Gobernadores de Sinaloa y el narco
Medio siglo: USA acusa y nada pasa
Aprovechando la coyuntura que abrió ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum al inducir la posible motivación política en las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el Gobernador Rubén Rocha y nueve personas más, lo cual dio pauta a una jornada de adhesiones para el Mandatario estatal, resulta conveniente revisar cómo durante más de medio siglo han sucedido episodios similares a la embestida que Donald Trump lanza desde Washington pegándole duro a la estructura de la Cuarta Transformación en Sinaloa.
Está documentado a suficiencia que al menos desde 1967, en el período de Leopoldo Sánchez Celis como Gobernador, Estados Unidos a través del Departamento de Justicia o de la Agencia Antidrogas ha realizado acusaciones contra los mandatarios estatales en turno y en los hechos no ha pasado nada, más allá de los escándalos que a la postre desaparecen en la memoria social sin capacidad para retener y procesar a largo plazo las vertiginosas acometidas del crimen organizado y asociados.
Ha sido repetitiva también la maniobra cíclica que a río revuelto le saca provecho a los expedientes que salen de la Casa Blanca, los amagos de la Oficina Oval respecto a la intervención en México para abatir el trasiego y violencia de drogas ilícitas, las crisis políticas que antes en Los Pinos eran como hoy lo son en Palacio Nacional. Y enseguida la calma que distiende la relación binacional.
Recordemos que la narcopolítica en Sinaloa ha operado como el petate del muerto para someter a instituciones y políticos a los designios de Estado Unidos. En bastantes ocasiones el Gobierno estadunidense presidido en aquel tiempo por Lyndon Baines Johnson dirigió sus investigaciones contra la administración de Sánchez Celis acusándolo de tener como custodio a Miguel Ángel Félix Gallardo y sostener trato con éste al erigirse posteriormente como jefe del Cártel de Sinaloa. El capo de moda fue padrino de bodas de uno de los hijos del entonces Gobernador, Rodolfo Sánchez Duarte, quien supuestamente fue asesinado por órdenes de su padrino.
Posteriormente, en sexenio de Antonio Toledo Corro, de 1981 a 1986, la narcopolítica fue tomando el control de la administración pública estatal, documentando la DEA vínculos e injerencia directa de Félix Gallardo con el toledismo y la correspondiente exigencia de Ronald Reagan para romper este vínculo. Estados Unidos clasificó en los 80 al narcotraficante como zar de las drogas en México y evidenció que éste aterrizaba sus aviones en la pista del rancho Las Cabras, propiedad que quien desempeñaba el cargo de Gobernador.
Luego vino el turno de Francisco Labastida Ochoa, Gobernador de 1987 a 1992, quien traía como principal objetivo combatir el narcotráfico y la narcocultura, sin embargo, el entonces Presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari ordenó por sugerencia de su homólogo norteamericano, George Bush, la operación para detener la infiltración del narcotráfico en las policías de Sinaloa con el “cuartelazo” que significó la detención de Arturo Moreno, jefe de la Policía Judicial; Enrique Corza Marín, subdelegado de la Campaña contra el narcotráfico, y Robespierre Lizárraga Coronel, director de la policía de Culiacán. FLO alegó que desconocía tal situación porque sus informantes le fallaron.
De 1999 a 2004 Juan Millán Lizárraga cargó con la pesada leyenda de que a su despacho llegaban maletas repletas de dinero como diezmo pagado por el narcotráfico, lo cual negó desde su función de Gobernador hasta que el 11 de septiembre de 2004 quedó en evidencia que su jefe de la Policía Ministerial, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, les otorgaba protección a los cárteles de Juárez y Sinaloa. Ese día fue abatido en Culiacán Rodolfo Carrillo Fuentes, el hermano menor de Amado Carrillo, “El Señor de los Cielos”, quien traía como guardaespaldas a un comandante de la PME.
En el gobierno de Jesús Aguilar Padilla, de 2005 a 2010, el Gobierno de Estados Unidos lo investigó por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa, y el político de Palmitas lo negó una y otra vez, hasta que el expediente acabó en algún archivo de la DEA. Y después le tocó turno a Mario López Valdez (2011-2016) que en pleno ejercicio del cargo fue acusado por su guardaespaldas, el policía estatal Frank Armenta, a través de un video en el que afirmaba que Malova habría asistido al inicio de su gestión a una “reunión de trabajo” en Quilá a la que asistieron también Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán, para acordar cómo el CDS tomaría el control absoluto de la entidad.
Todos estos momentos de la narcopolítica en Sinaloa fueron registrados y en la mayoría de los casos atizados por la DEA para reavivar la pugna eterna por la supervivencia del siamés gobierno-crimen organizado. Hoy vale la pena hacer el pase de lista para pronosticar la eventual vigencia breve, con posible salida diplomática-política, de la acusación que el Departamento de Justicia instaura contra Rocha y coacusados. Esto parece ser el mismo montaje del Tío Sam, de corolario aburrido por lo predecible que es.
En Sinaloa no querrán cortarle,
Cabezas a la narcopolítica,
Porque mil nuevas podrían brotarle,
Como a aquella Hidra mítica.
Consumación de una sentencia anunciada, ayer fue asesinado el recién electo dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, Homar Salas, después de que salió ileso del atentado del 18 de febrero. No pudo tomar posesión del cargo al atravesársele la enorme interrogante de por qué no se le otorgó protección si las autoridades sabían que la amenaza letal siguió latente.
