Humberto Millán, ¿crimen político?
Investigar asesinatos de periodistas

OBSERVATORIO
25/08/2025 04:02
    Parece tarde, pero para la exigencia de justicia no hay plazos perentorios. La reapertura de la investigación sobre el crimen que le quitó la vida a Humberto Millán, así como retomar los expedientes de otros periodistas asesinados, les traería a las familias y al sector de prensa esa paz que es posible sólo cuando la norma jurídica hace valer la premisa de que quien la hace la paga.

    A 14 años de que fue asesinado Humberto Millán Salazar se fortalece la hipótesis del posible móvil político y sobre ésta debieran girar las investigaciones una vez que sea integrada la Vicefiscalía para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, que se halla al límite del plazo para que empiece a funcionar. Le vendría bien a Sinaloa que en la actual circunstancia, cuando la labor de informar se realiza en medio del fuego cruzado entre criminales, la acción de la procuración de justicia les reste impunidad a los delitos de hoy y del pasado cometidos contra medios y comunicadores.

    El periodista fue asesinado como parte de la escalada violenta con signos de ajustes de cuentas contra enemigos de aquel gobierno naciente, ya que en 2011, el primer año del gobierno de Mario López Valdez, también privaron de la vida en enero a Luis Pérez Hernández, ex jefe del aparato de espionaje en el sexenio de Juan Millán Lizárraga y en la campaña que llevó a Malova a la titularidad del Ejecutivo estatal; en junio a la vidente Martha Olivia “Oli” Alonso, confidente de Luis Pérez, y en julio a Francisco Eduardo “El Fuco” Urrea Ortega, quien le prestó servicios de análisis de información a Jesús Vizcarra Calderón cuando el empresario de la carne era adversario de Malova en la disputa por la Gubernatura.

    Millán Salazar, así como el periodista Luis Enrique Ramírez, fueron parte del grupo al cual Luis Pérez les daba acceso a información privilegiada. Ramírez tuvo que abandonar Sinaloa al considerar que era el siguiente en la lista de los crímenes de 2011, mientras que Millán se quedó a dirigir el diario “A Discusión” de su propiedad y fue privado de la libertad el 24 de agosto de aquel año y encontrado muerto al día siguiente. A Ramírez lo asesinaron el 5 de mayo de 2022, al parecer sin tener relación el homicidio con la labor periodística.

    En ningún momento Humberto Millán realizó cobertura o investigación periodística sobre temas del narcotráfico ni recibió amenazas de ese sector de delincuencia organizada, por lo cual resulta improbable que lo hayan asesinado por tales motivos. En el contexto de su muerte realizó fuerte críticas al entonces Gobernador Mario López Valdez y al ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, que se desempeñaba como Presidente Municipal de Culiacán.

    Y como el Poder Judicial ni el Ministerio Público han hecho lo que les corresponde, ayer persistió la misma interrogante que durante14 años ha permanecido en la familia de la víctima y en todo un agremio al cual pertenece. ¿Quién asesinó a Humberto Millán? A casi década y media del crimen, los perpetradores intelectual y material gozan de aquella canonjía de inacción de la ley que quizá les prometió algún poderoso desde la función pública.

    Es que en realidad el entonces Procurador de Justicia, Marco Antonio Higuera Gómez, ficha clave en el organigrama de poder de Malova, nada hizo más allá de la simulación y de ganar tiempo hasta que la carpeta de investigación sobre el caso Humberto Millán quedara en el olvido, donde permanece todavía. Tan empolvada como las indagatorias sobre asesinatos de otros periodistas: Gregorio Rodríguez Hernández en noviembre de 2004; Óscar Rivera, en septiembre de 2007; Javier Valdez Cárdenas en mayo de 2017 y Luis Enrique Ramírez, en mayo de 2022, sólo por mencionar algunas.

    Tal vez a ello se refirió el sábado el Gobernador Rubén Rocha Moya al considerar que son “procesos inacabados” las investigaciones sobre periodistas asesinados en Sinaloa, un recordatorio a la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, quien antes de la primera quincena de septiembre deberá concluir la integración de la Vicefiscalía Especializada de Derechos Humanos, Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, esa instancia de nombre tan largo como enormes son las expectativas que genera.

    Parece tarde, pero para la exigencia de justicia no hay plazos perentorios. La reapertura de la investigación sobre el crimen que le quitó la vida a Humberto Millán, así como retomar los expedientes de otros periodistas asesinados, les traería a las familias y al sector de prensa esa paz que es posible sólo cuando la norma jurídica hace valer la premisa de que quien la hace la paga.

    Reverso

    Fiscalías vienen y van,

    Pero el disimulo es el mismo,

    En el crimen contra Millán,

    Y la agonía del periodismo.

    Huecos del periodismo

    El estudio “Desiertos de Noticias locales” realizado por la Fundación Gabriel García Márquez, refrenda que ejercer el periodismo en Sinaloa equivale a riesgo, precariedad y resistencia. En cinco municipios hay condiciones sumamente débiles para el ejercicio del periodismo local, está restringido o no ha conseguido desarrollarse en un modo estable. En estos no existen medios locales, las audiencias carecen de información independiente y la violencia criminal ha impuesto su propia censura. Y la realidad: “Los desiertos informativos son también un espejo de la democracia: cuando el periodismo se arrincona, la sociedad pierde su derecho a estar informada”.