"Gobierno Municipal y Poder Legislativo"

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La próxima semana están emplazados los alcaldes de Mazatlán y Culiacán a comparecer ante el Congreso del Estado de Sinaloa, los principales temas a tratar se relacionan con la construcción de unas torres en una zona la cual se presume está prohibido este tipo de edificaciones en Mazatlán; y en Culiacán por la negligencia corroborada por el propio edil de la no reparación de una alcantarilla, en donde falleció una joven a mediados del mes de septiembre. Dada a conocer esta información por la presidente de la Junta de Coordinación Política y líder del grupo mayoritario de Morena en el Congreso Local, Graciela Domínguez Nava, aclaró que estos temas serían los principales puntos a revisar, sin descartar otros asuntos.

Esta iniciativa de convocar a los alcaldes Guillermo Benítez y Jesús Estrada es una decisión muy acertada y justificada mientras se busque instituir en la práctica el ejercicio real de la división de poderes. Ante la opinión pública sucesos como estos suelen ser escasos y con muy pocos antecedentes sobre todo en temas polémicos y ventilados por los medios de comunicación. Lo cierto es que los nuevos tiempos en el país y Sinaloa están modificando los usos y prácticas de los actores políticos.

En el caso de la 62 Legislatura ha sido notable su controvertido desempeño desde sus inicios, la de trama de fondo ha sido precisamente la división de poderes, una experiencia muy poco común por no decir que casi nula en la entidad. Al parecer esta división de poderes parece cobrar vida en una institución que por años permaneció al margen de las decisiones políticas importantes de la entidad, salvo honrosas excepciones de diputados de oposición que lidiaron con una mayoría afín a grupos de interés que controlaban el resto de los poderes y ayuntamientos. Es ampliamente conocido que al Poder Legislativo siempre se le ha asociado como la parte de la confabulación y el servilismo, lugar donde se operan políticamente las complicidades y acuerdo a espaldas de sus representados. Esta es una percepción de dominio público.

Es por eso que después de la elección del 2018, se espera que la actual legislatura actúe como el órgano constitucional que ostenta la máxima representación popular, que intervenga como el poder que norma con rango de Ley y asuma su responsabilidad de fiscalizador y contralor de la acción de gobierno, que garantice no sólo el estado de derecho, sino la de un Estado democrático.

Han sido muchos los años y legislaturas en las que el actuar del Congreso local ha dejado mucho que desear, que al mismo tiempo se ha perdido la confianza y a su vez la idea de lo que el Legislativo puede y debe de hacer como poder autónomo.

Algunas definiciones clásicas quizá deberían de ponerse de nuevo en valor ante opinión pública, como la del abogado y filósofo Hans Kelsen, que define al parlamentarismo como la voluntad decisiva del Estado mediante un órgano colegiado elegido por el pueblo en virtud de un derecho de sufragio general e igual, o sea democrático, obrando a base del principio de la mayoría.

O como lo afirma el politólogo Carl Schmitt en el sentido de que queda en el entendido el parlamento como forma de Estado (y no como forma de gobierno) que está íntimamente vinculado con las funciones que se atribuyen a un órgano esencial o principal de todo Estado.
De ahí que quienes asistan a comparecer ante el Congreso, en este caso los alcaldes Benítez Torres y Estrada Ferreiro, deben asumir que habrán de someterse, o deben someterse, a una crítica constante a su labor como ejecutivos de sus respectivos municipios.

La razón de la división de poderes es una elaboración jurídica y social que data del Siglo 18, en los escritos de los franceses Locke y Montesquieu, donde este último los resume como una experiencia eterna de todo hombre (o mujer) que tiene poder siente la inclinación de abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites. Por tanto para que no se pueda abusar del poder, es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder frene al poder.

Este propósito de gobierno y democracia que se nos plantea desde haces siglos y que incluso inspiraron a quienes elaboraron nuestra Constitución federal, se supone la entienden o deberían entenderla quienes hoy gobiernan, como el caso del alcalde de Culiacán que es abogado, que en México el Estado se representa por un órgano Legislativo que no ejercerá los poderes del Ejecutivo y Judicial, el Judicial que no ejercerá los poderes del Legislativo y Ejecutivo y el Ejecutivo que no ejercerá el poder del Legislativo y Judicial a fin de conseguir así el gobierno de las leyes y no de los hombres (o mujeres).

De ahí la importancia del rol del Congreso de Sinaloa y su función esencial de representar, como afirmó Rousseau, la forma de resolver los problemas de mucho por unos cuantos.

Hoy los congresos locales se han ido configurando como verdaderas cajas de resonancia, donde se debaten y discuten los problemas de la sociedad con una mayor observancia pública, en la que se advierte la necesidad de que cada Congreso local se construya así mismo su propia capacidad de autolegitimación a través de una firme y consolidada acción que fortalezca la división de poderes y la participación de sus representados.

De otra manera, no habrá anuncio de cambio verdadero que convenza, ni cuarta transformación que alcance para que de una buena vez Sinaloa transite por una democracia con mayor justicia social.

Hasta aquí mi opinión, los espero en este espacio el próximo martes.