Incidir para sostener la democracia
El año 2026 será un periodo decisivo para la vida pública en Sinaloa. No solo por su cercanía con el proceso electoral de 2027, sino porque se desarrolla en un contexto de reconfiguración institucional en México, marcado por el debilitamiento de los contrapesos democráticos y una creciente concentración del poder político. En este escenario, la pregunta central no se limita a qué harán los partidos o los gobiernos, sino a quiénes y de qué manera incidirán en la defensa de la democracia.
Desde diversas corrientes teóricas, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) han sido concebidas como actores clave para ampliar la deliberación pública, representar intereses colectivos y contribuir a equilibrar la concentración del poder. Su relevancia no radica en sustituir al Estado ni en competir con los partidos; reside en su capacidad de incidir en lo público, al introducir pluralidad, vigilancia, crítica y propuesta en sistemas donde las decisiones tienden a cerrarse sobre sí mismas.
Cuando los contrapesos institucionales se debilitan, también se reducen los canales formales de supervisión y rendición de cuentas. En ese escenario, la incidencia desde fuera del aparato estatal adquiere mayor peso. La sociedad civil organizada puede documentar problemas, formular propuestas, sostener causas en el tiempo y evitar que las decisiones públicas queden exclusivamente sujetas a la voluntad de quienes gobiernan. Su función no es imponer agendas, sino mantener abiertas las preguntas fundamentales sobre prioridades, derechos y responsabilidades colectivas.
Rumbo a 2027, esta función adquiere especial relevancia en el ámbito electoral. La incidencia de las OSC puede contribuir a que la contienda trascienda las promesas generales o los discursos polarizantes, e incorpore debates informados sobre políticas públicas, derechos y cursos de acción. No actúan como árbitros del proceso, sino como actores que inciden en la agenda, contribuyendo a que ciertos temas no desaparezcan del debate público una vez que concluyen las campañas.
Junto a las OSC, la escuela cumple también una función insustituible en la construcción democrática. No solo porque ahí se debe garantizar el derecho a aprender, sino porque constituye uno de los principales espacios donde se forman valores cívicos, capacidades críticas y nociones de lo público. Por ello, su papel no se reduce a la enseñanza de contenidos: implica promover el pensamiento crítico, el diálogo, el respeto a la pluralidad, la construcción de ciudadanía y la comprensión de los derechos y responsabilidades colectivas. En ese sentido, a las escuelas y a quienes las integran les corresponde educar para la participación, la convivencia y la deliberación.
Tampoco puede omitirse el papel de los ciudadanos, quienes forman parte central de esta ecuación democrática. La teoría de la acción colectiva recuerda que la participación ciudadana no ocurre de manera automática: requiere información, incentivos y espacios de involucramiento. Informarse, cuestionar, exigir explicaciones y respaldar causas sociales son formas concretas de participación que, cuando logran articularse de manera colectiva, fortalecen a la sociedad civil (organizada y no organizada) y, con ello, a la democracia.
De cara al año 2026 y rumbo al proceso electoral de 2027, el desafío es claro. En un contexto donde los contrapesos formales se reducen, la democracia depende cada vez más de la capacidad de distintos actores para incidir en lo público: desde la sociedad civil organizada, desde la escuela y desde la ciudadanía en su vida cotidiana. Ignorar esa dimensión implica aceptar una democracia más frágil y cerrada. Fortalecerla, en cambio, abre la posibilidad de una vida pública más plural, deliberativa y cercana a las personas.
