"Guardia Nacional en Sinaloa: paz a medias. Delincuencia común es el problema mayor"

El repunte que ha registrado la violencia en Sinaloa, con hechos de alto impacto y crímenes cuya incidencia había sido contenida, obliga a la pregunta de si la numerosa presencia de la Guardia Nacional es la solución en materia de seguridad pública o bien si las policías estatales y municipales abandonaron la tarea de prevención del delito. La inquietud ha llegado al despacho del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, dejando allí un dilema complicado de resolver.

Más Guardia Nacional debió ocasionar que la acción inhibitoria del delito mostrara mayor contundencia y sobre todo resultados en forma sostenida. Tal vez en robo de automóviles, extorsión, secuestro y privación ilegal de la libertad sí se mantenga la tendencia a la baja con la que inició el mes en curso, pero qué pasa con los homicidios dolosos.
Las páginas de nota roja se están volviendo a llenar con asesinatos y los dos sucesos que sacudieron esta semana, el crimen del hijo de un activista social en Mazatlán y la muerte en un presunto asalto del integrante de las Fuerzas Básicas del club de futbol Dorados de Sinaloa, destantearon al grupo operativo estatal que define cada semana las tareas a desarrollar en seguridad pública.
Esta parte de la violencia es la que mide la eficacia o derrota de los operativos de la Guardia Nacional en Sinaloa. Los militares no sirven para inhabilitar las estructuras desparpajadas del delito común y si acaso a lo más que llegan es a volver más astutos a pillos dispersos que buscan despojar a los transeúntes y establecimientos de unos pesos que ahora hacen lo que antes no: matar a las víctimas.
El informe de paz de Culiacán correspondiente a junio de 2019 es muy claro en ese sentido. La reducción en algunos delitos se mantiene, incluyendo los homicidios dolosos, aunque el robo a casas registra este año el alza del 152%, el robo a negocios creció 50%, las violaciones aumentaron 50% y la violencia familiar subieron 65%, lo cual arroja luz sobre el panorama que la ciudad vive. También es detectable que la zona sur del casco urbano es la más insegura, en sectores como Alturas del Sur, El Palmito, Pemex, Toledo Corro y Barrancos.
Existe una situación probada en cuanto al aumento de ataques violentos y directos a la población por parte de esta calaña de delincuentes, en su mayoría jóvenes desempleados por el narcotráfico que los utilizó como “punteros”, que se dedica a asaltar pero ahora con la saña que la delincuencia organizada les enseñó. Este tipo de maleantes no es detectado por los operativos de la Guardia Nacional ni cae en los puntos de revisión instalados.
Entonces la función de la Guardia Nacional, y en esto si son diestros sus integrantes, es mantener a raya a la delincuencia organizada, esa que a pesar de que Joaquín Guzmán Loera fue sentenciado a cadena perpetua y aun con el pacto de amor y paz que le ofrece el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, continúa armada, hace gala de poder con la violencia y reta a las instituciones del Estado.
Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado operan en Sinaloa alrededor de 6 mil 500 elementos de la Guardia Nacional, tomando en cuanto que 3 mil 500 miembros de la Policía Militar establecidos en la base El Sauz de Culiacán se integraron a los 3 mil efectivos de la Guardia Nacional que el 6 de julio comenzaron acciones de protección a la población.
En este contexto, la congoja gubernamental consiste en apuntalar con la Guardia Nacional el abatimiento de delitos de alto impacto, particularmente los homicidios, pero se complican las metas tratándose de resolver la violencia común, aunque ya no es tan ordinaria porque empieza a generar muertes de personas inocentes.
La orden del Gobernador es continuar abatiendo los índices delictivos en general y la apuesta que hace el Mandatario en la Guardia Nacional es total. Solo que con todo y lo militarizada que está la seguridad pública la tercera semana de julio induce la interrogante en unos y la duda en otros sobre la eficacia de tanta fuerza pública federal al enfrentar los ilícitos “menores” que más dañan a los sinaloenses.
Al poner a altos mandos de la Marina Armada de México a cargo de la Guardia Nacional en Sinaloa se está buscando cómo abatir también la actividad delictiva que diezma a las colonias de las principales ciudades. Y aquí se presenta un escollo más: los alcaldes prácticamente se han cruzado de brazos pretendiendo que las fuerzas federales resuelvan también lo que todo el tiempo ha sido responsabilidad de las policías municipales.
Por eso el parte militar empieza a incluir la pregunta de qué están haciendo los presidentes municipales y sus policías, o las corporaciones estatales, para cuidar a Sinaloa. La respuesta es obvia: nada.

Reverso
Braman en el pavimento,
Las botas a paso marcial.
Y rugen las balas del mal,
Con mayor aturdimiento.

¿A cambio de qué?
A simple vista es bueno el acuerdo del PRI con Morena en Sinaloa para postergar hasta las elecciones del 2024 la reducción de 40 a 30 en el número de diputados del Congreso del Estado, la cual originalmente que entraría en vigor en 2021. Pero falta por ver qué fue lo que se negoció a tal grado de aplazar tres años la concreción de la reforma electoral que en 2017 impulsó el Gobernador Quirino Ordaz Coppel. ¿La cuenta pública estatal? Lo único seguro es que en esta concertacesión el PRI no se va con las manos vacías.
alexsicairos@hotmail.com