresiva del Ejército y Policía en reclusorios de Mazatlán, Culiacán y Los Mochis donde están los equipos de comunicación con los cuales la delincuencia contacta a las víctimas. Lo tercero se debe a que los afectados poco denuncian pues han procedido a esquivar por sí mismos las redes del amedrentamiento en las que quieren hacerlos caer.

Pero sí nos afecta y según sean los descuidos o excesos de confianza nos podría golpear más duro. Sin haber datos completos sobre los casos de extorsiones en Sinaloa, y predominando la cifra negra por delitos no denunciados, la Vicefiscalía de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado estima que desde septiembre de 2024 a la fecha, en la etapa identificada como narcoguerra, la incidencia registra un aumento del 30 por ciento con relación a años anteriores.

Y la Universidad Nacional Autónoma de México y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública estiman que cada año estos grupos delictivos obtienen alrededor de 100 mil millones de pesos, a los cuales hay que agregarles 104 mil millones de pesos que el sector privado calcula son trasladados a los consumidores por la necesidad de invertir en seguridad y pago de extorsiones.

Vale reconocer que Sinaloa no se parece a la grave práctica de extorsión que diezma a los aguacateros y limoneros de Michoacán donde los perpetradores pertenecientes a tres organizaciones criminales poseen información de las cosechas de cada productor, los precios a que vende, y les fijan tarifas conforme los volúmenes y ganancias. Ni a Guanajuato, donde la tasa de afectados por el ilícito creció de 4.90 por cada 100 mil habitantes en 2024, a 7 por cada 100 mil habitantes en 2025.

Pero la realidad sí exhibe focos rojos muy concretos en Eldorado, La Cruz, Villa Juárez, Juan José Ríos, Villa Unión, San Ignacio y El Quelite con casos de grupos armados que llegan a establecimientos de diferentes giros comerciales y les fijan el pago de una cuota mensual que fluctúa entre los 15 mil y 30 mil pesos mensuales para permitirles trabajar en paz. Por fortuna, enseguida intervienen los sicarios rivales a los extorsionadores, que instruyen a las víctimas para que ignoren la amenaza y no cubran el derecho de piso exigido.

Aquí es más el miedo que dispersan los malhechores, que el número de incautos que caen en el chantaje. Es verdad que las llamadas proceden de teléfonos difíciles de rastrear, que la capacidad de intimidación induce a la presa al terror y desde allí la manipula para que acceda a atender las peticiones. Los extorsionadores tienen a la mano algunos datos sensibles de la víctima, le hacen creer que la vigilan, hasta acorralarla en la decisión de colaborar.

Estamos mejor, sí. Pero seremos muy propensos a que la extorsión se dispare una vez que los cárteles lleguen al agotamiento de sus finanzas debido a que la narcoguerra les sale muy cara y el negocio de las drogas ilícitas fue pausado durante meses.

Le asestamos una traición,

A nuestra miedosa conciencia,

Al decirle que en extorsión,

Nos trata bien la delincuencia.

Con el arribo ayer a Navolato de 200 elementos de la Marina Armada de México se le da respuesta a la preocupación que han expuesto ante el Gobierno federal el Gobernador Rubén Rocha Moya y el Alcalde Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza para que ese pequeño bastión del paraíso llamado Altata se mantenga en paz como remanso ideal para el reencuentro de los pacíficos. Pero necesitamos los culiacanenses y navolatenses ir allá a demostrar que necesitamos ese pedacito del edén para con sol, arena y mar desalojar nuestras zozobras.