Cada gobierno tiene su complejidad, la toma de decisiones en el ejercicio del poder genera satisfactores y externalidades. Gobernando no se puede estar bien con todos, ni transitar sexenios sin sobresaltos. La historia de Sinaloa se cuenta no solo por los días gloriosos de los gobiernos, sino por la compleja realidad social que conlleva la administración pública y el poder político. Desde Alfonso G. Calderón, hasta Rubén Rocha Moya, las protestas y manifestaciones forman parte de las memorias, por su naturaleza, algunas más presentes que otras. Este es un breve recuento de los gobernantes y sus vicisitudes.
Alfonso G. Calderón (1975-1980) tenía una confrontación abierta y marcada con uno de sus antecesores, el sindicalista Leopoldo Sánchez Celis (1963-1967), quien fue además su principal impulsor político. En 1967, en el ocaso de su gobierno, el cosalteco comenzó la formalización del STASE, sindicato de burócratas del Estado de Sinaloa, vía su amigo Arnoldo Soto, quien formalizó la organización sindical el 2 de mayo de 1968. Los problemas de Alfonso G. Calderón vinieron de ahí, de la pelea por los espacios en la administración pública con los grupos aliados de Sánchez Celis. “Hasta que arregló con ellos lo dejaron trabajar”, en la construcción del Difocur, Hospital Pediátrico y la red de unidades administrativas en los entonces 17 municipios.
Antonio Toledo Corro (1980-1986), “El tigre de Escuinapa”, gobernó con mano dura. Una de las principales confrontaciones en su gobierno fue con la Universidad Autónoma de Sinaloa por la descentralización educativa y la creación del Colegio de Bachilleres y la Universidad de Occidente. Por el lado del Gobierno: cortes de luz y agua, asfixia presupuestal, represión a la comunidad estudiantil, administrativa y académica, fueron los tiempos más negros para la comunidad universitaria. Por el lado de la UAS: marchas, manifestaciones, protestas y enfrentamientos con la Policía, era la respuesta a la represión gubernamental.
Francisco Labastida Ochoa (1987-1992) enfrentó las protestas de la Oposición de la derecha y la izquierda ante los fraudes electorales que se gestaron en su gobierno. En 1989 el priismo le roba la elección a don Jorge del Rincón, del PAN, en la capital del estado, dando el triunfo a Lauro Diaz, lo que ocasionó disturbios postelectorales que culminaron con la represión violenta contra manifestantes y el incendio del Palacio Municipal de Culiacán. El sexenio de Labastida es el de las “concertaciones”, o acuerdos políticos extrajudiciales que determinan en una mesa los resultados electorales. Mazatlán se entrega al PAN; Culiacán, al PRI.
Renato Vega (1993-1998) continuó con la confrontación política y la persecución de la Oposición, en los primeros días de su gobierno, enfrentó las duras críticas de Mercedes Murillo, “Meché”, fundadora del Frente Cívico Sinaloense, quien acusaba al gobierno de ser perpetradores de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Uno de los episodios más oscuros fue el de la llamada “aplanadora legislativa”, que dejó prácticamente sin comisiones a los diputados panistas y perredistas. Lo que llevó a la toma de la tribuna y protestas por varios días.
Juan S. Millán (1999-2004) encontró la manera de mantener el control de la Oposición en el Congreso del Estado no con mano dura sino con negociación política; al ex gobernante rosarense se le conocían habilidades para lograr consensos, como decía la ex diputada Yudit del Rincón: “por la buena bueno, por la mala ni le busques”.
Jesús Aguilar Padilla (2005-2009) vio sus momentos más difíciles en las protestas de los manifestantes de la comunidad de Picachos, siendo el conflicto social más relevante según el medio Animal Político, que contabilizó más de mil notas de prensa publicadas sobre el conflicto por el pago de tierras por la construcción de la presa.
Los sexenios de Mario López Valdez (2010-2016) y Quirino Ordaz Coppel (2017-2021) se caracterizaron por protestas en contra de la violencia, desapariciones forzadas, feminicidios y comunidades desplazadas, así como protestas de agricultores y pescadores. El gobierno de Rubén Rocha Moya (2021-actual) ha tenido protestas de productores agrícolas -principalmente maiceros y trigueros- y por parte de autoridades universitarias que enfrentan procesos penales por diversos delitos. En el breve recorrido histórico que se escribe en la presente columna, no encontré una protesta que tuviera como resultado la cancelación de un Informe de Gobierno. Me queda claro que si estos fueran los tiempos de G. Calderón, Toledo o Labastida, el informe se hubiera realizado en el Congreso a punta de represión y tolete. Luego le seguimos...
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