Nadie sabe qué hacen con el dinero las autoridades de la UAS. Nunca les alcanza para cubrir aguinaldos y quincenas de fin de año. O son muy malos administradores, o muy buenos para desviar recursos. Cuál más de los dos escenarios amerita el repudio general y una renuncia masiva de funcionarios para dar paso a una nueva etapa de mayor transparencia.
Y es que no se trata de una empresa privada, que si se descapitaliza por la torpeza de sus administradores, pues los únicos afectados son sus dueños al ver quebrar su negocio. Si fuera ese el caso, ténganlo por seguro que al gerente de esa empresa ya lo hubieran echado a patadas a la primera señal de que las finanzas no le cuadran.
Pero con la UAS los perjudicados son miles de trabajadores. Además, estamos hablando de una institución pública, que cada año recibe recursos etiquetados para cubrir un presupuesto previamente acordado, en el que ya está contemplado el pago de salarios y prestaciones para un número determinado de empleados. De haber un uso correcto de los recursos, no tendríamos que estar en la incertidumbre de apoyos complementarios y a última hora.
Lo peor de todo es que cómo no salen las cuentas, Robespierre y sus amigos se ven en la necesidad de pedir más dinero sin haber transparentado lo que previamente ya se les asignó. Y no nos referimos únicamente de rendir cuentas ante órganos de gobierno como la Auditoría Superior de la Federación, o la del Estado, aquí de lo que se trata también, es de explicarnos a la comunidad universitaria, sin vacilaciones, sin pretextos de la autonomía, así muy claro, en qué fregados se gastan el dinero.
Es tanta la opacidad, que los universitarios no sabemos si en verdad se les agotó el presupuesto, o si se trata de una artimaña más para presionar al Gobierno del Estado. Hace días se hizo público que para el último trimestre de 2023 la UAS todavía contaba con 1,200 millones de pesos en cuentas de banco, y aun así pidieron un monto extraordinario de 450 millones más, según para cubrir prestaciones laborales, aunque se sospecha que en realidad es para pagar adeudos con proveedores.
El manejo de las finanzas en la universidad es un auténtico cochinero. El año pasado se dio a conocer una deuda de 1,300 millones al SAT, por retenciones del ISR que no fueron reportados ante Hacienda entre 2015 y 2016. Fraude fiscal, le dicen. Durante ese mismo periodo tampoco fueron entregadas las becas al desempeño académico, siendo que es un recurso que la Federación le manda a la UAS para el cumplimiento de ese propósito. ¿A dónde fue a parar ese dinero? Solo los cuenistas lo saben a ciencia cierta.
Por eso no es descabellado cuando aseguran que la compra de tortillas, carne, uniformes y equipo de cómputo, a sobreprecio y sin licitar, es apenas la punta visible de una inmensa podredumbre subterránea, en la que también se esconde la compra y venta de plazas y la asignación de tiempos completos a cambio de la participación en el proyecto del Partido Sinaloense.
Tampoco nos quedan dudas que detrás del quiebre financiero de la UAS está la masificación irresponsable de la institución. Recursos no han faltado. El presupuesto que recibe cada año la institución pasó de 1,900 millones en 2007, a 7,300 millones en 2023. Pero todo ese incremento ha sido principalmente para pagar una nómina cada vez más abultada, para crear un ejército que ondea banderas blancas y moradas en tiempos electorales, y que son los mismos que ahora colman los juzgados, las calles y las plazas defendiendo la impunidad y la sin razón, porque su seguridad laboral acomodaticia depende de eso.
Así pues, no cabe duda que son necesarias, legales y legítimas las auditorías a nivel local. Pero se niegan a rendir cuentas en este nivel, porque eso implica un escrutinio directo, dar la cara a los sinaloenses en un ejercicio de transparencia frente al ciudadano crítico y sus representantes parlamentarios. A eso le tienen miedo. Por eso prefieren mantenerse alejados, escondidos en unas muy cuestionadas auditorías federales, que no sabemos quién las aplica, ni bajo qué parámetros.
No se ha discutido lo suficiente lo que ocurrió la semana pasada en el Consejo Universitario. Se violó la ley orgánica, y ahora la UAS no tiene quién funja legalmente como rector. Esa es la verdad jurídica. Los consejeros se evidenciaron como personas sin criterio, una borregada de levantadedos, sin capacidad de razonar cuando son alentados por abogados alboroteros que no tienen la más mínima noción del Estado de Derecho, todo para imponer un encargado de despacho espurio que enfrentará muy pronto la persecución de un nuevo delito: usurpación de funciones.
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