Implan Culiacán, damnificado del juicio a JEF. Concluir y cuidar el proceso, tarea de Gámez

Como ejercicio restaurador de la legalidad que no sucumba a la tentación de entregarle a cuates por cuotas este ente público que le pertenece a la sociedad, al Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil le corresponderá llevar a buen término el proceso para la selección y nombramiento de 12 vocales ciudadanos que integrarán el Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán, otro de los asuntos que quedó en vilo con la destitución del anterior Presidente Municipal, Jesús Estrada Ferreiro. No está por demás decir que desde abril el Implan funciona sin esa parte cívica, al fenecer el plazo de los que llevaban tal responsabilidad.

Tal vez se trate de la primera prueba de fuego para calar la voluntad de Gámez Mendívil en cuanto a ciudadanización de órganos cuya autonomía debiera ser indestructible. La convocatoria vigente establece que el 10 de junio concluyó el plazo para participar y que del 13 al 17 del mismo mes la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas del Ayuntamiento haría la selección de aspirantes y los citaría a entrevistas individuales. Ello no sucedió.

El Implan es la instancia de participación ciudadana que apoya al Gobierno de Culiacán en la planeación del desarrollo urbano. Uno de los fundamentos que lo dotan de independencia es aquel que lo deslinda de cualquier ideología política, o lo hace trascender más allá de plazos o intereses de administraciones públicas. Su importancia estratégica lo convierte en muy vigilado y constantemente defendido por liderazgos que tutelan derechos de los culiacanenses.

Cuando se truncó el procedimiento para renovar el Consejo Directivo, a raíz de que el Congreso del Estado abrió el juicio político que determinó la destitución de Estrada Ferreiro, se habían registrado alrededor de 25 postulantes a vocales ciudadanos propuestos por uno a más organismos integrantes del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial. También se apuntaron para ser reelectos Javier Pineda Mendi, Carlos Inzunza Valenzuela, Armida Llamas Estrada, Miguel Ángel Ley Pineda y Aurora Castro Aldana, entre otros.

Es decir, la validez del procedimiento es indiscutible y la conclusión de lo que ya inició permitirá darle legitimidad a una cuestión que nada tiene que ver con que ahora ocupe el cargo de Alcalde alguien distinto a quien lo tenía cuando se publicó la convocatoria. Cualquier intención de empezar de cero traerá implícita la sospecha del manoseo político a un trámite que (llueva, truene o relampaguee) debe ser transparente y fiable para que fortalezca la estabilidad que recobra Culiacán en el gobierno de Juan de Dios Gámez.

Por respeto a los que se registraron en tiempo y forma y por poner a salvo la credibilidad del Implan, el Alcalde debe completar el proceso que quedó en el aire. El Consejo dejó de sesionar en marzo y de acuerdo al reglamento interior debe hacerlo al menos una vez al mes. ¿Es bueno inducir al Implan a la opacidad los estados financieros? ¿A quién se le rinden cuentas de avances en el plan de trabajo? ¿Por qué la actual administración municipal ha retrasado la continuidad a la convocatoria a pesar de que hace dos meses tomó el timón de Culiacán?

No hay tiempo para estimular suspicacias de consejeros afines o uso de estos espacios para el pago de facturas partidistas. La conversación y fe públicas necesitan disponer con celeridad de elementos que le den confianza en quien gobernará en Culiacán hasta el 31 de octubre de 2024. Enseguida vendrá la designación del Director o Directora del Implan e inimaginable que ésta se efectué sin que el Consejo Directivo esté instalado con los cimientos que solamente da la credibilidad.

Las batallas ciudadanas para que el Implan no sea rehén o servidumbre del gobierno en turno están todavía frescas en la memoria colectiva y sigue viva la resistencia al autoritarismo que quiere disolver la intervención social en asuntos que le corresponde resolver a la acción cívica. Intentar pasos hacia atrás en la era que se proclama como la Cuarta Transformación de México no solamente constituiría el absurdo sino fundamentalmente un agravio. De ese tamaño es la trascendencia de la decisión que tome el Alcalde Gámez.

Hay que reconocer que el Presidente Municipal ha dado señales que alientan la posibilidad de que se aparte de la tentación de hundir al Implan en la discrecionalidad, opacidad y control político en que sucumbieron quienes lo antecedieron en el Gobierno de Culiacán. La obra de reposición del Estado de derecho en el municipio presenta avances en 60 días y se le empieza a remarcar el estilo de aportar a la gobernanza en vez de ser factor de inestabilidad.

Vamos viendo. A los políticos se les conoce por lo que hacen o dejan de hacer en beneficio de los ciudadanos y lo que menos desea la gente es la mentalidad imitativa de las ofensas que el Poder Legislativo acaba de aniquilar.

Por cambiar de inquilino,

En el Palacio Municipal,

Se fue también, imagino,

La tirria a la acción social.

Por más que se inundan los espacios noticiosos de estas coberturas del terror, por más que la realidad que registra la población circule en tiempo real por medios digitales, y entre mayor sea la sospecha de que el binomio gobierno-crimen organizado está detrás de todo esto, urge conocer la postura y la estrategia del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la violencia que doblega a las instituciones nacionales, estatales y municipales en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Baja California y Michoacán y se expande al resto del territorio mexicano. Aunque no haya mucho qué decir y suficiente qué temer, ojalá y AMLO se replantee en la mañanera de hoy como proveedor de la ley y no como justificador del caos en seguridad pública.