Guatemala: celebrar la labor periodística en tiempos en que ‘callar ya no es una opción’

Por: Cintia Alva

“Nos verán volver” mencionaba un mensaje en la plataforma X que tuvo eco entre varias personas periodistas y comunicadoras, defensoras y ex operadoras de justicia guatemaltecas en el exilio, antes y después de que el 20 de agosto se dieran a conocer los resultados electorales en Guatemala. No obstante, el aumento de la criminalización ha sido una preocupación manifiesta no solo por organizaciones locales, sino también a nivel internacional, por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, destacando la campaña de persecución en contra de elPeriódico y la detención de José Rubén Zamora Marroquín, quien permanece preso bajo un delicado estado de salud.

Por ello, en el marco de la conmemoración del Día del Periodista en Guatemala, es importante reconocer la labor de la prensa y las radios comunitarias en el país, sin dejar de lado los principales desafíos que les presenta la coyuntura, como son la criminalización y el exilio.

Por lo tanto, lo que muestra el panorama actual no es solo un proceso de persecución judicial contra personas clave en el contexto postelectoral, a partir del triunfo de Bernardo Arévalo como presidente electo del país, sino una abierta persecución e intimidación en contra de quien cuestiona, investiga e interpela al poder que ejercen los poderes formales y de facto, siendo la prensa uno de los actores más asediados.

De acuerdo con la labor de registro y documentación de la Red Rompe el Miedo Guatemala, la persecución penal, la difamación, la intimidación y el hostigamiento constituyen el mayor número de agresiones reportadas contra del gremio periodístico tras la coyuntura electoral. De esta forma, si bien se presentó un pico de agresiones entre la primera y la segunda vuelta, periodo en el que se registró el asesinato de dos personas comunicadoras en Retalhuleu, el otro pico de agresiones en contra de la libertad de expresión y de prensa tuvo lugar desde el inicio del paro nacional, el pasado 2 de octubre, convocado por las autoridades ancestrales del país y los 48 cantones de Totonicapán.

Este paro ha resonado en la ciudadanía guatemalteca por sus demandas de respeto a la voluntad popular, la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y del jefe del Ministerio Público, Rafael Curruchiche, las cuales encabezan la defensa del régimen de corrupción y persecución que impera en Guatemala.

Así, del 2 de octubre al 15 de octubre, la Red Rompe el Miedo Guatemala reportó al menos 9 ataques en contra de la prensa y el gremio comunicacional, en tres casos se afectó a más de 3 personas periodistas. La mayoría de estos ataques fueron casos de intimidación, difamación y agresión física. Además, tanto la Misión Internacional de observación de la libertad de prensa en Guatemala y la Red han reportado un claro aumento en los casos de persecución judicial del periodismo en el país u hostigamiento judicial desde 2022, lo cual se ha traducido en ascenso de periodistas que deciden salir del país de manera forzada.

La Misión Internacional, en su informe de junio, reportó al menos 22 periodistas en condición de exilio. Actualmente, se han contabilizado 26 personas periodistas que se encuentran fuera del país. ARTICLE 19 identifica 4 exilios desde octubre. Además, el nivel de la persecución ha ido escalando ahora que la élite que mantiene el denominado “pacto de corruptos” ve con más cercanía el 14 de enero.

Prueba de esto es el artículo escrito en el medio Factor 4 por el periodista Haroldo Sánchez, en el que cuestiona la advertencia hacia su persona: “–Debe bajarle el tono a su trabajo periodístico, o se atendrá a las consecuencias”. (1)

Ante este contexto, el periodismo sigue manteniendo su compromiso de informar, impulsando el cambio que necesita Guatemala, un país en el que la democracia no sea la meta sino una garantía, porque más allá de los resultados electorales, como lo advierte Haroldo Sánchez, “sabía que pasarían los años y que jamás entendería eso de ‘bajarle el tono’ a su quehacer periodístico. Sobre todo, cuando aquí, callar ya no es una opción”.

* Cintia Alva es investigadora del programa de Centroamérica y el Caribe para ARTICLE 19 MX-CA.

1 Sanchez, Haroldo (2023). “Cuando opinar se vuelve un delito”, Factor 4.