Gobernador sin fuero, ejemplo y moraleja. Obra a seguir por el sistema anticorrupción

Aparte de ser un absurdo jurídico, constituye discriminación el hecho de que un ciudadano común sí pueda estar en todo momento a disposición de la justicia y no aquel que desempeña altos cargos de la función pública, criterio político que, de haber sido eliminado antes a tono con la tendencia a la igualdad de derechos y obligaciones, habría requerido de varias prisiones para castigar a malos funcionarios. Es una desgraciada realidad que, por fortuna, está por terminar en Sinaloa.

Es que aquí en cuanto a delitos cometidos por servidores públicos no habíamos dado pasos más allá del mea culpa murmurado en los sótanos de poder como trámite de la absolución. Los anteriores gobernadores temieron abrir ese ancho portón por miedo a ser los primeros en cruzarlo, prefiriendo fomentar escondrijos como la disculpa pública, primer reducto de la impunidad, o la evidencia de delitos de corruptelas y peculados jamás castigados, negligencias caras que fueron socavando la fe en las instituciones y fortaleciendo la noción de que la ley se le aplica solamente a los bueyes del compadre.

Esto podría acabar si, a tono con la legislación nacional en materia de fuero constitucional, el Congreso del Estado aprueba la iniciativa que dio a conocer en La Semanera de ayer el Secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, para retirarles la prerrogativa de intocabilidad legal al Gobernador e integrantes del Gabinete en turno, a los presidentes municipales y colaboradores, y tal vez a toda mujer u hombre que siendo remunerado por el erario incurra en hechos ilícitos.

La iniciativa contiene reformas al Artículo 135 de la Constitución de Sinaloa y a los párrafos segundo y tercero, éste para quedar de la siguiente manera: “se requiere declaratoria previa del Congreso del Estado, erigido en Jurado de Acusación por mayoría absoluta de los diputados presentes de que ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado, tratándose de delitos atribuidos a diputados de la Legislatura local, magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, jueces de primera instancia, presidentes municipales y titulares de órganos constitucionales autónomos, quienes serán juzgados por la autoridad competente”.

“El Gobernador del Estado durante el tiempo de su encargo podrá ser imputado y juzgado por delitos contra el servicio público cometidos por los servidores públicos y todos aquellos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana, previa declaratoria de la Legislatura, y será juzgado por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado”. Y luego los incisos: primero, “el presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”; segundo, “se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto” y, tercero, “el Congreso del Estado deberá realizar las reformas a la legislación correspondiente dentro de los noventa días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto”.

En materia de supresión de la inmunidad procesal a servidores públicos Sinaloa se pone a la par con la exigencia de establecer en lo estatal el banquillo de la justicia como lugar donde democráticamente todos los gobernantes deban responder todos por los ilícitos consumados. En Jalisco, por ejemplo, la eliminación de tal coraza se realizó en 2016, y en el ámbito federal el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo hizo en 2021, empezando por quitarse él mismo el fuero.

El Gobernador Rubén Rocha, aunque ya aplicó recientemente el prototipo de “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie” con la destitución del Secretario de Turismo, Luis Guillermo Benítez Torres, para que éste en automático perdiera el fuero que tenía como miembro del Gabinete estatal, y por la vía fast track responda ante los órganos ministeriales y judiciales por posibles delitos que cometió siendo Alcalde de Mazatlán, elevó a categoría constitucional la medida que le tumba a sus colaboradores el escudo de protección y considera que tal acto “marcará un antes y un después en el ejercicio de la administración pública, ya que no habrá fuero e inmunidad que proteja a los funcionarios que obren de manera contraria a la legalidad y rectitud en el ejercicio de sus funciones”.

Lo que sigue es fortalecer la reforma al 135 constitucional con la activación de otras instancias y disposiciones que inhiban la cauda de exenciones dadas a quienes están o lleguen a los cargos de Gobierno. Terminar la obra iniciada por el Gobernador hasta que a los entes obligados les caiga el 20 de la trascendencia de no solo ser honestos sino esencialmente parecerlo y la sociedad les crea que lo son.

Y también que los sistemas estatal y municipal anticorrupción, órganos internos de control, Auditoría Superior del Estado y Fiscalía Anticorrupción hagan la chamba que les toca para combatir la impunidad, ya que una cosa es quitarles el fuero a los funcionarios estatales y otra muy distinta que las carpetas de investigación, endebles por omisión o colusión, continúen proveyendo de impunidad a los servidores públicos.

Hoy ladrón y mañana impune,

Es un sofisma certero,

Porque a robo y burla los une,

El pegamento del fuero.

Hace bastante tiempo que ningún Gobernador se había puesto tan enérgico con los prestadores del servicio del transporte de pasaje urbano, como hoy lo hace Rubén Rocha Moya al advertir del retiro de las concesiones si continúan las quejas de los usuarios y choferes. Tal vez por la acostumbrada permisibilidad oficial los empresarios del sector se han reído del Gobierno más de lo que se ríen de los payasos los públicos en los circos. Urge que tal principio de autoridad se ejerza y acabe el engaño de aquellos que ofrecen mejorar la atención y en cuanto logran el aumento de tarifas fingen amnesia.