Fiscalía Especial: la imperiosa pausa
El Congreso abre cauces a acuerdos
Dando muestras de que la 65 Legislatura del Congreso del Estado escucha y entiende a ciudadanos que son la razón de ser del parlamentarismo consensuado, la Asamblea bajó ayer del orden del día la segunda lectura y probable aprobación de iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que proponía que los delitos contra ambos gremios los atendiera la Vicefiscalía de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado. El aplazamiento permitirá darles forma a acuerdos que fortalezcan el amparo a estos sectores cardinales para impulsar y vigilar el cumplimiento de garantías constitucionales.
En binomio de Legislativo y sociedad civil debe prevalecer en la premisa de que las leyes a crear o reformar signifiquen poner a la vanguardia los intereses generales por encima de todo. Hacer válida la consigna “dentro de la Ley todo, fuera de la Ley nada” tomando en cuenta que para lograrlo sale sobrando el parlamentarismo a hurtadillas del pueblo que huele a viejo; es viejo. Por eso cuando la Cámara local accede a instalar una mesa de diálogo en la materia de defensa de periodistas y activistas se robustecen propósitos en los que entre más avenencia haya resultan mayormente legitimados.
Y sí predominó tal divisa cuando la tarde del miércoles 26 de febrero integrantes de la Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos nos reunimos con la Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo, Diputada María Teresa Guerra Ochoa, y la Secretaría General del Congreso, Consuelo Gutiérrez, en un productivo cruce de opiniones respecto a qué conviene más para avanzar en la protección de comunicadores y activistas en lo que concierne a contar con la mejor instancia ministerial dedicada a acopiar, investigar y consignar casos de agresiones.
Un día antes, el mismo organismo que nació en 2022 para el seguimiento y acompañamiento de la implementación de la Ley de Protección, se reunió con la Fiscal General Claudia Zulema Sánchez Kondo en la búsqueda y gestión de que la institución ministerial que resulte sea el ente adecuado que tape el hoyo negro y elimine el archivo muerto en los que yacen las denuncias de periodistas y luchadores sociales por los ataques que reciben en el desempeño de tales actividades.
En ambos casos la cuestión giró en torno a la omisión de la consulta a los gremios amparados al proponer el Congreso la reforma al artículo cuarto de transitorios de la Ley de Protección para que en vez de poner en funcionamiento la Fiscalía Especializada que la legislación dispone, crear la Unidad Especializada que, siendo sinceros, en la bruma de la desinformación impide distinguir entre una y otra opción. El simulacro de unilateralidad parlamentaria no era no es opción.
También agreguemos al desarrollo de este tema el amparo indirecto que Iniciativa Sinaloa, centro de investigación ciudadana, interpuso contra el Congreso de Sinaloa a finales de enero, y que fue admitido por un Juez de Distrito, reclamando la omisión legislativa consistente en que a casi tres años de aprobada la Ley de Protección no se ha creado la correspondiente Fiscalía Especializada.
Cuando el desempeño de la labor periodística y la intensa expectativa de respeto a los derechos humanos se hallan en alto riesgo debido a la violencia que deriva de la narcoguerra, que después de casi un semestre no permite conjeturar finales ni salidas, nada experimental o improvisado puede aceptarse en lo que respecta a libertad de expresión, derecho a la información y preponderancia de las garantías individuales.
Aquí cabe la acotación pertinente de que esto no es juego de vencidas. Tampoco es berrinche de algunas de las partes ni solicitud de que se instale el régimen de excepciones para periodistas y colectivos de derechos humanos. Se trata de que Legislativo, periodismo y ombudsman interactúen entre sí con tal voluntad de colaboración que haga posible enmendar la omisión de la Fiscalía que debió funcionar desde julio de 2022. Colocarle el cerrojo de la simulación a la larga lucha que llevó a contar con la Ley de Protección sería tan inadmisible como insensible.
Pero no parece ser el caso del disimulo. Quedan algunas semanas para revisar las propuestas, empatar las expectativas y decidir por lo mejor. Ninguna posibilidad está cancelada; sólo se trata de construir puertas seguras hacia la protección fundada en la Ley y la obligación de hacerla cumplir.
No se trata esta cuestión,
De Fiscalías de paja,
Ni de amarrar navaja,
Sino de mejor protección.
En tiempos de mostrar con la mayor exposición posible los valores y ejemplos como baluarte del Sinaloa refulgente, el Congreso del Estado aprobó ayer inscribir con letras doradas el nombre de la medallista olímpica María del Rosario Espinoza en el Muro de Honor del Salón de Sesiones, así como otorgar la suma de 40 mil pesos a quien reciba la distinción de la Medalla de Honor “Dra. Norma Corona Sapién”. Además, tomó la decisión de nombrar al destacado historiador Rigoberto Rodríguez Benítez como nuevo titular de la Dirección de Archivos del Poder Legislativo. Buena jornada de rendirles honores a quienes honores merecen.
