Aquí y Ahora, es la exigencia de un conjunto de organizaciones de la sociedad civil y la academia a los candidatos para demostrar su compromiso con esa promesa que de tanto repetirla les quema la boca: la lucha contra la corrupción. Hay manera de hacerlo.
A la actual Legislatura le quedan 40 días para trabajar en algunos de los pendientes cuya fecha de caducidad expiró hace tiempo y que los candidatos presidenciales deberían empujar a través de sus bancadas. Son iniciativas que, si se trabajan bien, cerrarían ventanas a la corrupción. Trabajarlas bien significa eliminar privilegios, áreas de discrecionalidad y lagunas que pueden aprovechar los políticos para la corrupción “legalizada”.
Una es la Ley de Propaganda Gubernamental que debió haber sido aprobada hace 10 años. Ya hay en el Senado un primer documento de trabajo con base en siete iniciativas. El objetivo es triple. Primero, limitar el estratosférico gasto gubernamental federal y estatal. Tan sólo en 2017 y tan sólo en el Gobierno federal se erogaron más de 26 millones de pesos diarios en comunicación social y propaganda. Esto equivaldría a 9 mil 800 millones al año o 58 mil millones al sexenio. Segundo, impedir la discrecionalidad con que se asignan los recursos presupuestales y que ha servido al propósito de premiar y castigar los contenidos informativos y editoriales, así como al de desviar recursos públicos como lo muestran el sobre-ejercicio de 215 por ciento en la partida de comunicación social y publicidad, así como los recientes casos de Sedesol y Sedatu. Tercero, fijar y transparentar criterios más allá del rating de la cobertura ya que en un país donde la concentración mediática es extrema, ésta se acentúa si no hay otro tipo de ponderaciones.
Los tres objetivos son atendibles y loables pero no se necesita una ley reglamentaria extensa para lograrlos ni incluir generalidades que son llamados a misa y que como siempre estarán sujetos a interpretación para permitir largos litigios que anulen su efectividad.
Más sensato sería recurrir a las mejores prácticas en la materia y, como en el Reino Unido, listar las prohibiciones en materia de campañas y propaganda gubernamentales de la Communications Act: a) no deben estar dirigidas a un fin político o ser de naturaleza política, b) no deben promover o “vender” las políticas públicas; c) no deben influir sobre asuntos de controversia pública; d) no deben usarse para listar los logros gubernamentales; no pueden ser usadas para aclaraciones sobre la manera en que los medios abordan los asuntos gubernamentales. En contraste, la comunicación debe ser usada para: a) informar sobre nuevos derechos y obligaciones; b) promover conductas de interés público como la prevención del crimen, la salud o la seguridad vial y; c) proporcionar información en emergencias de cualquier carácter. A estas prácticas se añaden las de que los recursos empleados deben ser proporcionales a los objetivos y justificados en términos de costo beneficio y la de la instauración de un cuerpo independiente del gobierno y de la industria de los medios de comunicación que regule y supervise la publicidad oficial.
En el caso de México habría que complementar estas reglas con la inclusión de un Padrón Nacional de Medios en el que pueda consultarse la recepción de los recursos publicitarios gubernamentales a cada uno de los integrantes de dicho padrón y un Programa Anual de Publicidad de cada uno de los poderes y órdenes de gobierno, así como la introducción de la figura de conflicto de interés. Esta última no sólo con el propósito de evitar la asignación de recursos a medios creados por funcionarios sino también para identificar a empresas contratantes con el gobierno que pertenecen a consorcios mediáticos.
La otra es la Ley de Mejora Regulatoria. Está más que probado que los miles de trámites de orden federal, estatal y municipal no sólo desincentivan la inversión y encarecen los gastos de operación de las empresas, sino que son ventanas de oportunidad que explican los más de 4 millones de pequeños y no tan pequeños actos de corrupción que se cometen anualmente. Actos de corrupción que van desde la emisión de un certificado escolar pasando por las mordidas para agilizar trámites de apertura de un negocio o los sobornos para violar las normas de construcción. Estamos hablando, según la Cofemer, de 150 mil regulaciones vigentes y 130 mil distintos trámites, la mayoría de los cuales inexplicablemente siguen haciéndose en ventanilla y sin el uso de las tecnologías de la información que han probado su eficacia para mejorar el entorno de los negocios y para reducir dramáticamente la corrupción. Un solo ejemplo es más que revelador: según el reporte Doing Business (2017) el costo para la conexión de energía eléctrica, si no se quiere incurrir en un acto de corrupción, supone la realización de 6.8 trámites, casi 100 días y 150 mil pesos.
La solución a ambos problemas está a la mano de las bancadas parlamentarias de los partidos que conforman las tres coaliciones que buscan la presidencia. No hemos escuchado la posición de los candidatos al respecto y mucho menos su compromiso para que Aquí y Ahora con medidas relativamente sencillas México vaya adelantando la lucha contra la corrupción.
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