Feminicidios, vergüenza para Sinaloa
Prueba decisiva en seguridad pública
Después del cónclave del aparato federal que ofrece pacificar a Sinaloa, realizado el lunes en Mazatlán, la atención a los homicidios dolosos contra mujeres sería una primera señal del restablecimiento de la seguridad pública en la cuenta regresiva que el Gobierno inició al destacamentar en el sur del estado más efectivos, tecnología, equipo aéreo y terrestre, así como labor de inteligencia. Los feminicidios son la herida que más sangra en la acometida criminal contra todo y todos en esta tierra de nadie.
Es que el largo tiempo de la narcoguerra, enorme en días transcurridos y por el número de mujeres inmoladas, insta a ser más eficaz y expedito al Gabinete de Seguridad Nacional y a las fiscalías generales de la República y del Estado, porque por cada una de ellas sacrificada también muere la sociedad que se siente más próxima al paredón instalado por asesinos que igual fusilan la esperanza de paz y confianza en que el Estado garantice la vigencia del orden constitucional.
La atípica incidencia de víctimas letales del sector femenino, cuyo comportamiento no registra antecedentes similares en anteriores ajustes de cuentas entre capos y organizaciones del narcotráfico, reclama la acción también diferente de las fuerzas armadas e instituciones policiacas y de procuración e impartición de justicia, que de manera conjunta deben presentar la correspondiente estrategia especializada y, cardinalmente, el buen resultado de la contención de estos crímenes y las impunidades derivantes.
Y allí está Mazatlán, centro turístico que para la Federación significa la prueba crucial en materia de combate a la delincuencia y reposicionamiento de la estabilidad para la gobernabilidad, que en once días de noviembre registró cinco casos de mujeres asesinadas, sucesos recurrentes de alto impacto que retan la gran maniobra militar y policial para la pacificación mazatleca, que el 9 de noviembre recibió el banderazo de la Sedena, Semar, Ssypc y Guardia Nacional.
En el balance que se realice sobre los resultados del combate a la narcoguerra, el apartado de feminicidios constituye una de las marcas más horrendas, igual que las agresiones a los niños y las cicatrices de las privaciones ilegales de la libertad y desplazamiento forzado por las armas de los facinerosos. El contraste, si se quisiera hallar alguno, tiene que ver en que para las desapariciones y éxodos a consecuencia de la acción del narco sí existen políticas públicas y para los casos de ataques letales a mujeres no las hay.
La estigmatización de Sinaloa en lo nacional e internacional tiene bastante que ver con los 146 feminicidios cometidos en lo que ha transcurrido de los cuales nueve corresponden al mes de noviembre en curso en la secuencia alarmante de 23 hechos en agosto, 26 en septiembre y 22 en octubre. Esto habla de virajes en el viejo “código de honor” que estuvo vigente mientras Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán Loera lideraban el Cártel con la consigna de respetar la vida de infancias y de mujeres.
Los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; de Marina, Raymundo Pedro Morales y de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, han procedido en sus visitas a Sinaloa a manejar los feminicidios como parte del todo que es la violencia entre grupos confrontados del narcotráfico. Tampoco han establecido protocolos de seguridad que atenúen el problema y pongan a disposición de la Ley a los responsables de estos crímenes.
A principios de octubre la Gobernadora Graciela Domínguez Nava dio a conocer la implementación la estrategia transversal y de seguridad con perspectiva de género cuyos objetivos son inhibir la comisión de este tipo de delitos a corto plazo a través de la prevención y el seguimiento institucional. Aunque se desconocen los resultados de los posteriores 45 días, la calle continúa reportando a mujeres ultimadas por las balas de los sicarios.
Inclusive en febrero de 2020, al desempeñar Domínguez Nava la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, consideró que los feminicidios “constituyen una vergüenza para cualquier sociedad”. Ahora, al ocupar la titularidad del Ejecutivo estatal, las circunstancias de barbarie y horror la calan a ella y al Gabinete de Seguridad estatal y nacional en la voluntad de quitarle a Sinaloa esa afrenta que le recalca la percepción de tierra bárbara e indómita.
Que entienda bien el Gobierno,
como vital de sus deberes,
sacar ilesas a mujeres
del sinaloense infierno.
El nombramiento que la Gobernadora Graciela Domínguez le concedió a José Alfredo Beltrán como subsecretario de Transparencia y Contraloría Social trae implícito el compromiso por la rendición de cuentas y el acceso a la información. Tal distinción honra tanto la probada e intachable trayectoria del periodista en favor del derecho a la información, así como enaltece a la Mandataria al optar por un perfil que reforzará la lucha anticorrupción en Sinaloa. Sin duda Beltrán Estrada hace suya la tarea encomendada de “garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a programas de desarrollo social”.
