Hay que esperar

Durante este sexenio he escuchado la siguiente frase una y otra vez: “hay que esperar”. ¿Se puede seguir esperando cuando el líder de la mayoría en la Cámara de Diputados dice que “el Derecho es conservador” y por eso hay que votar una ley indiscutiblemente inconstitucional?

Volví a escuchar la frase en boca del presidente de la Corte cuando dijo que había que esperar a ver que resolvía el Poder Legislativo ante la iniciativa de ampliar su mandato. Lo reiteró el 24 de abril cuando el acto se consumó: hay que esperar a que la Corte determine la constitucionalidad de la norma aprobada.

La primera vez que escuché la frase fue cuando un alto funcionario público dijo a unos cuantos: hay que esperar. No hay que promover amparos. No hace falta confrontar. La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México va para atrás. No fue para atrás. Lo que fue para adelante fue Santa Lucía. Lo mismo que Dos Bocas o el Tren Maya.

Vinieron las compras consolidadas en medicinas. El diagnóstico de los especialistas mostró que, como estaba planeada, fracasaría. Hay que esperar se dijo. Se esperó y se fracasó. El desabasto de medicinas es evidente.

Luego vinieron los superdelegados y los servidores de la nación como estructuras indiferenciadas entre gobierno y partido. Pocos alzaron la voz. Recientemente se agregaron las brigadas correcaminos para que la vacunación del Covid tuviera tintes partidistas o presidenciales. Con las vacunas se lucra políticamente.

Un día platicando con un amigo hablábamos de los órganos autónomos. Los dos coincidimos en que era grave la posición del Presidente frente a estos contrapesos. Acababa de ocurrir el ilegal nombramiento de Rosario Piedra ante la CNDH. A él no le parecía tan importante como para abrir un frente contra la captura del órgano autónomo. Hay que esperar, el enfrentamiento no nos llevará muy lejos y ahora es importante mantener la interlocución. Cuando vayan por el INE o el BM no nos quedaremos callados, no esperaremos. Hoy el frente contra el INE está abierto y seguimos esperando.

En materia de permisos, concesiones y contratos, el primer impulso también fue el de esperar. Vinieron las primeras decisiones de política que violaban lo acordado y volvió a decirse: hay que esperar. De las decisiones administrativas se pasó a los decretos en el Diario Oficial y después a nuevas leyes como la de Energía Eléctrica, la de Hidrocarburos o la Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para crear el llamado Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Además de violar derechos fundamentales el gobierno en turno tiene ya la posibilidad de suspender permisos a empresas privadas de hidrocarburos si representan un riesgo o peligro inminente para “la seguridad nacional, energética o para la economía nacional”. Riesgo que, obviamente, define el gobierno de manera discrecional ¿Cuántas otras industrias ya corrieron o correrán el mismo destino? La minería, el transporte ferroviario, la de aviación, la cementera? ¿Esperar a qué? ¿A que siga pasando lo mismo?

La mayoría de las instituciones con la facultad de interponer acciones y controversias constitucionales lo han hecho corriendo el riesgo de ser capturadas, estranguladas presupuestalmente o, de plano, desaparecidas. La última fue el 22 de abril cuando la COFECE interpuso una controversia contra la Ley de la Industria Eléctrica porque las medidas del decreto, entre otras cosas, “eliminan las condiciones necesarias para que exista una dinámica de competencia en el mercado eléctrico, lo que se traduciría en una perturbación en las condiciones de oferta de la electricidad, así como en daños al consumidor y a la economía en general”.

Muchos otros particulares -incluidas organizaciones de la sociedad civil- se han armado de valor y han interpuesto literalmente miles de amparos individuales. Pero, la actitud mayoritaria es la de hay que esperar. Peor todavía. Algunos ni siquiera se molestan en decir, hay que esperar. Simplemente se adhieren a la práctica de la espera. En espera de resolución la Suprema Corte de Justicia tiene más de una veintena de demandas judiciales. El “hay que esperar” o la “espera en la práctica” están acabando con el Estado de derecho.

Esperar no lleva a ningún lado frente a la ilegalidad y a la ineptitud sobradamente demostradas. Si queremos mantenernos en la legalidad y la institucionalidad hay dos caminos. Uno, seguir controvirtiendo por la vía legal (demandas, amparos, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales) los derechos. Dos, salir a votar para que una mayoría legislativa -formada a contrapelo de la Constitución- no siga aprobando actos contrarios a la Constitución. Se está acabando el tiempo de rencauzar la democracia. No hay que seguir esperando.